La Reforma de la Ley de Glaciares nace muerta por Terror Estatal a la Verdad
El pasado 25 de marzo, el Congreso de la Nación fue escenario de una audiencia pública que desnudó el pánico del Estado ante la participación ciudadana. Con más de 100.000 inscriptos, la respuesta oficial no fue la apertura democrática, sino la fortificación del edificio con tropas federales y una burocracia diseñada para silenciar. Este informe detalla cómo el intento de saquear nuestros recursos estratégicos se topó con una masividad que la “casta” no pudo digerir.
Desde la denegación arbitraria de acreditaciones a medios independientes —bajo excusas de espacio que ocultaban una censura flagrante— hasta la violación sistemática del Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, el proceso administrativo quedó viciado de nulidad absoluta. No se trata de un error de cálculo; es una decisión política de convertir un mandato constitucional en un simulacro para calmar la avidez de dólares del extractivismo.
En la cuestión se contraponen dos visiones irreconciliables: por un lado, la del extractivismo, que bajo un barniz técnico pretende jerarquizar qué hielo merece protección y cuál no, abriendo la puerta al negocio corporativo. Por el otro, la realidad científica de cómo los ambientes glaciares y periglaciales son los que garantizan el agua y la vida en las provincias con déficit hídrico crónico, siendo los principales proveedores del líquido elemento para gran parte de la población del país.
La reforma nace muerta porque el Estado no puede alegar su propia torpeza para cercenar el derecho a ser escuchados. Cuando la convicción de un pueblo se cruza en la ruta, como ya se vio en las luchas contra Monsanto y contra la Megaminería, no hay presupuesto de seguridad ni bufete de abogados que alcance para mover los camiones del saqueo extractivista.
¡Vamos a las imágenes!
Visits: 1