Introducción al Informe

Finalmente en Comodoro Py, en la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, este 12 de noviembre a las 11:45 se llevó a cabo la Audiencia por los Hábeas Corpus de lxs nietxs desaparecidxs por la última Dictadura Militar en la causa “Baravalle s/ recurso de casación”.

La Cámara Federal de Casación Penal y sus jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo escucharon los planteos técnicos de la defensa (representada por los doctores Gabriela Mónica Conder, Claudia Carolina Bareiro Vidallet y Luis Fernando Zamora, Claudia Agüero y Verónica Heredia) y los testimonios de Estela Gualdero, Ricardo Sergio Baravalle y Margarita Noia, y en horas de la tarde revocaron el rechazo in limine de la resolución injusta e históricamente repudiable del Juzgado 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini.

Lo que ocurrió en esa sala puso en acto lo que el antropólogo Marshall Sahlins definía como el principio de reciprocidad equilibrada, que aquí operó en su forma más pura de justicia: darle a cada cual lo suyo. Frente a un juzgado de primera instancia que había clausurado el expediente de plano, negándoles a los familiares el derecho básico a ser oídos en audiencia, Casación invirtió por completo la ecuación.

Al abrir el micrófono para sumar voces en vivo y anular el cierre arbitrario del expediente, el tribunal le impuso límites institucionales a la mordaza de Ercolini y les devolvió la palabra a las víctimas y a sus representantes.

La causa iniciada por Mirta Baravalle, que tras medio siglo de lucha ha vuelto a tomar estado tribunalicio, obligará al Estado a defenderse ahora por sus atrocidades. Es algo que les polítiques tienen muy aceitado poniendo en sus filas a Milanis o a Prestis, porque en la superficie nomás se les nota que están cortados por la misma tijera de cinismo.

Esta Audiencia y esta resolución tienen carácter histórico, ya que no quedan caminos para más dilaciones: la cuestión está en marcha y el Estado y el Poder Judicial tendrán que dar respuestas a las demandas de toda una vida de las Abuelas.

Lo que dejó la audiencia en la Sala IV

La jornada comenzó puntual a las 11:45 con una audiencia de carácter eminentemente técnico, donde la Dra. Gabriela Conder llevó la voz cantante de la querella para desarmar los argumentos del rechazo inicial. Durante su exposición, la letrada denunció la arbitrariedad de la resolución de Cámara y señaló que no existió un verdadero “doble conforme”, desvirtuando por completo la figura constitucional del hábeas corpus al impedir su continuidad.

Conder remarcó ante los magistrados una falla grave del fallo inferior: el caso de María del Carmen Gualdero ni siquiera figura en la sentencia previa a la que se pretendía remitir el expediente, y tampoco se investiga de manera efectiva la desaparición forzada de Ana María Baravalle, Julio César Galizzi y su bebé apropiado.

En esa línea, advirtió que rechazar y no analizar la desaparición en cautiverio reedita el crimen mediante una falsedad ideológica, negando el carácter de delito permanente y continuado de lesa humanidad.

“No responder el hábeas corpus es la continuidad del crimen de lesa humanidad”, enfatizó Conder ante el tribunal, cuestionando que el Estado pretenda esperar pasivamente a que la víctima apropiada se presente por sus propios medios, poniendo toda la carga sobre ella.

Recordó que Mirta Baravalle nunca recibió respuesta en vida y cerró con un petitorio contundente: la admisión formal del hábeas corpus y una búsqueda efectiva por parte del Estado.

Luego fue el turno de los familiares y los testimonios en la sala. Ricardo Sergio Baravalle tomó la palabra para avalar en todos sus términos la exposición técnica de la Dra. Conder.

A continuación, Estela Gualdero expresó el impacto humano de la dilación judicial, señalando que el rechazo del hábeas corpus resulta profundamente doloroso y que la Justicia no debería tener margen para negarlo.

Por último, se sumó el testimonio de Margarita Noia, quien manifestó su acompañamiento total frente a 50 años de negación estatal, recordando que las familias siguen esperando una respuesta como la que buscó Mirta Baravalle, quien se fue de este mundo sin poder encontrar a su nietx, un reclamo indispensable para todas las Abuelas.

En el estrado, las actitudes de los jueces marcaron el pulso del debate: mientras el Dr. Gustavo Hornos permaneció en silencio sin formular preguntas, el Dr. Mariano Borinsky intervino activamente indagando sobre los alcances del reclamo, en una sala donde el Dr. Javier Carbajo habilitó la escucha amplia de los testimonios antes de anunciar que el tribunal pasaría a deliberar para dictar su resolución en tiempo procesal.

Medio Siglo de Lucha

El expediente que hoy sacude los pasillos de Comodoro Py tiene su raíz en el terrorismo de Estado de 1976. El 7 de junio de ese año fue secuestrada María del Carmen Gualdero, quien cursaba un embarazo de ocho meses y medio.

Dos meses más tarde, el 27 de agosto de 1976, corrieron la misma suerte Ana María Baravalle (embarazada de cinco meses) y su pareja, Julio César Galizzi. Desde entonces, sus familias iniciaron una búsqueda ininterrumpida para conocer el destino de los tres adultos y restituir la identidad de los dos hijos nacidos en cautiverio: Camila o Ernesto Galizzi Baravalle y el bebé de la pareja García-Gualdero.

Durante cincuenta años, esa persistencia estuvo encarnada en figuras como Mirta Baravalle y hoy continúa a través de Ricardo Sergio Baravalle y Estela Gualdero. Con el patrocinio de un equipo jurídico integrado por los doctores Gabriela Mónica Conder, Claudia Carolina Bareiro Vidallet, Luis Fernando Zamora, Claudia Alejandra Agüero y Verónica Heredia, las familias presentaron un hábeas corpus el 27 de agosto de 2026.

El reclamo buscaba romper la parálisis estatal utilizando herramientas científicas actuales (como los exámenes genéticos masivos y el cruce de registros) para dar finalmente con el paradero de los nietos apropiados.

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2026, el Juez Federal Julián Ercolini rechazó la acción in limine, es decir, sin siquiera abrir el trámite ni escuchar a los familiares.

Argumentó que el hábeas corpus no era la vía adecuada para hechos ocurridos hacía cinco décadas y derivó el planteo a otras causas penales donde ni siquiera se investigaba el destino de los niños.

Tras la rápida confirmación de ese rechazo por parte de la Sala I de la Cámara Federal, la querella acudió en queja a la Cámara Federal de Casación Penal, logrando abrir la puerta a la audiencia oral donde los testimonios de los familiares y allegados recordaron ante los jueces que medio siglo de búsqueda no prescribe ni pierde vigencia.

A Modo de Cierre (por ahora)

El fallo unánime firmado el 12 de noviembre de 2026 por la Sala IV de Casación (integrada por los doctores Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo) marca un punto de inflexión procesal y jurídico que obliga a reabrir lo que la primera instancia intentó archivar. A partir de esta resolución, el escenario deja las siguientes conclusiones y pasos concretos a seguir:

• La vigencia permanente del delito. Casación derrumbó el argumento del paso del tiempo. El tribunal dejó en claro que la desaparición forzada y la sustitución de identidad son delitos de ejecución continuada que se renuevan cada vez que el Estado omite buscar a las víctimas o emite documentación con datos adulterados.
• Autonomía frente a los juicios penales. El fallo estableció que las causas de lesa humanidad destinadas a condenar represores no reemplazan al hábeas corpus. Esta acción constitucional tiene un fin urgente, autónomo y específico: encontrar a las personas desaparecidas y restituir la identidad de los nietos.
• Regreso obligado al Juzgado Federal N° 10. El expediente vuelve mediante pase digital al despacho del Dr. Julián Ercolini, quien ya no tiene margen para rechazar el planteo de plano ni derivarlo a otros tribunales.
• Convocatoria urgente a audiencia oral. Por mandato expreso de Casación, el juzgado debe citar de manera inmediata a la audiencia prevista en los artículos 14 y 17 de la Ley 23.098, garantizando la presencia y el derecho a ser oídos de los familiares, sus letrados y el fiscal.
• Batería de medidas de prueba en debate. En esa próxima audiencia, la querella exigirá la producción efectiva de la prueba ofrecida, incluyendo la apertura de archivos públicos y privados, los oficios a organismos clave (CONADI, Banco Nacional de Datos Genéticos, EAAF, Abuelas de Plaza de Mayo, RENAPER y Migraciones) y la discusión técnica sobre los análisis genéticos para personas nacidas entre junio de 1976 y febrero de 1977.

Apéndice Documental: el Fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal

Una fortuna invisible para la lupa fiscal

El 6 de noviembre de 2026, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen en Comodoro Py dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario Manuel Adorni. La investigación relevó un salto patrimonial y una serie de gastos monumentales del matrimonio formado por Adorni y Bettina Angeletti entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Entre los desembolsos fuera del sistema bancario o mediante terceras personas destacaban:

• Gastos por USD 402.578, de los cuales la friolera de USD 374.081 se abonó en efectivo.
• La adquisición de un lote en el country Indio Cuá, la escrituración de un inmueble en la calle Miró (Caballito), refacciones, mobiliario de lujo, viajes y alquileres temporarios.
• Una brecha no justificada de $43.068.549 entre ingresos declarados y gastos de subsistencia.

La “Justificación Bitcoin” y una ceguera sospechosamente extrema

Frente a la intimación patrimonial, la defensa de Adorni recurrió a una coartada fantástica: argumentó que todo ese dinero en efectivo provenía de ganancias obtenidas por supuestas inversiones en Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018. Según este relato:

1. Habría comprado criptomonedas en efectivo por unos USD 200.000 distribuidas en 8 billeteras virtuales de autocustodia.
2. Al liquidarlas, obtuvo USD 591.544, los cuales —según el curioso relato— guardó bajo el colchón en efectivo durante casi diez años.

Las fallas técnicas que el fiscal decidió ignorar con una indulgencia alarmante:

• El informe de la Policía Federal Argentina (PFA): Los peritos confirmaron únicamente que la defensa posee hoy las claves privadas de esas 8 billeteras y que sufrieron movimientos entre 2014 y 2018. Sin embargo, advirtieron algo elemental que Pollicita optó por minimizar: la blockchain no permite saber quién controlaba realmente esas claves en el pasado ni con quién, cuándo ni a qué precio se operó.
• Criptoactivos ocultos: El análisis pasó por alto que las billeteras registraban tenencias y ventas de otros activos digitales (por unos USD 60.000) que ni siquiera figuraban en el descargo original.
• Un acto de fe judicial: Con una laxitud notable, Pollicita concluyó que, al no poder refutar de manera absoluta una versión tan antojadiza, optaba por no acusar por enriquecimiento ilícito, regalándole el beneficio de la duda a una explicación inverosímil.

Lavado de manos y desvío de atención

• Desestimación por Enriquecimiento Ilícito: Al negarse a ver la desproporción patrimonial, consideró que no existían elementos punibles en el fuero federal por este delito.
• Pase al Fuero Penal Económico: Pidió declarar la incompetencia de Comodoro Py y mandar el expediente a investigar una posible evasión tributaria y ocultación maliciosa ante el fisco (ARCA), reduciendo un escándalo de enriquecimiento a una mera cuestión impositiva.
• Daños colaterales a terceros: Solicitó investigar penalmente al contratista Matías Tabar, a los desarrolladores inmobiliarios Pablo Feijoo y Leandro Miano, y reportar a la escribana Adriana Nechevenko ante el Colegio de Escribanos, buscando desviar el foco mientras convalida la coartada central del exfuncionario.

El peligroso precedente de mirar para otro lado

1. Inversión de la Carga de la Prueba: La justicia federal abdica de su rol al exigirle a la sociedad que le demuestre el origen espurio de los fondos a un funcionario, cuando el incremento patrimonial injustificado saltaba a la vista.
2. Un antecedente a medida para los “dibujos”: Avalar la tenencia de una clave privada de origen incierto como prueba de ingresos abre una puerta escandalosa. De ahora en adelante, cualquier funcionario atrapado con dinero negro podrá justificarlo alegando que “vendió Bitcoins en efectivo hace 10 años”.
3. Estado Actual: El dictamen quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de definir si avala esta visión notablemente miope de la fiscalía o si le pone freno al festival de justificaciones.

Que digan dónde están lxs nietxs

Nos convocamos a la audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal donde se llevará a cabo la audiencia por el habeas corpus de Camila o Ernesto Galizzi Baravalle; de García Gualdero y de todxs lxs nietxs apropiadxs en la dictadura.

Una audiencia que pidió y esperó en una búsqueda incansable y por 50 años Mirta Baravalle (co fundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo) y nunca se la dieron.

Pedimos ADNs masivos de todas las personas inscriptas en los años de apropiación de los bebés nacidos en el cautiverio y tortura de sus madres detenidas desaparecidas.

Exigimos el cese del delito de lesa humanidad de ocultamiento de la identidad de todos los nietos apropiados que todos los gobiernos incluidos los democráticos participaron activamente emitiendo la documentación oficial requerida para continuar su identidad falsificada (siguieron emitiendo DNIs, Pasaportes, Partidas de Nacimiento, etc.. no solo de las personas que le sustituyeron la identidad sino de sus probables hijos y /o nietos).

Exigimos que el Estado busque a todos los nietos les devuelva la identidad y el cese del delito de falsificacion y ocultamiento. ¡Ya!

Introducción al Informe

La Crisis de Ueno Bank en Paraguay representa uno de los colapsos bancarios e institucionales más abruptos de la historia reciente del país.

En cuestión de semanas, el rápido deterioro de la entidad derivó en la parálisis de los ahorros de cerca de tres millones de personas, el destape de maniobras financieras vinculadas a la cúpula del poder político y, finalmente, la renuncia del Presidente Santiago Peña ante la inminencia de un juicio político.

Hacia la tarde, el Presidente apareció por redes sociales asegurando que se defenderá en el Juicio Político, descomprimiendo la situación de cara a un pueblo que ya controla Asunción. Por lo que se ve no permitirán que vuele una mosca hasta que se satisfagan sus demandas de Juicio Político al Presidente Santiago Peña y su virtualmente inevitable destitución.

Luego hacia la tardecita y luego de que el Pueblo paraguayo rodeara a las fuerzas del régimen, tras unas escaramuzas de principio, el Congreso no logró obtener quórum para tratar el Juicio Político. Lo que cambió drásticamente cuando los congresistas se sintieron como “sitiados” y lo están, realmente.

Serán noches en las que los representantes del pueblo paraguayo deben estar a la altura de las circunstancias y resolver con celeridad la cuestión a sabiendas de que en esta batalla han perdido muchísimo.

Desde Locomoción TV y este Irreverente, estamos con el Pueblo Paraguayo y avalamos todas sus demandas de esta hora histórica que tienen por delante.

Reciban nuestro fraternal abrazo y apoyo INCONDICIONAL de esta emisora.

Cronología de la Crisis en el Paraguay

1. Antecedentes y Expansión Acelerada (2021 – 2024)

• 12 de abril de 2021: El Grupo Vázquez compra Financiera El Comercio.

• 22 de noviembre de 2023: Obtiene la licencia formal para operar como Ueno Bank, consolidándose como una plataforma bancaria de corte marcadamente digital.

• 29 de junio de 2024: Ueno absorbe a Visión Banco, sumando en la operación a más de un millón de clientes, una masiva red de sucursales y gran volumen de depósitos. Para mediados de 2026, la entidad declaraba contar con 2,9 millones de usuarios (cerca del 60% de la población adulta paraguaya) y administraba fondos públicos y jubilatorios.

2. Detección de Irregularidades y Alertas (2025 – Octubre de 2026)

• Septiembre de 2025: Auditores e inspectores registran desvíos significativos de préstamos sin garantías hacia empresas vinculadas con los accionistas del banco (incluyendo transferencias por cerca de US$ 39 millones en un solo día).
• 27 de Octubre de 2026: Ante el incremento de rumores e informes técnicos sobre el deterioro patrimonial del banco, el presidente Santiago Peña califica la situación como un «tema técnico» y llama a la «calma y prudencia», desestimando las advertencias como exageraciones mediáticas.

