La furia homicida del capital no conoce matices ni piedad; cuando las corporaciones del agronegocio exigen maximizar su tasa de ganancia a costa de la vida ajena, el Estado siempre moviliza su maquinaria para hacerles el trabajo sucio.

La Resolución 869/2026 del SENASA no es una simple travesura burocrática ni un ajuste técnico menor: es la habilitación formal de un circuito de experimentación criminal que toma a los pequeños productores, a las economías familiares y a los territorios rurales como conejillos de indias de los nuevos venenos.