El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central presentado por Javier Milei no constituye una mera actualización técnica, sino una pieza central de ingeniería política diseñada para blindar un modelo de ajuste permanente. Bajo el discurso de preservar el valor de la moneda y combatir la inflación, el Ejecutivo busca prohibir de forma absoluta el financiamiento al Tesoro y a los estados subnacionales, despojando al país de herramientas críticas para enfrentar crisis y asistir a los sectores más postergados.

La iniciativa, que focaliza la misión del organismo exclusivamente en la estabilidad monetaria, elimina cualquier mandato vinculado al empleo, la producción o el bienestar social. Esta restricción transforma la austeridad fiscal en un corsé institucional que subordina a las provincias y municipios al poder central, trasladando todo el peso del ajuste hacia los distritos y abandonando a su suerte a los sectores populares. Al clausurar la posibilidad de asistencia financiera estatal y blindar las reservas internacionales frente a demandas sociales, el gobierno consolida una matriz de exclusión sistemática, donde el equilibrio fiscal se impone como un dogma inquebrantable a costa del desamparo de la ciudadanía.

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