3. El Colapso y la Intervención del Banco Central (2 – 3 de Noviembre de 2026)

• Domingo 2 de noviembre de 2026: El directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) comprueba que, tras corregir maquillaje contable (donde se registraban gastos operacionales como activos), la solvencia patrimonial de Ueno Bank había caído a menos del 50% del mínimo legal.
• Lunes 3 de noviembre de 2026: El BCP oficializa el inicio del proceso de resolución y liquidación de Ueno Bank. Todas las sucursales, tarjetas, aplicaciones y transferencias quedan suspendidas de inmediato, dejando congelados los depósitos de millones de ahorristas y desatando masivas protestas en las calles.

4. Detenciones Judiciales y Escalada Política (4 de Noviembre de 2026)

• Miércoles 4 de Noviembre de 2026:

  • La Fiscalía paraguaya dicta la captura de la cúpula del banco. Son detenidos Juan Manuel Gustale (presidente de Ueno Bank), Federico Miguel Vázquez (cabecilla del Grupo Vázquez) y otros miembros del directorio.
  • Santiago Peña fuerza la renuncia del presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding, ante la presión ciudadana.
  • En la Cámara de Diputados, bloques de la oposición presentan formalmente un libelo acusatorio para iniciar el Juicio Político contra Santiago Peña, citando encubrimiento y conflicto de intereses por sus nexos históricos con el grupo económico.

5. Ruptura del Oficialismo y Renuncia Presidencial (5 de Noviembre de 2026)

• Mañana del 5 de Noviembre de 2026: El expresidente Horacio Cartes, líder del gobernante Partido Colorado (ANR) y principal sostén político de Peña, anuncia públicamente que su bancada apoyará el juicio político en el Congreso.
• Mediodía del 5 de Noviembre de 2026: Al quedar sin respaldo político en su propio partido y frente a una destitución inminente, Santiago Peña comunica su renuncia a la Presidencia de la República de Paraguay a través de un mensaje a la Nación.
• Tardecita del 5 de noviembre de 2026: el Estado, a órdenes de quién sabe quién, reprime a los manifestantes que rodean prácticamente al estado paraguayo y lo ponen en la necesidad de reunirse al Congreso para sustanciar el Juicio Político y la destitución del hasta esta noche, mandatario del Paraguay, Santiago Peña.

6. El Pueblo presiona y el Poder obedece

06 de noviembre de 2026 — 00:00 a 06:00 hs. (Madrugada): Con el Congreso sin quórum y la noticia de la renuncia de Santiago Peña recorriendo el país, se consolida la vigilia popular en las inmediaciones del Parlamento en Asunción. Las fuerzas de seguridad se repliegan tras los incidentes aislados de la noche previa.

06 de noviembre de 2026 — 08:30 a 11:00 hs. (Mañana): Comienzan las negociaciones informales entre bloques legislativos ante la presión de los manifestantes que mantienen bloqueados los accesos al edificio, impidiendo la normal salida o ingreso de legisladores.

06 de noviembre de 2026 — 13:00 a 15:00 hs. (Mediodía): Ante la imposibilidad física de sesionar con normalidad por el cerco ciudadano y el fracaso de los intentos de descomprimir la protesta mediante comunicados en redes, la oposición y sectores disidentes exigen la convocatoria urgente a una sesión para formalizar el vacío de poder.

06 de noviembre de 2026 — 17:00 a 23:59 hs. (Tarde y Noche): El Congreso sesiona bajo la presión de la calle sitiada. El Senado aprueba por unanimidad el juicio político y destituye formalmente a Santiago Peña. Al perder los fueros, la Fiscalía avanza con causas penales y ordena su detención (arresto domiciliario) por el colapso financiero. Cerca de las 18:30/19:00 hs. de este mismo 6 de noviembre, Pedro Alliana jura ante el Congreso como nuevo presidente de la República, cerrando el vacío de poder.

7. No se va nadie a ningún lado hasta que aparezca la plata.

07 de noviembre de 2026 — 00:00 a 08:00 hs. (Madrugada): La vigilia popular se sostiene firme a lo largo de toda la noche frente al Congreso. Pese a la asunción de Alliana la tarde anterior y la caída de Peña, la ciudadanía mantiene el asedio exigiendo respuestas reales sobre los fondos bloqueados.

07 de noviembre de 2026 — 09:00 a 14:40 hs. (Mañana y Mediodía): Arranca la jornada formal con Alliana ya instalado en el Ejecutivo, bajo la atenta y hostil mirada de la calle, que sigue apostada a la espera de que aparezca la guita de los ahorristas.

07 de noviembre de 2026 — 15:00 a 20:00 hs. (Tarde y Noche): Con Alliana al mando reacomodando el gabinete a los ponchazos y Peña bajo estricto arresto domiciliario, el Banco Central sigue sin largar un solo guaraní firme a los ahorristas. La vigilia y el asedio ciudadano se mantienen inquebrantables, marcándole la cancha al nuevo gobierno.

Factores Clave que Provocaron la Caída

La “ola azul” desplaza al oficialismo en las urnas

La jornada de las elecciones legislativas de medio término (midterms) en Estados Unidos de este martes 3 de noviembre dejó un escenario de severo desgaste para la Casa Blanca y una reconfiguración total del tablero de poder.

En una contienda marcada por la presión económica del costo de vida, la escalada inflacionaria y el rechazo social a los recientes conflictos internacionales, el electorado envió un mensaje contundente.

El Partido Demócrata rompió el dominio republicano al arrebatar el control del Capitolio, abriendo una etapa de profunda división institucional para los dos años restantes del segundo mandato de Donald Trump.

La victoria incluyó triunfos inéditos en bastiones históricamente republicanos como Texas, Carolina del Sur y Kansas, redefiniendo el alcance electoral en el centro y sur del país.

Como lo leyó Trump, como que su nombre no estaba en las boletas. Evidentemente, además de recibir una paliza de Supermartes, el mandatario estadounidense la terceriza, la muestra como algo que no le pasó a él. Si le sirve.

Capitolio adverso y triste final de la Era Trump

El traspaso del control legislativo hacia la oposición demócrata en ambas cámaras altera drásticamente el margen de maniobra de la administración republicana.

• Fin de la agenda legislativa unilateral: La nueva mayoría opositora asume la capacidad de bloquear las propuestas presupuestarias de la Casa Blanca, recortar los fondos para iniciativas prioritarias del oficialismo y frenar el avance de leyes clave.
• Poder de fiscalización e investigaciones: A partir del inicio de la nueva legislatura, los comités parlamentarios estarán liderados por congresistas demócratas. Esto abre la puerta a citaciones obligatorias, investigaciones a miembros del gabinete y un escrutinio exhaustivo sobre la política exterior y las acciones del Poder Ejecutivo.
• Gobernabilidad bajo la amenaza del veto: Ante un Capitolio adverso, el presidente Trump pasará a depender casi en su totalidad del poder de veto ejecutivo para frenar los proyectos de ley impulsados por la bancada opositora, anticipando un estancamiento político sin precedentes (gridlock).
• Síndrome del “pato cojo” (lame duck): La pérdida simultánea de ambas cámaras acelera el debilitamiento político de la Casa Blanca y desplaza la atención política hacia la sucesión de 2028, erosionando la cohesión interna dentro del propio partido.

La reacción de Trump: reproches y giro “desleal” hacia su partido

Fiel a su estilo de liderazgo personalista, la respuesta del mandatario tras conocerse las proyecciones combinó el distanciamiento de la derrota con duras críticas dirigidas a sus propios correligionarios.

En sus declaraciones públicas y publicaciones en la red Truth Social, Trump buscó eximirse de la responsabilidad directa en los resultados expresando: “Yo no estaba en la papeleta y si hubiera aparecido, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante!”.

1. Reproches a los candidatos locales: En lugar de respaldar a los postulantes republicanos que perdieron batallas clave en la contienda, la Casa Blanca atribuyó las derrotas a supuestos errores estratégicos de las campañas locales y al alejamiento del mensaje original del movimiento. Uno de los focos de crítica fue el gobernador de Texas, Greg Abbott, a quien acusó de haberse vuelto “moderado” en los últimos meses.
2. Reconocimiento táctico a la oposición: En entrevistas posteriores con medios como The New York Times y Fox News, ofreció elogios inusuales al desempeño de la bancada demócrata, señalando que “hicieron un buen trabajo y lucharon duro”, marcando un contraste evidente con la falta de respaldo brindada a sus propios legisladores derrotados.
3. Advertencia de confrontación: Aunque mencionó estar dispuesto a “llegar a acuerdos” en materias puntuales, publicó mensajes alusivos al uso masivo del veto, advirtiendo que funcionará como un muro de contención contra las iniciativas parlamentarias demócratas.

A modo de cierre (por ahora)

Los comicios de medio término han transformado el equilibrio de poder en Washington. La pérdida del Congreso no solo expone las fracturas económicas y el descontento social acumulado durante la primera mitad del mandato, sino que también pone en evidencia la fragilidad de un Partido Republicano atrapado entre el alineamiento con su figura central y el costo electoral de defender su gestión en las urnas.

Con una oposición victoriosa decidida a hacer valer su peso en el Capitolio y un Presidente decidido a gobernar mediante el veto y el deslinde de culpas, Estados Unidos entra en un período de intensa confrontación institucional que definirá el tramo final de la de la Era Trump en la Casa Blanca.

Desde este espacio hemos siempre denunciado a los parapoliciales usados por políticos para acosar y denostar personas que no sean de su facción farsante en redes. Hoy, nos sobran parapoliciales vernáculos de todo grupo y factor. En el caso del peronismo, ni con eso les alcanza: necesitan importar de Brasil a los stalkers estatales y lo hacen a cara descubierta, porque para esta gente el fin siempre justifica los medios.

La reciente reunión de Sergio Massa con el diputado brasileño André Janones (creador del “Ejército de Lula”) y los estrategas de comunicación Rafael Marroquim y Chico Kertész blanquea la búsqueda de la oposición por importar un modelo de combate virtual intensivo. No le alcanzan los Brancatelli ni las Mengolini: va por más. El acoso al otro es la base de la propaganda político-represiva del oficialismo y la oposición, incluidos los renegados que llamaron a votar a Massa y se dicen de izquierda.

La intención explicitada es adaptar a la escala nacional las dinámicas de mensajería masiva y movilización directa en plataformas cerradas (WhatsApp y Telegram) que se utilizaron en el balotaje brasileño para moldear la conversación pública y disputar la narrativa política.

En otras palabras, las invasiones a la vida de los ciudadanos y la vigilancia funcionan tal y como las diseñaron durante la pandemia. La permisividad del pueblo a estas prácticas y su microaplicación y atomización son garantía de que la impunidad de los de arriba está garantizada y que el poder sin freno no se detiene nunca.

Radiografía del modelo parapolicial del “Ejército de Lula”

El dispositivo ideado en Brasil y puesto sobre la mesa en las oficinas del Frente Renovador se basa en tres ejes operativos:

• Capilaridad descentralizada: El uso de miles de grupos cerrados de mensajería para evadir la fiscalización mediática tradicional y distribuir consignas de forma directa.
• Militancia multiplicadora: La conversión de simpatizantes en nodos activos dedicados a la viralización de contenidos de alto impacto emocional y respuesta rápida.
• Ataque y defensa en tiempo real: La coordinación de respuestas en bloque para bloquear discursos opositores, marcar la agenda del día y saturar las redes sociales.

Además de que nos gustaría saber si este cretinaje parapolicial hace esto gratis (lo cual dudamos seriamente), esto no es nuevo: sabemos que estos parapoliciales venden humo y acosan a ciudadanos de a pie desde siempre.

La práctica histórica del uso de patotas en la modernidad digital

Lejos de tratarse de un fenómeno completamente novedoso, la incorporación de estas metodologías representa la digitalización de herramientas que la política local utiliza desde hace décadas. La lógica de presionar, amedrentar y perseguir al que piensa distinto tiene antecedentes claros en la historia política argentina:

• La mutación de la patota y el aparato: El control del territorio y la violencia de las viejas “patotas” o aparatos punteriles han migrado de la calle a los entornos virtuales. El objetivo sigue siendo el mismo: disciplinar y acallar voces disidentes.
• De la difamación analógica a la granja de trolls: Las tradicionales campañas de pintadas con protección estatal y policial incluida, volantes anónimos y operaciones en medios tradicionales fueron reemplazadas por ejércitos de cuentas, redes de mensajería y algoritmos destinados al señalamiento sistemático de personas.
• Transversalidad del método: La utilización de estas estructuras de acoso con financiamiento u organización política es una práctica transversal que han empleado diversos espacios de poder para blindarse de la crítica y desgastar al adversario.

A modo de cierre (por ahora)

La contratación o consulta de asesores extranjeros no busca innovar en valores democráticos, sino industrializar y dar escala tecnológica a un juego de persecución y hostigamiento que en la Argentina ya tiene raíces profundas.

La exhibición a cara descubierta de estos acuerdos refleja cómo, para los sectores articulados en torno al poder de turno o a su retoma, la instrumentalización de la agresión digital sigue siendo un medio plenamente justificado por sus fines electorales.

Lo importante es ganar, porque los votos dan cargos, los cargos dan dinero y el dinero da poder. El peronismo no puede admitir una nueva derrota: sus platos de comida dependen de ello.

Ante la terrible tragedia ferroviaria ocurrida en la provincia de Toledo, queremos hacer llegar nuestra más sincera solidaridad a las víctimas y a sus familias, quedando desde este espacio a su entera disposición para todo aquello que sea menester en estos momentos de profundo dolor.

Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la realidad de un sistema donde los autodenominados socialistas eurocentristas del PSOE y sus renegados afines se muestran incapaces de marcar una mínima diferencia política con sus opositores.

La farsa de los renegados de dos milenios

Lejos de representar una alternativa, el oficialismo se mimetiza con la derecha en cada escándalo de corrupción que sale a la luz, al tiempo que sostiene una política presupuestaria que el propio Vox firmaría y cerraría con absoluto gusto. EL PSOE se ha pasado de milenio a milenio entregando las ideas socialistas para justificar asesinatos y cuanta farsa capitalista haya por allí.

Las cuentas públicas gestionadas de forma directa por la Administración Central evidencian que, detrás de la retórica progresista, se esconde una deliberada concentración de recursos en el control interno y la proyección militar, utilizando el argumento de la descentralización autonómica como una simple excusa formal para desentenderse de la financiación educativa directa.

PSOE gobernando: pocos libros, muchas balas

Al desglosar las cifras definitivas que salen de las cajas ministeriales de la Moncloa, las proporciones reales entre libros, balas y palos reflejan las verdaderas prioridades del Estado español:

• Balas (Defensa y Proyección Militar Externa): El bloque militar consolidado acapara 35.000 millones de euros anuales, impulsado por los créditos adicionales de armamento para cumplir las exigencias de la OTAN.
• Palos (Fuerzas de Seguridad y Control Interno Central): El Ministerio del Interior gestiona 10.000 millones de euros directos destinados al equipamiento, despliegue e infraestructura de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
• Libros (Ministerio de Educación nacional): La inversión central directa se reduce a 6.775 millones de euros, orientados de forma limitada a la gestión de becas y programas de formación profesional.

En términos comparativos directos, la contabilidad interna determina que por cada 1 euro invertido en libros en el Ministerio de Educación, el Gobierno central destina 1,5 euros en palos para el despliegue policial interno y 5,1 euros en balas para el sostenimiento del material bélico.

Introducción a la Emisión #121

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la centésima vigésima primera Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 10 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

El poder cuando no encuentra límites se desborda y se convierte en farsa autoritaria.

Mientras las instituciones locales se pliegan con maniobras dilatorias y decretos que resucitan normas de la dictadura para esconder compras militares bajo el manto del “secreto”, el Presidente cruza el Atlántico a costillas del contribuyente para hacer turismo ideológico y financiar su agenda partidaria con la tuya.

