El fútbol sudamericano se encuentra sumido en una profunda crisis de hipocresía institucional, caracterizada por el doble rasero de la CONMEBOL y los escándalos judiciales que salpican a la AFA. Mientras el organismo regional demuestra un celo punitivo implacable para censurar expresiones de memoria popular en las tribunas (como la exhibición de banderas sobre la soberanía de las Islas Malvinas), mantiene un silencio cómplice ante episodios de extrema violencia contra los hinchas, como la reciente emboscada sufrida por simpatizantes de Tigre en Uruguay, donde fueron atacados a balazos.

Esta arbitrariedad se ve agravada por la opacidad en la gestión financiera de la AFA, cuya cúpula dirigente, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta investigaciones de la justicia estadounidense por presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos millonarios. Mientras la dirigencia deportiva intenta desmentir las citaciones judiciales, los escritorios de Luque y Viamonte coinciden en una matriz de acción: ceder ante los intereses del capital concentrado, criminalizar el sentimiento popular y ocultar una corrupción sistémica que se vuelve cada vez más difícil de encubrir.

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