La Lucha por el Agua contra el Lucro Criminal
Los movimientos de los Estados exponen un escenario de conflicto sistémico entre la preservación de los recursos hídricos estratégicos y una avanzada política-corporativa que prioriza el extractivismo, mediante la flexibilización normativa y la criminalización de la protesta.
Esta disputa se manifiesta en tres frentes críticos: Mendoza, Córdoba y el Congreso de la Nación.
La rapacidad del Estado y su ferocidad con la sociedad civil han reconfigurado nuevas y más fuertes iniciativas de lucha en todo el país.
EL Gobierno de Milei está iniciando una pelea que no podrá sostener para hacer plata el agua, ya que sus delirios mercantiles no le dan ni un ápice de licencia social.
En un contexto de sequía crítica —con pronósticos de escurrimiento para 2025-2026 que proyectan apenas el 60% del promedio histórico—, la Legislatura de Mendoza aprobó la declaración de impacto ambiental para el Proyecto Minero San Jorge.
- La Traición Legislativa: El 9 de diciembre de 2025, el Senado mendocino (con 29 votos a favor y 6 en contra) ratificó la explotación de cobre, perforando el espíritu de la Ley 7722. Esta aprobación fue posible gracias a una alianza entre la UCR, el PRO y un sector del peronismo.
- Respuesta Popular: La medida es calificada como un “golpe institucional” por carecer de licencia social. Las asambleas locales y movimientos ambientalistas han respondido con la toma de accesos a fuentes de agua y movilizaciones masivas, reafirmando la “conciencia existencial” del pueblo mendocino respecto a sus hielos y ríos.
En la zona de Cruz del Eje, el Poder Judicial impulsa un proceso contra defensores ambientales que se opusieron a las obras de la Autovía de Punilla, las cuales destruyeron nacientes de cuencas y reservas naturales.
- Fiasco Judicial: Se documenta un juicio contra seis imputados por defender el monte nativo y el agua. La fiscalía ha intentado extorsionar a los activistas ofreciendo condenas condicionales a cambio de admitir culpabilidad, propuesta rechazada por falta de delito.
- Impacto Ambiental: Los testimonios denuncian que las obras viales se realizaron sin consulta previa (Convenio 169 OIT), provocando el desalojo de familias y el daño irreversible a la cuenca hídrica local. Las audiencias clave están programadas para mayo de 2026.
El conflicto “ambiental” (ponele) escaló a nivel nacional con la modificación de la Ley 26.639 (Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares), sancionada el 9 de abril de 2026.
- Censura y Simulacro: El proceso de reforma estuvo marcado por irregularidades en la audiencia pública del 25 de marzo, donde se impidió la participación de más de 100,000 ciudadanos inscriptos y se negó el acceso a medios independientes (como Locomoción TV). Se denuncia la violación del Acuerdo de Escazú y del principio de progresividad ambiental (Ley 25.675).
- El Cambio de Paradigma: La nueva norma introduce el concepto de “significancia hídrica”, permitiendo a las provincias mineras certificar qué glaciares o ambientes periglaciales proteger. Expertos advierten que esto desprotege los glaciares de roca y ambientes criogénicos que alimentan comunidades en Jujuy, Catamarca y San Juan durante todo el año.
- Nulidad Insalvable: La reforma se considera “nacida muerta” debido a la falta de participación real y efectiva, lo que augura una judicialización masiva y resistencia territorial similar a la histórica expulsión de Monsanto en 2013.
¡Vamos a los informes!
La lucha actual no es solo por la preservación de una geoforma, sino una batalla por la soberanía sobre el agua dulce. Mientras el Estado y las cúpulas partidarias operan para “dinamitar los tanques de agua naturales” en favor del rédito económico inmediato, la resistencia se organiza desde la memoria histórica y la acción directa en las rutas y tribunales, sosteniendo que “el agua no se negocia”.
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