¿Hasta dónde llega el cerco de la opacidad antes de que nos demos cuenta de que arrasaron con todas las fronteras éticas y republicanas?

El vecindario continental se consolida como un gran sainete permanente. Mientras Lula da Silva celebra su cuarto mandato en el Planalto tras imponerse en el balotaje, el clan Bolsonaro protagoniza una fuga de opereta que deja al descubierto la porosidad de nuestras fronteras y la absoluta bancarrota moral de una derecha que grita “el que las hace las paga” pero sale corriendo por la puerta trasera en avión privado.

Entre tribunales serviles, persecución selectiva y alianzas con la OTAN disfrazadas de integración regional, Brasil se anota sin escalas en el mapa del absurdo sudamericano.

Pasen y vean, que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

EL FRENESÍ AUTORITARIO DE MILEI ARRASA CON TODA FRONTERA

En el frente judicial interno, asistimos a una demostración del alineamiento del Poder Judicial.

La Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le concedió un recurso de queja con efecto suspensivo al Ministerio de Capital Humano, frenando las multas diarias (astreintes) de $100.000 que el juez Martín Cormick había impuesto a la Jefatura de Gabinete.

La sanción buscaba obligar al Ejecutivo a cumplir con las cautelares firmes sobre la actualización presupuestaria de la educación superior. Bajo el pretexto procesal de “evitar un gravamen irreparable”, la alzada le otorga una bocanada de aire al Gobierno y aplaca la exigencia sobre un incumplimiento presupuestario flagrante.

A este blindaje judicial se le suma la instauración del Decreto 1205/2026, mediante el cual el Poder Ejecutivo impone el secreto militar sobre todas las contrataciones, compras de armamento y tecnología destinadas a las Fuerzas Armadas y Defensa. Para eludir al Congreso y a la Auditoría General de la Nación, resucitaron el Decreto Ley 9390 de 1963 (dictado durante la dictadura de José María Guido.

La maniobra anula la Ley de Acceso a la Información Pública y elimina las licitaciones abiertas en favor de compras directas sin trazabilidad. Bajo la excusa de la confidencialidad estratégica, ocultan si los fondos en dólares se destinan a la soberanía o al equipamiento de ciberpatrullaje e inteligencia para la contención de la protesta social.

Mientras la opacidad se consolida internamente, la proyección internacional repite el mismo patrón de discrecionalidad. Entre el 19 y el 22 de octubre de 2026, la comitiva presidencial desplegó una gira oficial por Madrid.

Sin embargo, la agenda no se centró en gestiones bilaterales de Estado, sino en disertaciones ante foros afines (Nueva Economía Forum), encuentros académicos privados (con Jesús Huerta de Soto) y visitas de militancia partidaria a la Fundación Disenso (Vox) e Isabel Díaz Ayuso (PP).

El uso de aviones oficiales, seguridad, alojamiento y viáticos pagados por el Estado para promover la imagen político-personal del mandatario consolida la subordinación de la diplomacia profesional a una cruzada doctrinaria privada.

¡Vamos a los informes!

El verdadero peligro de este frenesí no radica únicamente en las agresiones verbales o en las giras de autopromoción por Europa a costa de los jubilados y la universidad pública. El peligro de fondo reside en el desmantelamiento sistemático de los mecanismos de control republicano.

Cuando la justicia aplica atajos para no castigar la desobediencia del Estado, cuando se desempolvan leyes de facto para cerrar los libros de contabilidad del presupuesto de defensa, y cuando el erario se confunde con la caja chica del turismo de partido, la frontera entre el estado de derecho y el arbitrio autoritario termina de borrarse.

Cada espacio de fiscalización que la sociedad abandona o tolera por cansancio es una garantía institucional confiscada para siempre. No hay soberanía posible entre compras militares bajo la sombra y discursos de barricada financiados con el bolsillo de los de abajo.

BRASIL SE INCORPORA COMO MIEMBRO PLENO AL MAPA DEL SAINETE

El Tribunal Superior Electoral (TSE) ratificó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva con más de 64 millones de votos (51,79%), superando por más de 4,4 millones de sufragios a Flavio Bolsonaro.

La contienda reconfirmó la fractura territorial brasileña entre el nordeste oficialista y el agronegocio del centro-oeste.

Sin embargo, desde una perspectiva geopolítica rigurosa, este triunfo no modifica el alineamiento estructural: el gobierno de Lula profundiza su rol como colaborador estratégico de la OTAN, garantizando asistencia logística y reabastecimiento a los buques de la Royal Navy en el Atlántico Sur y dando la espalda al reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas.

A esto se suma el uso de la retórica de la “argentinofobia” y bulos electorales (como la mentira de la carne de burro) para agitar el fantasma económico local y seducir a las clases medias.

Apenas 48 horas después de la derrota, el senador Flavio Bolsonaro protagonizó una huida de novela negra. Acorralado por las investigaciones del STF (lideradas por Alexandre de Moraes) por lavado de dinero y evasión, y tras desacatar la prohibición de salir del país y la entrega de pasaportes, el heredero del clan burló los controles terrestres.

Utilizando una combi con vidrios polarizados en la triple frontera, la comitiva alcanzó el aeropuerto de Puerto Iguazú, desde donde despegó un jet privado (Gulfstream G400) rumbo a Miami para ponerse bajo el ala del movimiento MAGA. La facilidad con la que la aeronave sorteó los controles en Misiones desnuda que la frontera argentina funciona como una pista de aterrizaje VIP para la extrema derecha internacional.

El sainete brasileño confirma cómo el lawfare opera como herramienta bidireccional. Si el bolsonarismo utilizó en su momento los tribunales de la Lava Jato para proscribir a Lula, hoy el Supremo Tribunal Federal ha cerrado el cerco judicial hasta asfixiar al clan familiar, empujándolos al exilio dorado en Florida.

En paralelo, esta misma maquinaria de opacidad institucional e impunidad mantiene desprotegidos a los ciudadanos argentinos, expuestos de manera sistemática al hostigamiento y causas arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, mientras el aparato policial local consolida alarmantes índices de violencia interna en sus propias favelas.

¡Vamos a los Informes!

El panorama que deja la consagración de Lula y la huida de los Bolsonaro demuestra que la política en la región se ha convertido en una comedia de enredos donde cambian los actores pero se sostiene el libreto de la dependencia.

De un lado, un progresismo de comité que blanquea la presencia militar británica en el Atlántico Sur y agita chauvinismos de cabotaje; del otro, una ultraderecha de opereta que promete mano dura, patria y familia, pero que ante la primera citación de la justicia abandona a sus votantes y huye en avión privado buscando refugio en el Norte.

Mientras las fronteras se vuelven permeables para los privilegios de los poderosos y rígidas para castigar a los de abajo, la lección sigue intacta: la emancipación de nuestros pueblos nunca vendrá de la mano de estos farsantes que nos gobiernan.

Cierre de la Emisión #121

Hasta aquí llegamos con esta centésima vigésima primera Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

Introducción al Informe

Apenas 48 horas después de confirmarse la derrota en el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil y la región amanecieron sacudidos por el escándalo de la presunta y sigilosa fuga del senador Flávio Bolsonaro.

Acosado por múltiples investigaciones judiciales en el Supremo Tribunal Federal (STF) (lideradas por el magistrado Alexandre de Moraes y el ministro Flávio Dino por presuntos delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, cohecho y financiamiento ilegal de campaña), el heredero político del clan Bolsonaro optó por desacatar la orden judicial que le prohibía salir de Brasil y le exigía la entrega inmediata de sus pasaportes.

Sin entregar los documentos y en medio de un hermético silencio de sus allegados en Brasilia, reportes internacionales y de los principales medios brasileños confirman su salida clandestina de Brasil rumbo a Estados Unidos, donde aliados vinculados al gobierno de Donald Trump habrían gestionado protección y asilo político.

Una fuga del siglo XVIII paso a paso

La cronología de este escape propio de un folletín de época o un thriller diplomático se desarrolló con precisión quirúrgica durante las últimas horas:

1. La embestida judicial del domingo por la noche: Tras la derrota en el balotaje, el juez Alexandre de Moraes le impuso a Flávio Bolsonaro la prohibición de salir del territorio nacional y le otorgó un plazo perentorio para entregar sus pasaportes (brasileño y diplomático).
2. El engaño mediático y el «despiste»: Durante el lunes, Flávio publicó videos asegurando que no pensaba abandonar el país y que lideraría la oposición en el Congreso, mientras operaba en sombra para coordinar su salida exprés.
3. El salto a la Triple Frontera y el operativo clandestino: Burlando los controles en Brasilia, la comitiva se desplazó hacia la región fronteriza. Testigos y reportes locales avistaron una combi gris con vidrios polarizados y chapa brasileña circulando a alta velocidad para esquivar los controles migratorios tradicionales y alcanzar la zona de pistas.
4. El avión varado en Puerto Iguazú: Un jet privado Gulfstream G400 (matrícula LV-JQW) intentó despegar desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú. Tras horas de deliberaciones, discusiones de última hora y tensiones por inconsistencias en la lista de pasajeros, la aeronave logró destrabar su salida en plena madrugada.
5. Escala y rumbo a Norteamérica: Tras completar una escala técnica de reabastecimiento en Guayaquil (Ecuador), el jet despegó a las 6:22 AM (hora argentina). El arribo de Flávio Bolsonaro y su familia al área metropolitana de Miami está previsto para las 10:39 AM (hora argentina), sellando formalmente el último tramo de la fuga para ponerse bajo el ala protectora del movimiento MAGA en EE. UU.
6. El vencimiento del plazo y la cancelación del pasaporte: Al vencer el plazo judicial sin la entrega de los documentos en Brasilia, la Policía Federal confirmó el incumplimiento y canceló de oficio su pasaporte, cuando el prófugo ya surcaba el espacio aéreo internacional.

Es la postal perfecta de la diplomacia de opereta: mientras la Casa Rosada y sus voceros se desgastan intentando sostener el relato de que el territorio nacional es un bastión inquebrantable de legalidad y control, la realidad de la Triple Frontera dejó al desnudo que las fronteras argentinas son un colador de uso exclusivo para amigos del poder regional.

La negativa sistemática del Gobierno de Javier Milei a reconocer lo que era un secreto a voces (que el clan Bolsonaro utilizó la infraestructura y la porosidad de Misiones como una pista de salida VIP) no hace más que confirmar la máxima de que este gobierno solamente miente cuando mueve los labios.

Para esta gestión, el alineamiento internacional es un discurso para la tribuna, mientras que los controles estatales se vuelven invisibles cuando hay un correligionario de la extrema derecha internacional necesitando una mano (o una pista de aterrizaje clandestina) para esquivar a la justicia.

Quedar atrapados en la mentira oficial mientras el Gulfstream G400 ya surcaba el espacio aéreo rumbo a Miami no es solo una muestra de incompetencia operativa; es la constatación de que la soberanía nacional se terceriza al mejor postor ideológico, convirtiendo a la Argentina en el aguantadero más caro y cínico del vecindario.

Lo que sigue en este culebrón brasileño

El escenario político que deja esta huida desnuda cómo el uso estratégico del aparato judicial y la narrativa del lawfare se han convertido en tentaciones irresistibles en la política brasileña:

• El lawfare como estrategia bidireccional: Tanto el PT como el PL en Brasil han sucumbido a la tentación de utilizar el Poder Judicial como la extensión definitiva de la contienda política. Si en su momento el bolsonarismo usó los tribunales y la operación Lava Jato para descarrilar y encarcelar a Lula da Silva, el Supremo Tribunal Federal y el oficialismo actual han construido un cerco judicial implacable que acorraló a los Bolsonaro hasta no dejarles margen de maniobra institucional.
• La trampa del martirismo político: La huida de Flávio le permite al movimiento construir instantáneamente el relato de la persecución política y el «exilio forzado». Aliados de la extrema derecha (como el diputado Nikolas Ferreira) ya han activado el discurso: «Si un candidato con 60 millones de votos tiene que huir del país, ¿qué seguridad le queda al ciudadano común?».
• Reconfiguración de la derecha sin el clan: La huida hacia Florida deja al clan Bolsonaro físicamente fuera de Brasil (con Jair inhabilitado, Eduardo asentado como cabildero en EE. UU. y Flávio prófugo de la justicia brasileña). Esto abre la puerta para que figuras con perfil de gestión y del «centro-derecha pragmático», como el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, intenten capitalizar el enorme caudal electoral heredado sin cargar con el lastre penal de la familia.

A modo de cierre (por ahora)

La huida de Flávio Bolsonaro marca un hito de degradación institucional, incoherencia ética y cobardía política que deja al desnudo la verdadera naturaleza del movimiento.

Para un espacio que erigió toda su identidad política bajo el eslogan ideológico de «Patria, Familia y Libertad» y que durante años exigió mano dura, cárcel y persecución inflexibles bajo la consigna de que “el que no la debe, no la teme”, la imagen del heredero político escapando por la puerta trasera del país representa la bancarrota moral definitiva del bolsonarismo.

Prometieron dar la batalla legislativa y defender a sus 60 millones de votantes desde el Congreso, pero ante la primera citación formal de la justicia prefirieron desacatar una orden judicial, eludir los controles fronterizos y buscar refugio VIP en Miami, dejando huérfano a su propio electorado mientras gozan del confort del asilo político.

El episodio deja además al descubierto la fragilidad y el cinismo de la geopolítica regional: mientras desde Brasilia se confirma la cancelación de sus pasaportes y el dictado de su rebeldía, la facilidad con la que la comitiva sorteó los controles en la Triple Frontera pone en evidencia cómo las fronteras sudamericanas se vuelven milagrosamente porosas cuando los favores políticos y la impunidad de guante blanco lo requieren.

Ahora, con la familia asentada a miles de kilómetros de distancia y bajo la cobertura del arco conservador estadounidense, arranca la etapa del exilio dorado: la de intentar dirigir la oposición brasileña a través de tuits, transmisiones en vivo y discursos de victimización, explotando la figura del “perseguido político” sin arriesgar jamás un solo día ante los tribunales de su propio país.

Todo empezó por que alguien no supo decir que no

Cuando alguien aborrece tu existencia, no descansa: busca cualquier cosa que haya flotarle en el aire para tirártela por la cabeza. En la era de la web artesanal (y también en la actual) hay gente que se esmera obsesivamente por tenerte a su merced y hacerte la vida a cuadritos.

Existe una fauna particular: esa que no tolera que sepas quién es. Te llaman desde un número privado. Tienen todo el derecho del mundo a ocultarse, por supuesto. Pero en un esquema de mutuo respeto, uno tiene exactamente el mismo derecho a no atender jamás esa llamada.

A partir de ahí, la dinámica se vuelve desquiciada. Te llaman indignados, insisten hasta que les hacés un desplante y te reclaman que “era un tema urgente”, sumando reproches cada vez más extemporáneos. Ese es el preciso instante donde hay que cortar todo tipo de contacto.

Parece drástico, pero si no lo hacés, solo se abren tres caminos hacia el mismo barranco:

1. Disculparse y esperar que no vuelva a pasar: Extendés la agonía de forma indigna. Te van a seguir peleando, recordando el incidente y agregando nuevos capítulos al expediente.
2. Tomárselo a risa para descomprimir: Para el atacante, minimizar el drama es una afrenta directa. Siente que no se lo toma en serio, que le faltás el respeto y suma mil estupideces más.
3. Ignorar la llamada sin bloquear la vía: Parece la solución genial, pero te bombardeará a toda hora. Tu teléfono pasa a ser un campo de minas y el tipo ya es parte inescindible de tu rutina diaria.

Los tres caminos terminan igual: te cansás, explotás, puteás y quedás electrocutado por un psicópata, viendo cómo tu vida social y tu tranquilidad se desgastan por el simple error de suponer que la gente actúa con buena fe.

La era del etiquetado y la prueba de fuego

En la gestión de redes sociales, los webmasters teníamos otras estrategias para estos casos. Típico: llegaba alguien exigiendo que no lo etiquetaras más en ningún posteo. Tomabas nota, lo sacabas de la base de datos o de la lista de difusión y le confirmabas que ya estaba resuelto.

