El gobierno de Javier Milei atribuye la caída de la natalidad en Argentina a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ignorando que las estadísticas oficiales muestran un descenso sostenido desde 2014. Mientras el oficialismo intensifica el control punitivo sobre los cuerpos para forzar nacimientos, desmantela simultáneamente los mecanismos de sostén a la niñez y la salud pública.

Esta contradicción transforma la crianza en un privilegio de clase: al eliminar la asistencia social y privatizar los costos de vida, el modelo empuja a los hogares a absorber el ajuste en solitario, saboteando en la práctica el propio objetivo demográfico del gobierno.

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