Crónica de una Vendetta de Estado

El 23 de abril de 2026 queda marcado como el día en que la Casa Rosada cerró sus puertas a la prensa profesional.

Lo que el Gobierno intenta disfrazar como una cuestión de “seguridad nacional” se revela como una maniobra de disciplinamiento y una política de exclusión deliberada.
A continuación, los puntos clave de este nuevo atropello a la libertad de prensa:

• El Pretexto del “Espionaje”: El conflicto estalló tras un informe del programa “¿Y mañana qué?” de TN, donde se mostraron imágenes internas de la sede de Gobierno. La respuesta fue una denuncia penal inmediata impulsada por la Casa Militar, bajo la carátula de espionaje ilegal.

• Limpieza Biométrica: En un acto sin precedentes, el Gobierno borró las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados del sistema de acceso. No hubo distinción; se neutralizó el ingreso de todo el cuerpo de prensa de manera masiva.
• Clausura de la Sala: La histórica Sala de Periodistas de Balcarce 50 fue cerrada “preventivamente”, dejando a los trabajadores de prensa sin su espacio físico de trabajo y, lo más importante, sin el contacto directo con la fuente de información.
• La Cortina de Humo de Adorni: Mientras el vocero presidencial justifica el cierre de la sala, su propia situación judicial se complica. Los paseos por Tribunales por presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de pauta oficial exponen la doble vara de una gestión que habla de transparencia mientras marca territorio con métodos autoritarios.
• Doctrina de Confrontación: Este hecho no es aislado. Se suma a la suspensión de la pauta y el desmantelamiento de medios públicos, consolidando una política donde el periodismo que investiga es calificado de “basura” o “delincuente” por el propio Presidente en sus redes sociales.

La narrativa oficial del “espionaje” cae por su propio peso cuando la respuesta es el cierre total y el borrado de acreditaciones. La política de NOLSALP se impone no por la razón, sino por la fuerza institucional, alejando cada vez más la gestión pública del escrutinio ciudadano.

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