¿La respuesta del odiador? Reclamar que “no tenía garantías de que no volviera a pasar” y que “etiquetar es violencia”.

Entonces venía la prueba de fuego: eliminarlo directamente de tus contactos.

A los pocos minutos, por las vías más insólitas, te llegaba el mensaje indignado reclamando por qué lo habías borrado. Al explicarle que era la única garantía real para no volver a etiquetarlo ni molestarle, saltaba el cinismo del Siglo XXI: que no podías ser “tan inhumano” y que, en realidad, si te atormentan “es por tu propio bien”.

Hoy ya se les quitó esa estupidez al usar comandos genéricos para que la info que se quiere difundir llegue al menos a tus contactos.

NUNCA DUDES DE LO DEDICADA QUE ES ESTE TIPO DE GENTE

La lección es tan corta como contundente

Hoy los Community Managers tienen todo este circo aceitado y automatizado para no poner el cuerpo. Pero estos personajes, sin haber ido a ninguna “Escuela de Stalkers”, se perfeccionan año a año y se adaptan a cualquier plataforma para seguir molestando y dañando.

No mantengas ninguna relación envenenada. Los resultados terminan siendo nefastos. Tampoco permitas que acosen a nadie en tu entorno. Esta gente encuentra en las fisuras la forma de hacer de tu vida un calvario, pero la llave para cerrar la puerta la seguís teniendo vos.

Introducción al Informe

Analizamos la gira oficial del Presidente Javier Milei a Madrid, España, realizada entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre de 2026. El jefe de Estado partió desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 23:00 del lunes 19 de octubre, arribando a la capital española en la tarde del martes 20. Estuvo acompañado por una comitiva oficial compuesta por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier.

La agenda institucional concentró sus principales actividades a lo largo del miércoles 21 de octubre, articulada en torno a los siguientes compromisos clave:

• Disertación en el Nueva Economía Fórum, llevado a cabo en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, ante empresarios y analistas económicos.
• Encuentro con el economista Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y participación en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.
• Visita a la Fundación Disenso, think tank vinculado al partido Vox.
• Reunión bilateral con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP).
• Entrevista periodística en el Hotel Hyatt Hesperia.

Sintéticamente podemos decir que el Presidente Javier Milei además de visitar a sus amiguitos en España, obviamente a costilla del Pueblo, se dedicó a seguir exportando el NOLSALP que no es gracioso en la Argentina y mucho menos en España. Tan es así, que sus agresiones ya están cansando a todes, inclusive a los aliados. Milei se hace el loco y se va y con sus actitudes brutales con la prensa le hace la vida a cuadritos a aquellos a quienes visita, es un piantavotos que ya tiene fama internacional como tal y solamente como tal.

Otro viaje inútil de Milei visitando a sus amigos ultras

A pesar de contar con el ropaje formal de un traslado de Estado, la estructura de la agenda pone de manifiesto una orientación prioritariamente partidaria e ideológica. La gira priorizó el contacto con sectores políticos de la derecha y extrema derecha española (dirigentes del Partido Popular alineados con la Comunidad de Madrid y la Fundación Disenso ligada a Vox), postergando las gestiones diplomáticas tradicionales o los acuerdos bilaterales de alto nivel entre Estados.

En lugar de construir una estrategia exterior orientada al beneficio institucional amplio de la República Argentina, el itinerario consolida la tendencia del mandatario a utilizar la plataforma del Poder Ejecutivo para insertarse en debates políticos locales de otros países, en este caso en la antesala del escenario electoral de la península ibérica.

El punto más álgido del debate público radica en la imputación presupuestaria de estos desplazamientos. La logística de un viaje presidencial (que incluye la operación de aeronaves oficiales, operativos de seguridad internacional, alojamiento, viáticos de la comitiva y traslados) representa un gasto fiscal sustancial absorbido en su totalidad por el erario público argentino (“José Pueblo”).

Existe un contraste ético y legal cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil y la oposición: mientras las actividades de los mandatarios deberían justificarse en función de intereses nacionales directos y mensurables, este tipo de desplazamientos mixtos (donde la agenda académica y militante predomina sobre la bilateral de Estado) traslada el costo del “turismo ideológico” y la proyección político-personal del Presidente a las arcas del contribuyente.

A modo de Cierre (por ahora)

El viaje a Madrid de octubre de 2026 profundiza una dinámica recurrente en la política exterior de la actual administración: la subordinación de la diplomacia profesional y de Estado a la construcción de una agenda global de corte doctrinario.

Mientras el país afronta complejos desafíos macroeconómicos y sociales en el frente interno, el uso de recursos públicos para financiar giras internacionales concentradas en auditorios afines reabre el debate sobre la responsabilidad administrativa, los límites de la representación del Estado y la verdadera utilidad institucional de este tipo de misiones diplomáticas.

Milei viaja para provocar escándalos, pensando que es gracioso, pero ya sus provocaciones molestan a propios y extraños, tampoco nadie de los manzanillos que tiene alrededor le dice que lo que hace no está bien. En España le adelantaron sus aliados que sus barbaridades los ponen en problemas a ellos.

Como buen monarca argentino seguramente subirá la apuesta a cada día como Agente del NOLSALP (No Odiamos Lo Suficiente A Los Periodistas) de vocación. Nuestro Presidente no tiene límites e irá hasta el final con sus berrinches, todos obviamente pagados por los de abajo.

Introducción al Informe

En una definición histórica que paralizó a la región, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de la República Federativa del Brasil ratificó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial frente a la boleta del Partido Liberal encabezada por Flávio Bolsonaro.

Con el escrutinio oficialmente consolidado, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso en las urnas asegurando un margen superior a los 4,4 millones de votos de diferencia, revirtiendo de manera inédita la ventaja inicial que el bolsonarismo traía desde el primer turno.

El proceso electoral registró una movilización masiva a lo largo y ancho del territorio brasileño, dejando una radiografía cuantitativa incontestable:

• Escrutinio Definitivo del Ballotage:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 64.255.891 votos (51,79%)
  • Flávio Bolsonaro (PL): 59.825.984 votos (48,21%)

• Polarización y Brecha Territorial: La geografía del voto reconfirmó la fractura social y territorial del país. Lula cimentó su victoria gracias a un aluvión en el Nordeste brasileño y a la absorción masiva de sufragios en los centros urbanos del Sudeste y el Sur (destacándose el triunfo por ajustado margen en Minas Gerais), mientras que el bolsonarismo concentró su bastión en el interior agropecuario y regiones del Centro-Oeste, resultando insuficientes frente a la movilización del oficialismo.

La Extemporaneidad de la Queja y el Ocaso de los Bolsonaro

Frente a la contundencia de los guarismos emitidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la reacción del bolsonarismo se ha desplegado mediante un abanico de pataleos judiciales y mediáticos que resultan tan desmedidos como inviables.

Tras la confirmación de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva por una brecha irremontable superior a los 4,4 millones de votos directos (51,79% frente al 48,21%), la negativa de Flávio Bolsonaro a reconocer el resultado y sus anuncios de presentaciones ante el TSE para pedir la anulación del comicio carecen de cualquier asidero fáctico o normativo.

El foco central de la impugnación bolsonarista pretendió montarse sobre la decisión cautelar del Supremo Tribunal Federal (STF) (firmada por el magistrado Cristiano Zanin) que ordenó extender dos horas el cierre de las mesas de votación en diversos distritos clave debido a fallas severas y bloqueos en las redes de transporte público que impedían la llegada de los electores a los centros de sufragio.

Calificar esta medida de equiparación de derechos como una “irregularidad atroz” o una “intervención ilegal” raya en lo ridículo: el bolsonarismo denuncia “caos jurídico” y “manipulación” por una extensión de dos horas cuando la diferencia final fue de más de 4 millones de sufragios, un abismo numérico que no se altera por ajustes operativos de última hora y que hace reír mucho por su absoluta falta de proporción.

A esta queja extemporánea sobre los horarios se le sumó la refrita narrativa contra el sistema de votación. Reeditando los manuales de conspiración agitados por Eduardo y Jair Bolsonaro en contiendas previas, la cúpula del Partido Liberal (PL) volvió a poner bajo sospecha la transparencia de las urnas electrónicas por la ausencia de comprobante impreso en papel, alegando supuestas fallas de lectura en modelos específicos y denunciando la expulsión de sus fiscales en los centros de cómputo.

Sin embargo, al igual que en las auditorías de años anteriores, la falta de pruebas materiales convierte el reclamo en una mera puesta en escena para el consumo de sus bases radicalizadas.

El verdadero trasfondo de este pataleo judicial desesperado es el desplome definitivo del capital político de la dinastía Bolsonaro. Con Jair inhabilitado y enfrentando causas penales de máxima gravedad, la derrota de Flávio en el ballotage obtura la última rendija de supervivencia ejecutiva del espacio.

Sin la caja del Estado, privados de la lapicera presidencial y desalojados del aparato de poder en Brasilia, la capacidad del clan para estructurar una alternativa nacional competitiva se disuelve, marcando el ocaso de un proyecto familiar que, tras perder el control del Estado, queda expuesto a la intemperie judicial y al aislamiento político.

La “Carne de Burro” y la Argentinofobia Explícita

El apoyar con una remerita aunque sea la Causa Malvinas, además de ser inverosímil viniendo de Lula, parece que no le trajo suerte en la primera vuelta y en segunda decidió hacer saber que la estigmatización de la Argentina es una política del Estado. Sin problemas de vergüenza como siempre, Lula se tomó el trabajo de hacer la Gran Collor e ir a fondo atacando a la Argentina, recurriendo a lo más bajo de la cultura fascista y facciosa que es muy popular en el Brasil de hoy.

Aunque la contienda se mantuvo ajustada hasta las últimas semanas, la estrategia comunicacional de la campaña estuvo cruzada por operaciones de desinformación y apelaciones chauvinistas:

• La mentira de la carne de burro: La inoculación en la opinión pública de relatos absurdos e insólitos sobre desabastecimientos extremos y consumos insalubres terminó resultando un vector psicológico determinante en sectores indecisos y volátiles. Recordemos que durante el Mundial esa era la consigna de los haters que ya sabemos claramente quien le da oxígeno.
• La Argentinofobia de Lula: A diferencia de la mesura mostrada en la primera vuelta, en el tramo definitivo del ballotage el discurso de Lula recurrió de manera directa y sin tapujos a la argentinofobia, agitando el fantasma de la crisis económica argentina como espantapájaros electoral para ganar apoyo en las clases medias brasileñas.

Lula estuvo decidido a conservar el poder como fuera necesario y si tiene que recurrir a un vomitivo no tiene inconvenientes, peor es tener perder y quedarse sin la cajita boba monstruosa del Estado brasileño. Inventar, mentir, es algo de todos los días para él ¿Por que debería cambiar su política si política si la violencia hacia la Argentina paga más? A los resultados nos remitimos.

Lula ganó el duelo de siervos británicos en el Brasil

Desde una perspectiva geopolítica rigurosa, la contienda electoral no representó una batalla entre la soberanía nacional y la dependencia externa, sino la pulseada entre dos modalidades de alineamiento con el poder colonial y trasatlántico:

• El “Siervo Británico” de Lula: Disfrazado tras la retórica de la “integración sudamericana” y la diplomacia multilateral, el gobierno de Lula ha garantizado y profundizado la asistencia logística y el reabastecimiento a los buques de la Royal Navy en puertos de Brasil, actuando como un engranaje colaborador de la infraestructura militar de la OTAN en el Atlántico Sur y dando la espalda de facto al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
• El “Siervo Británico” de Bolsonaro: Representó la subordinación directa, abierta y explícita al eje Washington-Londres, promoviendo una agenda geopolítica despojada de cualquier principio de solidaridad continental.

En definitiva, en esta contienda el Siervo Británico de Lula se impuso claramente al Siervo Británico de Bolsonaro, asegurando a las potencias anglosajonas que el establishment de Brasilia mantendrá intactos sus servicios a la ocupación en el Atlántico Sur.

Persecución Institucional y Cómplice Impunidad contra los Argentinos

El informe pone al descubierto una de las omisiones más graves de la campaña: el silencio cómplice de ambos espacios políticos frente a la persecución y los abusos institucionales que sufren los argentinos en suelo brasileño.

Ni la retórica de la “hermandad latinoamericana” de Lula ni el discurso de orden de Bolsonaro ofrecieron garantías diplomáticas para frenar la criminalización de turistas y simpatizantes por parte de las fuerzas de seguridad en ciudades como Río de Janeiro, convirtiendo cualquier viaje al país vecino en un riesgo directo para la libertad.

Esta dinámica de hostigamiento se articula a través de dos factores clave:

• La trampa judicial del “enemigo externo”: La aplicación desmedida y arbitraria de causas por supuesta “injuria racial” por parte del aparato policial se recrudeció a la par de los reveses deportivos de la selección brasileña ante la Argentina en el Maracaná. El poder local utiliza al argentino como un chivo expiatorio conveniente para canalizar tensiones y construir un enemigo externo.
• La hipocresía del aparato de seguridad: Esta persecución encubre una profunda contradicción institucional: la misma Policía Militar de Río de Janeiro que actúa con celo implacable contra los argentinos registra un 86% de abates de personas negras o pardas y un 98% de víctimas pertenecientes a favelas. Se trata de un sistema que disfraza su propia violencia racista estructural montando juzgamientos arbitrarios contra los visitantes extranjeros.

En definitiva, la impunidad con la que actúan las fuerzas de seguridad confirma que la desprotección de los ciudadanos argentinos opera como una política tácita compartida por todo el establishment de Brasilia, independientemente de quién ocupe el Planalto.

A modo de cierre

Al evaluar los modelos en pugna tras esta histórica jornada electoral, resulta evidente que la victoria de Lula da Silva no supone una ruptura con el paradigma de dependencia que el Brasil sostiene respecto al poder colonial y al imperialismo financiero y militar global.

La inercia diplomática frente al enclave británico en las Islas Malvinas y la continuidad de los protocolos de soporte a los buques de la Royal Navy en el Atlántico Sur consolidan al establishment brasileño como un colaborador estratégico de facto para la permanencia de la base militar enemiga en el archipiélago, deslegitimando cualquier discurso de integración regional.

Asimismo, la absoluta falta de propuestas para revertir la criminalización y persecución de los ciudadanos argentinos reafirma que el maltrato a nuestros compatriotas opera como un componente tácito de la agenda política local.

Este escenario obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad de construir una verdadera soberanía regional que no dependa de la voluntad ni de las conveniencias electorales de las élites que dominan el panorama político en Brasilia.

Introducción a la Emisión #32

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la trigésima segunda Emisión Regular de El Estado de las Luchas.

Desde donde la lucha nos convoque o nos lo permita, llegamos hasta ustedes luego de 32 días desde nuestro último encuentro.

En este discurso que desde hace 12 años trata de visibilizar todas las luchas de nuestro pueblo y difundirlas, en forma interactiva, creando una herramienta comunicacional al servicio de la gente de bien.

El Estado no improvisa el ajuste: lo administra con precisión quirúrgica y mano de obra tercerizada.

Bajo la pantalla de un supuesto desgobierno, nos imponen un caos muy bien organizado para vaciar los bolsillos, envenenar los territorios y blindar la opacidad militar.

¿Hasta cuándo vamos a mirar para otro lado esperando que el sistema se caiga solo?

El ajuste fiscal no es solo una planilla de Excel: es la coartada de una monarquía de cercanía impulsada por un odio patológico hacia la Educación Pública.

Mientras el Presidente se profuga a Estados Unidos para evitar el repudio local, el desprecio sistemático hacia la UBA y las universidades expone el núcleo más oscuro del Poder Ejecutivo.

El Estado avanza sobre el Pueblo con un caos muy bien organizado

El escenario actual no surge de un error de cálculo burocrático, sino de una maquinaria estatal que perfeccionó el despojo sistemático.

