Odios y frustraciones como Políticas de Estado en la Era Milei
El gobierno de Javier Milei ha construido una arquitectura de la miseria donde el equilibrio fiscal es la excusa para el desmantelamiento del Estado.
La embestida contra la UBA no es un traspié administrativo; es la ejecución deliberada de un odio personal trasladado a la política pública.
Buscan asfixiar la educación mediante la inanición presupuestaria, ignorando que el 59% de los alumnos son primera generación universitaria.
Pero el ensañamiento no se detiene en las aulas: la cara más oscura de este modelo aparece en la gestión de la vejez. Mientras el Ejecutivo blande su “superávit” como un trofeo, en la práctica lo que observamos es un plan de exterminio financiero para nuestros jubilados.
Las movilizaciones documentadas revelan una realidad innegable: la jubilación ha sido reducida a un subsidio de indigencia. No es solo la pérdida de poder adquisitivo, es la condena a elegir entre la salud y la subsistencia básica.
La represión sistemática contra quienes se manifiestan no es un error, es el mecanismo de control para sostener un ajuste que, de otra manera, sería socialmente insostenible.
¡Vamos a los informes!
La estrategia de la administración es clara: el ghosteo de las demandas sociales y la criminalización de la protesta como única respuesta al desastre que ellos mismos provocan.
El ensañamiento contra estudiantes y jubilados confirma que el modelo de “libertad” es, en realidad, un régimen de revancha permanente.
El relato del equilibrio financiero se derrumba al contrastarlo con la realidad de los hospitales escuela vaciados y la calle, que es donde verdaderamente se mide el crédito político de este gobierno.
Han agotado cualquier margen de legitimidad al transformar la desidia en una herramienta de gobierno.
El despojo no es accidental, es la piedra angular de una gestión que ha decidido que el costo social es una variable despreciable en su hoja de cálculo.
La denuncia de estas políticas no admite medias tintas, porque el daño infligido a la estructura social argentina ya ha superado el punto de no retorno.
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