La reciente audiencia judicial por la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) dejó en evidencia que el Ejecutivo nacional se niega a acatar una norma ratificada por el Congreso y un fallo firme de la Corte Suprema. Desoír el ordenamiento jurídico bajo la lógica del capricho gubernamental dinamita el Rule of Law y reemplaza la República por el despotismo del decreto.

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