Desde la falsa válvula de escape de las marchas proselitistas de la izquierda institucional hasta la entrega de los territorios rurales y el blindaje de la casta militar, el engranaje del poder opera con una precisión implacable.

• La farsa del proselitismo y la autodefensa popular: La llamada “Marcha de la Bronca” evidenció una vez más la desconexión de los aparatos políticos tradicionales y partidarios que le siguen pidiendo peras al olmo, suplicándole un paro a una burocracia sindical (CGT y CTA) que pacta a espaldas de la clase trabajadora. Mientras el aparato institucional busca canalizar el malestar hacia urnas y comités electorales, la verdadera resistencia se gesta desde abajo, en la autoconvocatoria y en las calles con los sectores que combaten el ajuste real.
• El agronegocio y los mercaderes de la muerte: La Resolución 869/2026 del SENASA no es una mera actualización técnica; es la habilitación formal de un circuito de experimentación criminal. Al fijar plazos exprés de 90 días para aprobar agrotóxicos en cultivos menores y legalizar los drones de fumigación sobre escuelas y viviendas rurales, el Estado terceriza el riesgo sanitario para satisfacer a los grandes pools de siembra, convirtiendo al pequeño productor en conejillo de indias de un modelo ecocida.
• El golpe de opacidad militar: El Decreto 1205/2026 resucita la escoria normativa de la dictadura de José María Guido (Decreto-Ley 9390/1963) para declarar bajo secreto militar todas las compras, contratos y adquisiciones del Ministerio de Defensa. Con esta maniobra, eliminan las licitaciones públicas, anulan la fiscalización de la Auditoría General de la Nación y pisotean la Ley de Acceso a la Información Pública. Lejos de proteger la soberanía frente a potencias enemigas (cuando los proveedores responden a la OTAN y los datos ya los tienen los satélites extranjeros), este cerrojo presupuestario busca blindar la caja, ocultar los negociados y repetir la pesadilla de los 90 y el tráfico de armas que voló por los aires a Río Tercero.

¡Vamos a los Informes!

El Estado avanza porque nos encuentra dormidos, distraídos o esperando milagros institucionales que jamás van a llegar.

No hay soberanía posible con presupuestos secretos, ni salud alimentaria con agrotóxicos aprobados por decreto, ni liberación popular confiando en la misma burocracia que nos entregó.

La consigna histórica sigue intacta: la tierra no se vende, los negocideos militares se repudian y la única lucha que se pierde es la que se abandona.

Es hora de dejar de mendigarle gestos a los verdugos y empezar a organizar desde las bases nuestra propia trinchera de resistencia.

El Estado se consume por un odio insalvable y personal del Presidente hacia la UBA

Octubre de 2026 se convirtió en el punto de ebullición definitivo del conflicto universitario.

La pulseada desnuda a un gobierno que actúa bajo la lógica de un monarca autoproclamado, decidido a pisotear fallos judiciales, criminalizar la protesta y gobernar a puro decreto.

• La rebelión judicial y el blindaje a los funcionarios: Tras los fallos de la justicia federal que declararon inconstitucional el veto encubierto al financiamiento universitario y las multas diarias (astreintes de 100.000 pesos) impuestas al jefe de gabinete Diego Santilli por desobediencia sistemática, el Ejecutivo optó por la confrontación y la dilación. Aunque la Cámara de Apelaciones intentó otorgarle un respiro temporal al gobierno suspendiendo las multas con el pretexto de evitar un gravamen al Estado, la ilegalidad de la gestión quedó expuesta al descubierto.
• La represión y la criminalización de la protesta: Frente a las tomas pacíficas de edificios públicos (como el Palacio Pizzurno por parte de los estudiantes exigiendo respuestas ante un retraso salarial docente que ronda el 34%), el Ministerio de Capital Humano respondió con denuncias penales, persecución mediática a través de un coro de medios afines y operativos policiales que terminaron con decenas de detenidos.
• El ensañamiento patológico con la UBA: La fijación del presidente contra la Universidad de Buenos Aires sobrepasa cualquier margen fiscal: se trata de una obsesión infranormal, un ataque directo a la soberanía intelectual y a la viabilidad misma de la nación, buscando demoler el sentido crítico y la columna vertebral del pensamiento autónomo en Argentina.

¡Vamos a los Informes!

La ficción monárquica choca de frente contra la realidad de las calles colmadas y la resistencia inclaudicable de la comunidad educativa.

Ninguna fuga presidencial, ningún blindaje mediático ni ninguna orden represiva van a poder apagar la exigencia popular de defensa de la educación pública.

La historia demuestra que las tiranías de decreto tienen los días contados cuando el pueblo decide no retroceder y hacer valer sus derechos en las calles.

Cierre de la Emisión #32

Así llegamos al cierre de esta trigésima segunda Emisión Regular de este Discurso de El Estado de las luchas.

Les rogamos como siempre que no dejen de registrar, nadie puede prohibírtelo, absolutamente nadie. Mientras exista el artículo 14 de la Constitución Nacional, se van a tener que apañar los mentecatos que nos dominan.

Podés registrar todo, pero mucho ojo. Al momento de publicar te caben las generales de la Ley.

Hagamos lo Imposible sin heridos ni detenidos. Cuídense mucho que para la Revolución les necesitamos a todes.

Sin más que contarles, les abrazamos con el cariño de siempre.

Introducción al Informe

Hay que empezar parándose de frente al micrófono y rompiendo la muletilla más peligrosa, demagógica y anestésica de la política moderna: esa mentira edulcorada que repite que “el Pueblo nunca se equivoca”.

Como militantes de la memoria y de la Historia, sabemos que es exactamente al revés. El Pueblo se equivoca, y se equivoca feo. Se equivoca cuando compra discursos de sálvese quien pueda, se equivoca cuando entrega sus conquistas a cambio de promesas vacías y, sobre todo, se equivoca cuando se duerme.

Hoy no hay una marea humana rodeando los ministerios ni una pueblada exigiendo explicaciones frente a la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 1205/2026, una medida que viene a reinstalar el “Secreto Militar” sobre todas las contrataciones, compras de armas, pertrechos y tecnología destinadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa.

La trágica realidad de este momento es que una trenza corporativa de militares, políticos y jueces montó un golpe de opacidad en la cara de millones de personas, resucitando el Decreto Ley 9390 de 1963 dictado durante la dictadura de José María Guido para saltearse las licitaciones públicas, eliminar la fiscalización de la Auditoría General de la Nación y anular la Ley de Acceso a la Información Pública.

Y ante semejantes maniobras, la sociedad civil se quedó mirando con ojos de huevo, paralizada, distraída y en silencio.

Ese aletargamiento no es “sabiduría popular incomprendida”; es una equivocación histórica trágica por omisión. Los bribones de siempre conocen perfectamente la psicología del cansancio social. Saben que cuando la gente está abrumada tratando de sobrevivir al día a día, se genera el escenario idóneo para meter un golazo de media cancha, desempolvar normativa de dictaduras pasadas, cerrar los libros de contabilidad del Estado y privatizar el manejo de las armas sin que nadie mueva un solo dedo.

Reconocer este adormecimiento no es derrotismo: es el diagnóstico indispensable para cualquier lucha real. El primer paso para romper una cadena es admitir que nos durmieron como los mejores hace por lo menos 63 años.

El Decreto 1205/2026 y la resurrección de la escoria autoritaria

Es en este marco de pasividad y equivocación colectiva donde el Poder Ejecutivo asestó el golpe institucional con el Decreto 1205/2026. Con una firma de trazo grueso, el Estado declaró bajo la categoría de Secreto Militar todas las contrataciones, compras y adquisiciones de equipamiento destinadas a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa.

Para armar semejante cerrojo presupuestario sin pasar por el Congreso Nacional, la burocracia desenterró el Decreto Ley 9390 de 1963 y lo empalmó con las excepciones de la Ley de Defensa Nacional. Bajo la pantalla formal de “resguardar la capacidad operativa” y “cumplir con cláusulas de confidencialidad de corporaciones extranjeras”, se le otorgó al aparato militar la potestad absoluta de eliminar las licitaciones públicas, habilitando la compra directa, la adjudicación a dedo y la discrecionalidad total en el manejo de las partidas presupuestarias.

Al mismo tiempo, se oculta la trazabilidad de los fondos, clausurando el acceso público a los montos en dólares comprometidos, las cantidades de material, los países de origen y la identidad de las empresas o intermediarios beneficiados.

Todo esto se hace extrayendo estas operaciones de la órbita de la Ley de Acceso a la Información Pública y neutralizando la fiscalización de la Auditoría General de la Nación y del Poder Legislativo.

El peligro operativo de este decreto no se agota en la corrupción económica. Al ocultarle a la sociedad qué se compra, se pierde de vista si el material adquirido es para la defensa soberana de las fronteras o si se están importando tecnologías de ciberpatrullaje, equipamiento de inteligencia y material de disuasión pensado para la contención de la protesta social interna cuando el hambre aprieta.

La falacia del Secreto Militar y el negocio de la sombra

La coartada oficial repite hasta el cansancio que el secreto es necesario para “no alertar a las potencias enemigas”. Esa es una mentira infantil diseñada para incautos. En el mercado geopolítico real, los satélites, las agencias de inteligencia globales y el propio complejo industrial-militar angloamericano conocen al detalle cada tornillo, cada radar y cada munición que se compra en el Atlántico Sur antes de que se seque la tinta del contrato.

Muchos de los proveedores a los que se les compra responden de manera directa o indirecta a la estructura de la OTAN. Por lo tanto, el Reino Unido y sus aliados tienen la planilla de embarque sobre la mesa mucho antes que cualquier legislador argentino. La pared del Secreto Militar no se levanta para taparle los ojos al enemigo externo: se levanta para taparle los ojos al Pueblo argentino.

Se le oculta a la ciudadanía para que no pueda ejercer el control de la caja; se le oculta a los trabajadores para que no sepan cuánto dinero se desvía del presupuesto social hacia los negocios de la defensa; y se le oculta al periodismo de investigación para blindar las comisiones millonarias que cobran los intermediarios de siempre.

El Secreto Militar en el manejo de las partidas públicas nunca protegió la soberanía de la Patria; siempre protegió el bolsillo del funcionario que firma y la impunidad del negociante que cobra.

La memoria de la traición: de los noventa a Río Tercero

Esta opacidad resucitada conecta de forma directa con la herida más vergonzosa de nuestra historia reciente: el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia en la década de los noventa. En aquel momento, bajo el amparo de Decretos Secretos firmados entre gallos y medianoche, las cúpulas políticas y militares desmantelaron los arsenales de Fabricaciones Militares para venderle armamento a Ecuador mientras ese país se desangraba en el conflicto del Cenepa contra el Perú.

Esa maniobra no solo significó una traición vil a la Patria Grande y al hermano pueblo peruano (que había puesto el pecho y sus propios aviones por la Argentina durante la Gesta de Malvinas), sino que terminó costando vidas argentinas en nuestro propio suelo. Para tapar los faltantes de los arsenales y borrar las huellas del contrabando amparado en el secreto de Estado, no dudaron en hacer volar por los aires la ciudad de Río Tercero, sembrando la muerte y el terror entre la población civil.

Aquel crimen histórico dejó una lección marcada a fuego: cada vez que el Estado exige “secreto” para comprar o mover armas, lo que se incuba en las sombras es la estafa, la traición geopolítica y el dolor de los de abajo.

A modo de cierre (por ahora)

Llegamos al punto donde no hay más margen para las excusas ni para la autocomplacencia. El Decreto 1205/2026 no es un accidente ni una ocurrencia repentina: es el cobro de la factura de nuestra propia negligencia colectiva.

En 1983, con el retorno de la democracia formal, la sociedad argentina debió haber exigido la derogación y la quema pública de toda la basura normativa heredada de los regímenes de facto. Decretos como los de Onganía o las leyes de secreto de la década del sesenta debieron ser incinerados para siempre.

Sin embargo, nos dormimos. Nos equivocamos dejando que esas herramientas autoritarias quedaran durmiendo en los cajones de la burocracia estatal, esperando que algún funcionario con vocación de sombras las desempolvara para usarlas contra el pueblo. Y la regla de la Historia no perdona: toda herramienta de control que el Estado no destruye, la termina reutilizando contra la sociedad civil.

No hay soberanía ni democracia real posible con presupuestos secretos, compras militarizadas a espaldas de la gente y un pueblo mirando la televisión con ojos de huevo mientras le quitan las libertades individuales.

La soberanía no es un relato para las fechas patrias ni un cheque en blanco que se entrega cada dos años en una urna; la soberanía se defiende en la calle, con la memoria despierta, la autocrítica dura y el rechazo frontal a cualquier intento de institucionalizar la sombra.

Si no nos ponemos de pie para exigir la derogación inmediata del Decreto 1205/2026 y la apertura de todos los libros del Estado, el mensaje que le enviamos a la casta política y militar es que tienen la cancha libre para el próximo zarpazo.

La lección final es una sola y no admite matices: espacio de libertad, de transparencia y de derecho que el Pueblo abandona por cansancio, error o distracción, es espacio que el aparato de coerción estatal toma, consolida y confisca para siempre.

En una resolución dictada este 16 de octubre de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal otorgó una descarada bocanada de aire al Poder Ejecutivo.

Los camaristas hicieron lugar a un recurso de queja presentado por el Ministerio de Capital Humano, concediendo con efecto suspensivo la apelación contra las sanciones conminatorias que pesaban sobre la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La medida deja en pausa el contador económico que había ejecutado el juez de primera instancia, Martín Cormick, quien intimó a Diego Santilli con una multa diaria de cien mil pesos por la desobediencia sistemática ante las cautelares firmes que exigen la actualización presupuestaria para la educación superior.

Para fundar este salvavidas judicial, la alzada recurrió al trillado argumento de evitar un presunto gravamen irreparable al Estado. Sin embargo, los propios magistrados debieron asentar en el fallo que su resolución no implica dar por cumplida la medida cautelar ni avalar la conducta del Ejecutivo.

En los hechos, se trata de una maniobra dilatoria y servil que busca aplacar la indignación popular mientras la sociedad civil se moviliza masivamente. Al parecer, el poder político y sobre todo el Poder Ejecutivo nunca debe dejar de contar con aliados en el Poder Judicial, de esos agradecidos por los beneficios de pertenecerle.

Duró poco la severidad del fallo original. Habrá que ver si aquí terminaron los problemas para el Gobierno, porque si continúa sin cumplir la ley, que se olvide: no le quedan más chances ni atajos procesales que efectivizar lo adeudado de forma tan miserable por Milei y su caterva.

Introducción a la Emisión #120

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la centésima vigésima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 13 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

Mientras el Primer Magistrado de la República prefiere profugarse a los Estados Unidos para sacarse fotos de utilería, la realidad institucional de la Argentina estalla en su propio frente interno.

La Quinta Marcha Federal Universitaria desbordó las calles y plazas de todo el país, pero el verdadero masaso no vino solo del asfalto: el fuero Contencioso Administrativo Federal le puso nombre, apellido y un contador en efectivo a la desobediencia oficial.

Al gobierno del veto y el decreto permanente se le acaba el margen: cuando la ley se pisa, el costo se vuelve patrimonial y la resistencia popular se transforma en un mandato histórico.

Cuando un operador paraestatal se filmó desde las entrañas del Palacio de Itamaraty rompiendo un decreto argentino, no ejecutaba una simple patotería de redes: activaba el código rojo de Planalto para tapar las derrotas del régimen brasileño.

Entre la frustración de perder la paternidad futbolística en el propio Maracaná y la complicidad logística con la ocupación británica en las Islas Malvinas, el aparato de Lula da Silva envía a sus mercenarios digitales a sembrar odio antiargentino.

Frente al acoso sistemático y la agitación paraestatal, el Estado argentino responde con el circo de la deportación y un decreto inconstitucional que atenta contra las libertades individuales.

Ni la diplomacia de salón ni el show del garrote libertario van a tapar la matriz patriarcal y colonial de una misma cloaca política.

Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

La embestida judicial y la calle acorralan al absolutismo de Javier Milei

El conflicto por el financiamiento de la educación superior escaló a un punto de no retorno. Ante el desprecio sistemático por la recomposición salarial docente y el vaciamiento presupuestario, la justicia federal intervino tras la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La declaración de inconstitucionalidad de las maniobras del Ejecutivo y la inaplicabilidad de la excusa del “déficit cero” para suspender mandatos republicanos dejaron al descubierto una estrategia de gobierno basada únicamente en la dilación y el desacato.

• La llave de las astreintes: En una resolución determinante, el juez Martín Cormik impuso sanciones conminatorias de $100.000 diarios sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por desobedecer las cautelares vigentes. Las astreintes (figura procesal del artículo 804 del Código Civil y Comercial) no son indemnizaciones ni penas fijas: son un medio de coerción económica acumulativo, diseñado para doblar la voluntad del rebelde procesal. La rebeldía ya no sale gratis.
• El coro mediático y la represión: En paralelo al despliegue en las calles, el aparato mediático oficialista y la corrección burguesa activaron el mismo libreto perimido: la cacería del infiltrado y la estigmatización de los manifestantes. El saldo de detenidos en las movilizaciones expone a un Estado que utiliza las fuerzas de seguridad no bajo el control republicano, sino como el brazo armado de su propia ilegalidad.
• Invalidez de la “obediencia debida”: Bajo el marco normativo y los tratados internacionales, ningún protocolo dictado entre gallos y medianoche ampara la ejecución de órdenes manifiestamente ilegales contra el pueblo. El efectivo o funcionario que ejecuta el atropello inconstitucional se convierte en coautor y cómplice punible de la tiranía estatal.
• Obsesión contra la UBA: El ensañamiento contra la Universidad de Buenos Aires y el sistema universitario nacional trasciende el debate presupuestario. Revela una fijación patológica por desmantelar la soberanía intelectual y la estructura misma del Estado de derecho.

¡Vamos a los informes!

El intento de someter las instituciones al capricho de un decreto perpetuo encuentra su límite infranqueable en dos frentes: el taxímetro implacable de la justicia sobre el bolsillo de sus funcionarios y la marea humana que desborda las plazas de todo el país.

Ningún viaje de propaganda, ninguna cacería mediática ni ningún garrote policial van a torcer la convicción de un pueblo que entiende que la universidad pública no se negocia en el mostrador del ajuste.

Frente a las arbitrariedades monárquicas y los atropellos de la autocracia, la defensa de la legalidad y la resistencia en las calles son el único mandato soberano.

Actualización informativa

En una resolución dictada este 16 de octubre de 2026, la Sala Tres de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó una bocanada de aire al Gobierno nacional al suspender de manera provisoria las astreintes contra el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El tribunal hizo lugar al recurso de queja presentado por Capital Humano luego de que el juez Martín Cormick ordenara hacer efectiva la multa diaria de cien mil pesos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Al parecer, el Poder Político y sobre todo el Poder Ejecutivo nunca debe dejar de contar con aliados en el Poder Judicial, de esos agradecidos por los beneficios de pertenecerle. Duró poco.

Habrá que ver si aquí terminaron los problemas para el Gobierno, porque si no cumple, que se olvide: no le quedan más chances que efectivizar lo adeudado de forma tan miserable por Milei y su caterva.

Otra vergüenza más que involucra a políticos y jueces que recuerdan lo que dice el Talmud y sobre todo lo de: “¡Ay, de la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados!”.

El Caso de Rogério Tomaz Jr., la Frustración en el Maracaná y el Código Rojo de Planalto

El 12 de octubre de 2026, el militante del Partido dos Trabalhadores (PT) y operador digital Rogério Tomaz Jr. fue reembarcado hacia Brasil tras notificársele en el Aeroparque Jorge Newbery la cancelación de su residencia y la prohibición de reingreso por 5 años.

Sin embargo, su accionar venía desplegándose tiempo atrás mediante campañas de hostigamiento contra la divulgadora mendocina Kalípolis, amedrentamiento territorial y la fabricación de falsas denuncias sobre persecución a estudiantes brasileños en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, sin aportar un solo testimonio o prueba material.

1. La cortina de humo sobre Malvinas y el Maracaná: El encendido de las campañas de denigración antiargentina por parte del aparato de Planalto coincide matemáticamente con dos frentes de humillación: la pérdida de la supremacía deportiva de Brasil al caer consecutivamente ante la Selección Argentina en el Maracaná, y la necesidad de desviar la atención sobre la servidumbre logística del gobierno de Lula a la Royal Navy británica, permitiendo el reabastecimiento en Río de Janeiro de los buques que sostienen la usurpación en Malvinas.
2. Violencia de género y encubrimiento ideológico: La agresión en redes del operador brasileño (“E ainda voltó a molar en Mendoza”) constituyó un acoso territorial directo contra Kalípolis. Tanto la derecha libertaria —que manipuló las traducciones para montar un circo patriotero sobre el “insulto a la patria”— como la bancada oficialista brasileña desestimaron la gravedad del acoso, refugiando al agresor en la impunidad de la disputa ideológica.
3. El DNU 681/2026 y el garrote liberticida: El uso del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026 para fundamentar la expulsión constituye una aberración jurídica. La introducción de tipos penales elásticos como “mensajes de odio” viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos e instaura un peligroso derecho penal de autor. Validar este instrumento de censura porque hoy se descargue sobre un esbirro de Planalto implica aceptar la herramienta con la que mañana el Estado perseguirá a cualquier disidente.
4. La matriz delatora del ciberpatrullaje: La actuación de estos operadores responde a la misma genética represiva de los delatores estatales de los años 70: cambiaron las patotas de la dictadura por el linchamiento digital y el ciberpatrullaje, buscando la destrucción civil del adversario bajo el amparo y el financiamiento del Estado extranjero.

¡Vamos a las imágenes!

Reducir todo este montaje a la figura de un provocador reembarcado en Aeroparque sería morder el anzuelo más elemental del espectáculo político. Rogério Tomaz Jr. no es más que un fusible intercambiable, un peón de bajo presupuesto que sale a jactarse en Guarulhos de su propia deportación para alimentar la narrativa victimista de su empleador.

El responsable intelectual y estratégico de este dispositivo de amedrentamiento es Luiz Inácio Lula da Silva y el aparato de poder de Planalto, que utilizan la argentinofobia para tapar su servilismo colonial ante la corona británica y la carnicería cotidiana de sus fuerzas de seguridad en las favelas.

Del otro lado, el gobierno argentino responde con la mediocridad de un decreto liberticida que viola libertades fundamentales en lugar de ejercer una verdadera soberanía nacional.

La soberanía no se defiende imitando la lógica persecutoria del enemigo ni validando herramientas de censura; se defiende denunciando sin eufemismos a las potencias usurpadoras, a sus colaboradores regionales y a los aparatos paraestatales que sirven de fachada a la impunidad.

Cierre de la Emisión #120

Hasta aquí llegamos con esta centésima vigésima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

Introducción al informe

Que este 15 de octubre de 2026 el Primer Magistrado de la República prefiera profugarse a los Estados Unidos para sacarse fotos de utilería mientras la Justicia Federal lo acorrala por delincuente procesal y la calle se la copa la Quinta Marcha Federal Universitaria, no es un accidente de gestión: es la confirmación de un gobierno atorado en su propia megalomanía.

Javier Milei no gobierna; delira un absolutismo de opereta. Mientras se pretende monarca por encima de la Constitución y de las sentencias firmes, el fuero Contencioso Administrativo Federal le puso la firma a su ilicitud y la marea humana que desbordó las plazas de todo el país le demolió el relato.

Para que no queden dudas sobre la envergadura del descalabro institucional y represivo que vivimos en esta jornada de lucha, desmontamos los cuatro ejes centrales que la casta oficialista pretende ocultar:

1. El choque institucional: La fuga presidencial a EE.UU. frente al torniquete de las astreintes (el contador implacable de $100.000 diarios sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete, Diego Santilli) que expone la abierta rebeldía del Ejecutivo contra el fuero federal.
2. El coro mediático de los Vigilantes: C5N y el aparato mediático masivo jugando otra vez al vigilante con la caza del “infiltrado”, y las fuerzas de seguridad operando como brazo armado de la ilegalidad estatal.
3. La falacia de la obediencia debida: La demolición jurídica de la impunidad de las órdenes infames y la responsabilidad penal que pesa sobre quien ejecuta el atropello contra el pueblo.
4. La fijación infranormal contra la UBA: El ensañamiento patológico contra la Universidad Pública como un peligro real para la existencia misma del Estado nacional.

La terquedad monárquica y el frente judicial

Mientras las columnas de la Quinta Marcha Federal Universitaria colmaban los accesos y las avenidas principales demostrando que la sociedad civil no capitula, la respuesta del Poder Ejecutivo volvió a ser la cobardía administrativa y la fuga.

Con Milei rindiendo pleitesía en suelo norteamericano, el Gobierno pretende ignorar que la Justicia Federal le está marcando el terreno a fuerza de fallos e intimaciones.

La aplicación de las astreintes (sanciones conminatorias que corren día a día contra el patrimonio del Jefe de Gabinete por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y las cautelares vigentes) muestra a un régimen atrincherado en la ilicitud: prefiere dilapidar recursos y comprometer los bolsillos de sus funcionarios antes que someterse al imperium de los Tribunales.

El Juego del Vigilante y la Quimera de los Infiltrados

Al final de la tarde, la Policía inició el operativo represivo que dejó un saldo de al menos 21 detenidos, privados de su libertad por exigir que el Presidente deje de pasarse la Ley por las partes.

Porque Su Majestad, Javier Gerardo Milei, no admite que sus deseos no se parecen a la Ley y prefiere meter palos que hacer lo que corresponde.

Resulta sintomático ver el encuadre de la mayoría de los medios masivos (con C5N a la cabeza del coro de la corrección burguesa) jugando otra vez al vigilante.

Ante cada manifestación popular masiva y cada reclamo legítimo, la narrativa oficialista y paraoficialista activa el mismo libreto gastado: la búsqueda desesperada del “infiltrado”, la estigmatización de la juventud organizada y la victimización preventiva del aparato represivo.

Ya lo vivimos en su momento con la persecución y el armado de causas contra militantes como Milton y Enéas; hoy la fórmula se repite sin disimulo.

La policía ya no actúa como un cuerpo de seguridad bajo control republicano, sino como el brazo ejecutor de un Estado que violenta la ley de manera explícita y sistemática para garantizar el amedrentamiento.

La falacia de la “obediencia debida”

Es preciso remarcarlo desde una perspectiva jurídica y política inflexible: si alguna vez pretendió existir la “obediencia debida” para justificar el atropello contra el propio pueblo, hoy la legislación, los tratados internacionales y la Jurisprudencia la reprueban categóricamente.

Ningún uniforme, ninguna orden superior ni ningún protocolo de seguridad dictado entre gallos y medianoche pueden servir de escudo para amparar la ejecución de actos manifiestamente ilegales contra la ciudadanía o el derecho a la protesta.

Cuando el mandato de la autoridad se vuelve ilegítimo, arbitrario e inconstitucional, la ejecución sumisa de esa orden convierte al efectivo en coautor de la ilegalidad.

La obediencia ciega a una tiranía de decretos y desacatos no es un deber profesional: es una complicidad punible.

Un odio infranormal contra la Universidad Pública

La fijación del Presidente contra la Universidad de Buenos Aires y el sistema universitario nacional ha sobrepasado cualquier margen de discusión fiscal o presupuestaria; se trata de una obsesión que roza lo infranormal si es que alguna vez existió una vara de normalidad en la política argentina.

Venimos sosteniendo en estas páginas que el ensañamiento con la UBA no es una búsqueda de eficiencia: es una amenaza directa a la soberanía intelectual y a la viabilidad misma del Estado nacional.

Milei pretende dar esta batalla cultural incluso contra esa entidad fantasiosa y profundamente reaccionaria a la que los analistas de comité llaman “sentido común” (esa Doña Rosa colectiva que prefiere el desmantelamiento de las aulas antes que admitir la derrota del dogma fiscalista).

A modo de cierre (por ahora)

Ahorcado por las calles repletas en esta Quinta Marcha Federal, apretado por las sanciones conminatorias que corren como un taxímetro implacable en los tribunales federales y acorralado por el rechazo transversal de la comunidad educativa, científica y trabajadora, el Gobierno intenta la fuga hacia adelante.

Pretenden gobernar mediante el desacato sistemático, como si la voluntad de un Ejecutivo encerrado en su dogma pudiera estar por encima del mandato constitucional y de las sentencias firmes. Sin embargo, la ficción monárquica encuentra su límite infranqueable en la realidad: ni la persecución mediática ni la represión en las calles han logrado amedrentar a una sociedad que entiende que defender a la Universidad Pública es defender la existencia misma de la Nación.

Aunque las astreintes le imponen un torniquete fáctico y un costo patrimonial ahogante a la bravuconada administrativa de sus funcionarios, nadie prevé que el maula vaya a clavar las guampas por una repentina convicción republicana o un arrebato de cordura institucional. Lo hará, si acaso, cuando la acumulación de la rebeldía popular en las plazas y la presión asfixiante de la Justicia tornen absolutamente insostenible la pretensión de convertir al país en su feudo personal.

La jornada de este 15 de octubre dejó un mensaje rotundo que trasciende cualquier cálculo de gabinete: los derechos no se negocian en el mostrador del ajuste ni se entregan ante el garrote del Estado.

La historia argentina es terminante al respecto: frente a las tiranías de decreto y las órdenes infames, la resistencia del pueblo no es solo un derecho constitucional, es un mandato histórico.

Si sos abogado o no, no tengas vergüenza de decirlo: difícilmente sepas lo que son las astreintes. Generalmente es un “peludo de regalo” que le cae a los abogados y que en tiempos en que atendía una librería de la calle Talcahuano me hacía ver como un Heraldo Dorado al sacar de la estantería el tomo de El Proceso Atípico de Peyrano y Chiappini (Editorial Universidad), que también trataba otro dolor de cabeza como la litiscontestatio (pero esta última ya tendrá lugar en otro momento).

Lo cierto es que el astreintes ha cobrado notoriedad por el multón que a pulso se ganaron el Presidente de la República, Javier Milei, y el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli.

Origen y naturaleza: La llave francesa de los jueces

Para entender qué es el astreintes (palabra de origen francés que proviene del latín astringere, que significa “apretar”, “compeler” o “constreñir”), hay que entender cómo funciona el poder de la Justicia.

Un juez puede dictar una sentencia o una medida cautelar impecable, pero si la persona o el organismo obligado decide cruzarse de brazos y desobedecerla, la orden judicial se transforma en un papel mojado. Para evitar que la autoridad de la ley sea un mero adorno, el derecho procesal creó las sanciones conminatorias o astreintes (incorporadas en nuestro Código Civil y Comercial en el artículo 804).

No son una pena ni una multa fija por un delito ya cometido: son un medio de coerción económica progresiva y acumulativa. Se aplican por cada día (o período) de demora que el deudor o funcionario se niega a cumplir con lo ordenado.

Las 4 claves para entender cómo funcionan (y por qué asustan)

Para no perderse en el enredo leguleyo, las astreintes tienen cuatro características fundamentales que las convierten en el terror de cualquier rebelde procesal:

• Son conminatorias, no indemnizatorias: Su objetivo no es saldar la deuda original ni compensar a la víctima, sino doblegar la voluntad de quien se niega a cumplir. Buscan que al reticente le salga tan caro desobedecer que no le quede otra alternativa que acatar la orden.
• Son provisionales y revisables: El juez puede aumentar el monto si ve que la suma impuesta no logra conmover al obligado, o bien reducirlo o dejarlo sin efecto si el rebelde finalmente cumple y justifica válidamente su demora.
• Son acumulativas y diarias: Se fijan por día de retraso. Una cifra que parece modesta de entrada (como $100.000 diarios) se convierte en una bola de nieve millonaria a medida que corren las semanas.
• No requieren daño probado: A diferencia de una indemnización por daños y perjuicios donde hay que probar el perjuicio ocasionado, las astreintes se aplican por el solo hecho objetivo de la desobediencia al mandato judicial.

