El tratamiento mediático del caso de Candela Arizaga ha expuesto una coordinación sistemática entre diversos medios nacionales para blindar al exdiputado Facundo Moyano, activando un manual de impunidad ante denuncias por violencia de género. En lugar de abordar la gravedad de los hechos, portales y diarios como Página/12, Infobae y La Nación estructuraron una operación de prensa centrada en la deslegitimación de la víctima, intentando cerrar el debate judicial antes de que existiera una declaración formal ante el fiscal.

Esta operación se basó en presentar actas preliminares de la policía (tomadas en la vía pública mientras la joven se encontraba en estado de shock y desorientación) como si fueran testimonios judiciales válidos. Al hacerlo, no solo violaron el secreto de sumario, sino que buscaron instalar mediáticamente la inexistencia de agresiones, pese a que el informe médico legista ya había constatado lesiones físicas. Esta estrategia de revictimización, que patologiza a la víctima para restarle validez a su testimonio, constituye una maniobra de encubrimiento deliberado que colisiona con todos los protocolos de protección contra la violencia de género, demostrando cómo el aparato mediático se administra como un escudo de impunidad para los sectores de poder político.

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