El mes de octubre de dos mil veintiséis marca el punto de ebullición en el conflicto entre el sistema universitario y el gobierno de Javier Miléi. Tras el fallo judicial que declaró inconstitucional el congelamiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la toma estudiantil del Palacio Pizzurno y la apelación oficial, el Poder Ejecutivo responde con coerción y la amenaza de represión discursiva y material, desoyendo el orden republicano en la antesala de la Marcha Federal.

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