De la teoría a la Casa Rosada: El caso Santilli y el financiamiento universitario

En el plano teórico, el Estado suele escudarse tras burocracias infinitas para estirar los plazos. Sin embargo, la resolución emitida por el juez Martín Cormick en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal le puso nombre y apellido a la sanción: el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

Al hacer efectivo el apercibimiento con una multa de $100.000 pesos por cada día de mora frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y las cautelares vigentes, el fuero federal activó la herramienta más temida por el Poder Ejecutivo. Ya no se trata de una discusión abstracta sobre el déficit cero o una partida presupuestaria: es un contador en efectivo que corre día a día en la cuenta del funcionario responsable.

Así, aquella figura procesal casi mitológica que desvelaba a los litigantes y que brillaba en los tomos de Jorge Peyrano en las estanterías de la calle Talcahuano, se convirtió hoy en la herramienta central con la que la Justicia intenta ponerle un freno a la rebeldía institucional.

En una resolución emitida el 14 de octubre de 2026, la Justicia federal decidió apretarle el bolsillo al Ejecutivo: el juez Martín Cormick le impuso multas diarias de 100.000 pesos a la Jefatura de Gabinete por desobedecer de manera sistemática una cautelar que obliga a cumplir con el financiamiento universitario.

En estos momentos el Presidente de la Nación se encuentra en otro viaje de propaganda política en los Estados Unidos, apoyando a Trump y a Bolsonaro, pero las cosas a nivel local se le están complicando demasiado. En vísperas de la 5° Marcha Federal Universitaria y antes de la colocación de una sola pancarta Milei recibe un durísimo mazazo judicial, dejándolo sin argumentos en ningún lado para seguir haciéndose el oso con los pagos.

La judicialización del reclamo y este fallo ponen de relieve una estrategia oficial caracterizada por la abierta reticencia a acatar el marco normativo. Tras la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la ratificación del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal (respaldada también por los tribunales superiores), el gobierno de Javier Milei ha optado por desoír las mandas judiciales relativas a la actualización de los salarios docentes, no docentes y de las partidas para becas.

Lejos de encauzar una solución presupuestaria o regularizar los fondos, el Gobierno Nacional ha respondido con dilaciones, negativas públicas de sus funcionarios y recursos dilatorios, intentando plantear que la ley se encuentra “interrumpida” por su pulso de ajuste fiscal absoluto.

Ante la serie de incumplimientos sucesivos y la negativa constante a cumplir con lo dictaminado, el magistrado no solo hizo efectivo el apercibimiento con astreintes (multas diarias) al Jefe de Gabinete, Diego Santilli, sino que advirtió que tanto los montos como la nómina de funcionarios alcanzados podrían ampliarse si persiste la rebeldía oficial.

La conducta del Ejecutivo, que insiste en pasarse por las partes las leyes y las resoluciones de la Corte, transforma el conflicto por los fondos de la Educación Superior en una crisis institucional profunda.

En esta pulseada ya no se disputa únicamente en el terreno político o en las masivas protestas de las calles, sino que comienza a golpear de manera directa con costos monetarios y responsabilidades a los funcionarios que eligen desobedecer la Ley.

¿Qué son las astreintes y por qué hacen temblar a los funcionarios rebeldes?

📌 Para profundizar:

Leé la guía explicativa y la anécdota de mostrador por El Heraldo Furioso haciendo click acá.

Introducción al Informe

A fines de julio de 2026, el parapolicial digital y militante orgánico del Partido dos Trabalhadores (PT), Rogério Tomaz Jr., ejecutó una provocación planificada contra la República Argentina.

Desde el Anexo II del Palacio de Itamaraty en Brasilia —el emblemático edificio conocido como el “Bolo de Noiva”, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil—, el operador se filmó exhibiendo el texto del Decreto N° 681/2026 impreso en las propias oficinas del Estado brasileño y lo rompió frente a la cámara.

Eso fue un acto de bravuconería propio de quien es un miserable alcahuete de Estado; algo a lo que ya estamos acostumbrados en la Argentina: que te patoteen ensobrados amenazándote con el poder de su país, todo ello porque Milei insultó a Lula (o los parapoliciales suponen que lo hizo en Brasil).

Esta práctica de Lula es el equivalente exacto a su postura respecto de la Causa Malvinas: ponerse una remerita para la gilada y para la foto militante mientras, como ya demostramos suficientemente en este espacio, su gobierno opera como un alto lacayo imperial funcional a la ocupación británica en nuestras Islas Malvinas.

Sintetizando: Lula te sonríe en público y te mata a traición si le das la chance en privado. No le importa ser esclavo del Reino Unido, lo que no quiere es que se sepa cómo realmente es en esencia.

Que alguien insulte decididamente al Gobierno de un país vecino desde las entrañas edilicias del Poder Ejecutivo permite suponer que el susodicho no es más que un parapolicial del Estado que lo apaña, actuando como brazo ejecutor de una operación de interferencia con la mirada puesta en las elecciones del próximo domingo 25.

La derecha argentina (no peronista, sí mileísta), valiéndose de un traductor automático de morondanga y de una manipulación deliberada, distorsionó el sentido del tuit del parapolicial. Al escribir “Teu país é a putaquepariu”, el uso del verbo “é” demuestra que su exabrupto iba dirigido de forma explícita al país y no a la persona de la divulgadora mendocina Kalipolis (a quien acosaba y hostigaba por otros medios). Con esta jugada patriotera, montaron el circo del “insulto a la Patria” para tapar la verdadera gravedad de su accionar machista.

En esa maniobra de encubrimiento, omitieron conscientemente que la frase rematadora, “E ainda volto a morar em Mendoza”, constituye una amenaza directa de reincidencia y acoso territorial: sabiendo que ambos compartieron radicación en la misma provincia, el tipo utilizó su conocimiento del territorio local para amedrentarla con la promesa de su retorno, una táctica clásica de stalking y hostigamiento para infundir temor en la vida cotidiana de su víctima.

Sus actos violan abiertamente las leyes de violencia de género de la Argentina, un punto que no parece preocuparle ni a Milei ni a ningún periodista ensobrado de la grieta. Esto es infinitamente más grave que un cruce en redes y no merecía una simple deportación administrativa por la puerta de atrás, sino que fuera procesado y encarcelado por violencia de género y acoso.

Como vimos en el caso de la retención e imputación de Agostina Páez en Brasil (acusada de injuria racial tras responder al acoso de varios locales en una situación claramente provocada) a una ciudadana argentina un gesto o exabrupto verbal en suelo carioca le vale la privación inmediata de la libertad bajo el peso estricto del machismo cultural del Código Penal brasileño.

En su intento por tapar la gravedad del acoso cometido, este operador recurrió al típico manotazo de ahogado del matón digital: disfrazar la agresión machista de “lucha ideológica”.

Con la prepotencia propia de quien se sabe respaldado por el aparato estatal, pretendió adoctrinar a su víctima exclamando: “«mi país» ¡las pelotas! No sos dueña de Argentina y tu gobierno facho y filonazi va a pasar, con el estafador criptochorro yendo a la cárcel junto con buena parte de sus trolls pagados con la plata del pueblo argentino”.

Un ejercicio descarado de cinismo y proyección psicológica, donde un parapolicial a sueldo de Brasilia acusa de “troll pagado” a cualquiera que le marque un límite, mientras insiste en patotear e intimidar a una ciudadana en su propia tierra.

En contraste, cuando un operador y parapolicial brasileño se despliega en Buenos Aires para hostigar y amedrentar impunemente a una historiadora, docente y pionera de la divulgación en redes como Kalipolis, la única respuesta institucional de este lado de la frontera es una tibia deportación administrativa, limpia de antecedentes penales.

En algo terminan coincidiendo las estructuras de Estado a ambos lados del río: en la naturalización del amedrentamiento y la protección de la impunidad del agresor.

Frente a la violencia de género y el hostigamiento, las diferencias ideológicas entre las administraciones de Brasilia y Buenos Aires se disuelven en la misma matriz patriarcal e institucional.

Desde Locomoción TV no podemos defender a nadie en este duelo de jetones y ParaKos AlKahuetes del Estado.

Lula y Milei son lo mismo.

Tras la firma de la resolución migratoria el 5 de agosto, hoy, 12 de octubre de 2026, al intentar ingresar al país por el Aeroparque Jorge Newbery, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) le notificó la cancelación de su residencia y la prohibición de reingreso por 5 años, reembarcándolo hacia Brasil.

En su propia confesión pública al ser deportado (ostentando la expulsión como si fuera un “trofeo”) este parapolicial admitió sin tapujos que su destino final era Brasilia y dejó al desnudo su confesado odio hacia nuestro país al agitar el fantasma de “no convertirnos en una Argentina”. Es la utilización de la Argentina misma como despectivo y amenaza. Y parece que hay quienes aún no ven la mano de Lula detrás de esto, y mucho menos ven el cheque.

Con esa misma matriz fabuladora, cuando tiempo atrás montó una campaña denunciando supuestas “amenazas a estudiantes brasileños en la Facultad de Medicina”, no aportó ni registró un solo testimonio ni prueba material para fundamentar sus falsas acusaciones: pura agitación paraestatal fabricada en el aire.

En Locomoción TV no practicamos la diplomacia de salón ni nos dejamos encandilar por el circo gubernamental. Este informe demuestra la correlación exacta entre los momentos de mayor humillación política y deportiva del régimen brasileño y el encendido de estas campañas de odio.

Asimismo, fijamos una posición irrenunciable sobre la respuesta estatal: rechazamos de plano el DNU 681/2026, una norma inconstitucional que, aun cuando se descargue sobre un sujeto que ejecuta el Código Rojo de su amo en el Planalto, sigue siendo un instrumento de censura arbitrario y peligroso.

Esta es la trama de cómo se cruzan los caminos de los parapoliciales de ambos países, alineándose a los bloques imaginarios a los que les sirven sus respectivos gobiernos: Lula servil a Gran Bretaña y a la ocupación de Malvinas, y Milei entregado a Estados Unidos e Israel; pero que en todo lo demás son como dos gotas de agua de un mismo Riachuelo fascista.

La cronología del odio: Derrotas deportivas y alineación con los ingleses

La aparición en escena de este servidor de Lula da Silva no es casual ni espontánea. Locomoción TV ha cartografiado la correlación matemática que activa a estos operadores propiamente probritánicos y antiargentinos. A diferencia del parapolicial Rogério Tomaz Jr. tenemos perfectamente registradas las traiciones de sus empleadores en la Causa Malvinas y la violencia institucional del Brasil hacia los argentinos:

• La humillación en el Maracaná: La reactivación de las campañas de denigración contra el país por parte de la militancia del PT coincide con los colapsos deportivos de la selección brasileña en su propio templo, cayendo por segunda vez consecutiva ante Argentina en el Maracaná. Ante la impotencia futbolística y la pérdida de la paternidad en su propio suelo, la respuesta del aparato es la violencia policial contra los hinchas en las tribunas y la habilitación de ataques xenófobos en redes.

• La cortina de humo sobre la traición a la Causa Malvinas: Cada vez que en Locomoción TV y en la opinión pública independiente se saca a la luz la servidumbre de Brasilia hacia la Corona Británica (permitiendo el reabastecimiento, soporte técnico y logístico en los puertos de Río de Janeiro a los buques de la Royal Navy HMS Forth y HMS Medway que vigilan la usurpación en las Islas Malvinas), Planalto activa el “Código Rojo” y se dedica a cazar argentinos, como ocurrió en el caso de la privación ilegítima de la libertad de Agostina Páez.

• El mecanismo de desvío y el cinismo en Guarulhos: Usan a mercenarios digitales como Tomaz Jr. para escupir que no nos convirtamos en Argentina, mientras este mismo sujeto disfrutaba de la vida en Recoleta o Mendoza. El cinismo del personaje quedó expuesto al tocar suelo brasileño en Guarulhos, donde, lejos de guardar sobriedad, celebró su expulsión como “un trofeo”, olvidándose de su patética condición de parapolicial lulista de bajo presupuesto. Esta narrativa de falsa victimización es el libreto diseñado para inflar el chauvinismo brasileño y tapar la carnicería social de Lula y la PMERJ en las favelas cariocas y el servilismo colonial de su política exterior.

El DNU 681/2026: Una norma arbitraria para una falsa defensa soberana

Aquí es donde Locomoción TV establece una línea ética inquebrantable. Que el destinatario de la sanción sea un delator servil de Planalto no convierte en legítima una disposición viciada:

1. Un engendro inconstitucional: El DNU 681/2026 es una aberración jurídica que viola el principio de legalidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, introduciendo tipos elásticos como “mensajes de odio” o “hostilidad” para darle al Estado un poder de policía sobre la palabra.
2. Derecho penal de autor: La norma no defiende la soberanía, sino que instaura la persecución de la disidencia y la expulsión discrecional por meras opiniones. Validar este garrote contra un “ParaKo” del PT implica aceptar una herramienta de censura que mañana se usará contra cualquier argentino o extranjero incómodo para el gobierno de turno.
3. El show de la impotencia: El Estado argentino recurre al efectismo de este decreto en Aeroparque para la foto, mientras se muestra incapaz de aplicar una verdadera política de disuasión frente a la complicidad de los países vecinos con la potencia usurpadora.

La matriz delatadora del ParaKo: del grupo de tareas al ciberpatrullaje

El perfil de mercenarios como Rogério Tomaz Jr. encaja con precisión en la tradición más oscura de la represión regional:

• Represores de teclado: Comparten la misma matriz genética de los delatores estatales de los años 70. Cambiaron las patotas de la dictadura de Videla por el ciberpatrullaje, pero los mueve el mismo impulso inquisidor: señalar, perseguir y buscar la destrucción civil del que no se somete a la doctrina del Estado.
• El circo represivo en Río: La misma Policía Militar de Río (PMERJ) que muele a palos a familias argentinas o encarcela turistas en Ipanema es la que convive con las milicias que controlan la ciudad y encubre cientos de ejecuciones por año en las favelas. El odio al argentino es la pantalla para ocultar su propia carnicería.

A modo de cierre (por ahora)

Reducir todo este montaje a la figura de un provocador de redes sería caer en el anzuelo más elemental del espectáculo político. Este personaje no es más que un fusible intercambiable, un mandadero funcional que repite el libreto que le escriben en las oficinas de propaganda estatal y sale a jactarse en Guarulhos de su deportación.

Al igual que ocurre con la comparsa de los Komunikagadores y Les Parakes de la Ultra, concentrar el repudio en el peón de turno implica dejar impune al verdadero titiritero. Es otra letrina más de la cloaca máxima instalada en Planalto, quien pretende ahora decir que la cosa es con Milei, cuando no es más que otro operador parapolicial del Estado.

El responsable intelectual, el estratega de este dispositivo de amedrentamiento y desvío es Luiz Inácio Lula da Silva y el aparato de poder de Planalto. Son ellos quienes envían a sus esbirros a sembrar argentinofobia para tapar las derrotas históricas en el Maracaná, la represión cotidiana en sus propias calles y la vergonzosa alfombra roja que le tienden en sus puertos a la Royal Navy británica mientras usurpa nuestras Islas Malvinas.

Del otro lado, la respuesta del Estado argentino vuelve a ser de una mediocridad apabullante. En lugar de enfrentar la traición geopolítica con una doctrina soberana real, se festeja la aplicación de un DNU liberticida y nefasto que atenta contra las libertades individuales.

La soberanía no se defiende imitando la lógica persecutoria del enemigo ni validando herramientas de censura; se defiende denunciando sin eufemismos a la potencia usurpadora, a los colaboradores regionales que le abastecen sus buques y a la red de operadores paraestatales que sirven de fachada al régimen de Brasilia.

