El Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 representa una grave distorsión institucional y un instrumento de persecución política disfrazado de normativa migratoria. Al modificar la Ley de Migraciones para habilitar la expulsión de extranjeros bajo conceptos vagos como “mensajes de odio” o “ultraje de símbolos patrios”, el Ejecutivo no solo usurpa potestades legislativas (dado que el Congreso se encuentra en pleno funcionamiento), sino que también vulnera principios básicos de legalidad, tipicidad y libertad de expresión.

La norma carece de sustento constitucional y jurídico: utiliza términos elásticos para habilitar una discrecionalidad punitiva que permite al Estado perseguir disidencias según su conveniencia política. Esta medida, más que proteger el honor nacional, funciona como un mecanismo de amedrentamiento orientado a restringir la libertad de opinión, colisionando frontalmente con tratados internacionales de derechos humanos. Su aplicación, particularmente si se pretende aplicar de forma retroactiva, constituye una vía de hecho ilegal que deberá ser frenada mediante el control de constitucionalidad.

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