En un giro geopolítico que expone la política exterior del gobierno, nuestra Cancillería emitió un comunicado de “enérgico rechazo” a la inversión de 1800 millones de dólares de la petrolera israelí Navitas Petroleum en las Islas Malvinas, junto a la británica Rockhopper.

El eje del conflicto: Navitas es la empresa clave en el desarrollo del campo Sea Lion, una acción que, según nuestro informe, consuma la liquidación de la soberanía territorial por parte del principal aliado político del presidente Milei.

La controversia: La protesta oficial del Gobierno, emitida en diciembre de 2025, se produce con cuatro meses de retraso. La reacción no fue proactiva, sino forzada por la evidencia pública de la traición y las denuncias de medios como Locomoción TV, que incluso reportó haber sufrido censura y espionaje directo por parte del Estado de Israel tras exponer el tema.

En esencia, el informe subraya que la inacción previa del gobierno frente al avance petrolero israelí es una “complicidad” táctica, consecuencia de una “Diplomacia Genuflexa” que prioriza una alianza absoluta con Israel y EE. UU. por sobre los intereses soberanos en el Atlántico Sur.