DICTAMEN DE SEMÁFORO RABAT

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la sexagésima novena Emisión Regular de El Irreverente.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 26 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

Casi seiscientos mil dólares guardados en efectivo, supuestamente cosechados en encuentros anónimos cara a cara vendiendo bitcoins entre 2017 y 2018. Esa es la fantástica coartada contable con la que Manuel Adorni pretendió cerrar el bache millonario de su patrimonio en Comodoro Py.

Pero el truco de magia duró poco: tras estirar los plazos procesales mediante la elasticidad de los calendarios judiciales, la Fiscalía de Gerardo Pollicita desestimó las explicaciones de papel y exigió una batería de peritajes técnicos, criptográficos y fiscales que acorralan al exfuncionario.

Cuando la prestidigitación financiera choca contra la trazabilidad real de la prueba, el relato oficial se desmorona.

Cuando un magistrado con pasado militante y cargos electivos bajo el esquema de Gildo Insfrán utiliza el aparato de la justicia provincial para perseguir el ejercicio del periodismo, la división de poderes deja de existir.

La resolución dictada en Formosa no es una decisión judicial ordinaria: configura un brutal mecanismo de censura previa que pisotea garantías constitucionales básicas.

Atacar a la prensa crítica desde un despacho judicial no es impartir justicia, es utilizar el código de procedimiento como garrote político para blindar al poder feudal y amedrentar a quienes investigan las irregularidades del régimen.

La furia homicida del capital no conoce matices ni piedad cuando las corporaciones del agronegocio exigen maximizar sus ganancias a costa de la vida ajena.

La Resolución 869/2026 del SENASA no es una simple travesura burocrática ni un ajuste técnico menor: es la habilitación formal de un circuito de experimentación criminal que toma a los pequeños productores, a las economías familiares y a los territorios rurales como conejillos de indias de los nuevos venenos.

Pretenden institucionalizar el envenenamiento sistemático como si fuera una optimización logística, pero la memoria de las luchas populares demuestra que la dignidad y el territorio no se negocian.

ADORNIGATE: cada vez más flojo de papeles, cada más cerca de la indagatoria

El “AdorniGate” expone una vez más cómo operan los tiempos y las coartadas en los tribunales federales.

Todo comenzó con la expectativa pública puesta en la rendición de cuentas sobre un desfasaje superior a los 43 millones de pesos y consumos injustificados.

Mientras la estrategia inicial apostó a jugar con el almanaque (estirando los plazos procesales de septiembre bajo sutiles interpretaciones de días hábiles para enfriar la placa roja) la respuesta de la defensa terminó consistiendo en un escrito de 78 páginas presentado ante el juez Ariel Lijo que desafía toda lógica contable.

Para justificar los dólares con los que adquirió propiedades y afrontó refacciones siderales, el exfuncionario apeló a la mística de los “bitcoins fantasma”: un supuesto atesoramiento de 591.544 dólares liquidados en efectivo y fuera del sistema bancario. Sin embargo, la Fiscalía consideró que las explicaciones no cierran y profundizó la investigación con requerimientos concretos que desarman el relato:

• Peritaje criptográfico: Se ordenó a la Policía Federal una verificación técnica sobre ocho direcciones de Bitcoin para corroborar la titularidad y correspondencia de los fondos declarados.
• El careo de los ladrillos: Las contradicciones sobre las refacciones en el barrio privado Indio Cuá (donde un contratista declaró haber cobrado 245.000 dólares frente a los escasos 17.000 que argumenta la defensa por un supuesto “error aritmético”) quedaron bajo la lupa.
• Cruce financiero total: Se pidieron informes formales a la ANSES para reconstruir la historia laboral completa desde 1998, se requirió a la ARCA detalle de operaciones cambiarias y se evalúa la facturación y los contratos del entorno familiar directo.

¡Vamos a los Informes!

Montar un personaje de austeridad y fiscalizador de la moral pública desde un atril es sumamente sencillo cuando se cuenta con el blindaje del poder y la complicidad de los tiempos judiciales.

Lo complejo es sostener esa máscara cuando la auditoría exige números, comprobantes y trazabilidad real. Pretender que la ciudadanía asimile como normales fortunas de origen fantasma guardadas al margen del sistema es una falta de respeto institucional.

El expediente avanza, las inconsistencias se acumulan y los márgenes se agotan: la rendición de cuentas ante la ley tarde o temprano llega.

Juez gildista avasalla la Constitución para perseguir periodistas

El fallo judicial en Formosa marca un precedente sumamente peligroso para la libertad de expresión. Un juez alineado con el oficialismo provincial dictó una medida que busca restringir de manera directa la labor periodística, intentando prohibir menciones, ordenar la remoción de contenidos y frenar investigaciones en curso sobre funcionarios de la provincia.

Esta resolución vulnera de forma flagrante los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, los cuales prohíben taxativamente la censura previa y restringen cualquier acción estatal que impida la libre emisión del pensamiento o la libertad de imprenta.

Bajo el pretexto de proteger el honor o evitar supuestos perjuicios, el fuero provincial pretende arrogarse la facultad de controlar qué se puede y qué no se puede publicar.

El accionar de este magistrado deja al descubierto cómo se instrumenta la justicia local al servicio de los intereses políticos de la provincia, transformando a los tribunales en herramientas de presión contra la prensa independiente y cercenando el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.

¡Vamos a las Imágenes!

La libertad de prensa no es una concesión de los gobernantes de turno ni un beneficio negociable en un tribunal provincial: es la columna vertebral de la República.

Pretender acallar el trabajo periodístico mediante resoluciones a medida del poder político solo demuestra el grado de impunidad de quienes le temen al escrutinio público.

Cuando la Justicia se distorsiona para convertirse en un engranaje de persecución, la respuesta de la sociedad debe ser la denuncia firme y la defensa irrenunciable de la Constitución.

Los Mercaderes de la Muerte ahora cuentan con la complicidad criminal del SENASA

La nueva normativa del SENASA revela los mecanismos con los que el Estado moviliza su maquinaria para hacerle el trabajo sucio a las multinacionales del agronegocio, estableciendo tres ejes centrales de desprotección y riesgo sanitario:

• Vía libre express para la experimentación toxicológica: Al fijar un plazo irrisorio de apenas 90 días para aprobar nuevos usos de agrotóxicos en cultivos menores, el organismo estatal terceriza el riesgo sanitario. Las corporaciones se ahorran los costos de estudios de impacto acumulativo a largo plazo y descargan las nuevas moléculas directamente sobre las chacras de producción familiar y huertas regionales.
• Fumigación de precisión para la masacre sistemática: La legalización de la pulverización con drones o vehículos aéreos no tripulados bajo este régimen express funciona como la zanahoria tecnológica para enmascarar la deriva letal. Sin distancias de resguardo, se habilita la pulverización sobre escuelas rurales, viviendas precarias y fuentes de agua comunitaria.
• Ataque al eslabón más débil: La medida apunta deliberadamente a los cultivos menores, refugio de la horticultura diversificada y de familias que trabajan la tierra sin subsidios ni espaldas financieras, forzándolas a convertirse en el territorio de prueba de un cóctel químico cuya toxicidad real se oculta deliberadamente.

Esta connivencia entre funcionarios y patronales reitera viejas lógicas mercenarias que ya se han frenado en el pasado, como ocurrió con la resistencia organizada que impidió la instalación de multinacionales en Malvinas Argentinas, Córdoba.

¡Vamos a las Imágenes!

Para los administradores del agronegocio y los funcionarios serviles, la salud pública, el agua potable y la soberanía alimentaria son meras variables descartables en las planillas de Excel de la especulación financiera.

Sin embargo, ningún decreto ministerial está por encima de la defensa de la vida. La historia demuestra que cuando los pueblos se organizan, desenmascaran a los sirvientes del poder económico y se plantan sin regalar excusas, las corporaciones tiemblan.

¡La tierra no se vende, se defiende!

Cierre de la Emisión #69

Gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Nos vemos en la próxima emisión, la septuagésima, si es que todavía no vendieron el aire que respiramos.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

Introducción al Informe

El mes de octubre de 2026 marca el punto de ebullición definitivo en el conflicto entre el sistema universitario y el gobierno de Javier Milei. Lejos de una mera discusión de partidas, la crisis desnuda a un Poder Ejecutivo que opera bajo la lógica de un autoproclamado monarca al que la institucionalidad le importa un rábano.

La combinación de reveses judiciales de alto impacto (liderados por el fallo del Juez Federal Martín Cormick), tomas de edificios públicos y la cuenta regresiva hacia la próxima Marcha Federal exponen a un Estado que ha decidido pasarse la ley y los fallos de la Corte Suprema por las partes.

Apelará y apaleará si es necesario: Los hechos de la semana

La dinámica oficial frente a la resistencia universitaria responde a una estrategia simétrica de chicana jurídica y represión discursiva/material:

• El mazazo judicial y la inmediata apelación: El 6 de octubre de 2026, la Justicia Federal (mediante el juez Cormick, haciendo lugar a los amparos del CIN y la UBA) declaró inconstitucional el artilugio legal con el que el Ejecutivo congelaba la Ley de Financiamiento Universitario (la ley votada por insistencia en el Congreso). El fallo calificó de inadmisible el “veto encubierto” del decreto oficial. Lejos de acatar el mandato de implementar de inmediato la recomposición salarial docente y los fondos del Progresar, la administración de Milei cumplió su amenaza y apeló formalmente la sentencia, escudándose otra vez en un supuesto déficit cero que suspende el orden republicano.
• La toma del Palacio Pizzurno y la furia oficial: Al grito de “si la ley no se cumple, se va a la puerta”, estudiantes universitarios ingresaron y realizaron una sentada pacífica en la sede de la Secretaría de Educación para exigir respuestas ante la asfixia presupuestaria y un retraso salarial docente que ronda el 34%. La respuesta del Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, fue calificarlo de “toma violenta”, denunciar penalmente a los referentes e interrumpir tajantemente cualquier atisbo de negociación interna (con órdenes directas de vaciar canales de diálogo).

La Fuerza como único recurso del Estado y de Milei

Cuando la realidad jurídica y social contradice el dogma del ajuste, el andamiaje libertario se desploma sobre su único recurso remanente: el ejercicio unilateral de la fuerza.

• El desprecio absoluto por el Rule of Law: El principio constitucional de que ningún ciudadano (y menos el Primer Mandatario) está por encima de la ley se desvanece cuando se gobierna mediante la arbitrariedad de un decreto permanente. Al decidir discrecionalmente qué leyes cumple y cuáles desacata, el Ejecutivo destruye la seguridad jurídica básica.
• Del equilibrio fiscal a la autocracia de la motosierra: Desafiar el financiamiento de la educación superior pisoteando la división de poderes no es liberalismo; es el ejercicio de una monarquía absolutista de cercanía. Ante la escasez de argumentos legales, la única respuesta del Estado es la coerción judicial, el hostigamiento mediático y la deslegitimación sistemática de la protesta social que ya se encamina a una masiva movilización federal para el próximo 15 de octubre.

A modo de cierre (por ahora)

El octubre universitario pulveriza el relato del orden republicano. La pulseada no se reduce a planillas de Excel, sino a definir si la Argentina sigue rigiéndose por la Constitución y las leyes surgidas del Congreso o si ha quedado secuestrada por el capricho autocrático de un poder ejecutivo que desoye a la justicia, criminaliza la protesta estudiantil y gobierna a puro decreto.

La cuenta regresiva hacia el 15 de octubre pondrá a prueba si la calle y las instituciones logran frenar esta deriva monárquica.

Introducción a la Emisión #36

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a esta trigésima sexta Emisión Regular de El Heraldo Furioso.

Desde algún lugar de este vasto universo, llegamos hasta ustedes luego de 16 días desde nuestro último y sideral encuentro el pasado miércoles 23 de septiembre de 2026.

El paso de Javier Milei por la 81ª Asamblea General de la ONU dejó al descubierto una contradicción insostenible: catalogar al organismo internacional de “inútil” y de albergar a una “manga de parásitos”, para luego reclamarle que cumpla con la resolución sobre la causa Malvinas.

Lejos de representar una verdadera épica nacional, la diplomacia presidencial operó como un show pirotécnico y proselitista con la mira puesta en 2027, utilizando la soberanía como un fusible de marketing político mientras ajusta las prioridades de la gestión hacia el alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, no pudo resistir la tentación de medirse en el plano internacional con Javier Milei, pero su excursión neoyorquina no logró más que replicar el ridículo de su adversario y exponer las profundas miserias del oportunismo proselitista con la mira puesta en 2027.

Vendida bajo la fachada de un polo opositor con pretensiones de “justicia social” y “soberanía”, la gira terminó convertida en una penosa procesión de sumisión ante los mismos buitres financieros e inversores del extractivismo a los que discursivamente combate.

Milei: Malvinas, mentiras y el Comodín de Vaca Muerta

Durante su gira neoyorquina, el mandatario combinó su devoción ideológica hacia el capitalismo global y sus encuentros espirituales con referentes de Jabad Lubavitch con una fuerte defensa discursiva en la ONU.

Sin embargo, esta presunta dureza diplomática contrastó crudamente con las omisiones selectivas y la subordinación geopolítica, eludiendo cualquier cuestionamiento real a los intereses occidentales que sostienen la ocupación en el Atlántico Sur.

Tras el discurso, el gobierno instrumentó una intimación formal al Reino Unido (bajo el anexo séptimo de la CONVEMAR) otorgando un plazo de dos semanas para frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte, bajo la amenaza de recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

No obstante, este despliegue legal y formal expone notables baches y dobles estándares: se objeta el avance británico pero se omiten sistemáticamente las operaciones de la petrolera israelí Navitas Petroleum en el mismo yacimiento disputado, evidenciando que los reclamos territoriales se activan de manera quirúrgica cuando conviene a la narrativa oficial.

¡Vamos a los Informes!

La ofensiva diplomática y la retórica soberanista de ocasión no logran ocultar la verdadera naturaleza de un plan de gobierno que concibe los recursos estratégicos como un activo negociable en Wall Street.

Entre anécdotas forzadas, alineamientos automáticos y gestos para la tribuna internacional, la administración actual utiliza la causa más cara al sentimiento argentino como un recurso táctico de distracción, dejando al descubierto que (detrás de la pirotecnia discursiva) las soluciones reales continúan siendo tan inútiles como un cenicero de moto.

Kicillof paseando, como Milei, sus vergüenzas por New York

Aprovechando el marco de la Asamblea General de la ONU, Kicillof montó un itinerario de conferencias en ámbitos universitarios como Columbia y The New School para cuestionar el modelo de la Casa Rosada y perfilarse ante analistas norteamericanos.

Sin embargo, la contracara de esta gira fue el repliegue desesperado ante los gestores buitres y bonistas para garantizarles el cobro de la deuda bonaerense, justificando las genuflexiones bajo el manido argumento de la “necesidad de financiamiento” y culpando al ajuste nacional por sus propias claudicaciones.

Entre cenas con usureros e intentos de simular alianzas de progreso con líderes internacionales para la foto oficial, la travesía estuvo plagada de bochornos comunicacionales que expusieron la trastienda del armado oficial.

El momento de mayor tensión se vivió en la Universidad de Columbia, donde el gobernador intentó evadir torpemente las preguntas de la corresponsal Silvina Sterin Pensel sobre el genocidio en Gaza, cortando la grabación y tildando insólitamente el intercambio como una “emboscada” en un reflejo de pánico mediático, al que se sumaron la filtración de montajes fotográficos mal orquestados por su propio equipo.

¡Vamos a las imágenes!

El viaje de Kicillof a Nueva York desnuda el pragmatismo sin convicciones que atraviesa a la cúpula peronista: una gestualidad progresista para las redes mientras se asegura el saqueo en las mesas ejecutivas de Wall Street.

Lejos de consolidar una alternativa de dignidad, el gobernador ofreció una triste escenificación donde la sobreactuación, los papelones con la prensa y la rendición ante el capital financiero expusieron que, cuando se trata de subordinarse al usurerismo internacional, las diferencias con la Casa Rosada son meramente estéticas.

Cierre de la Emisión #36

Hasta aquí llegamos con esta trigésima sexta Emisión regular de El Heraldo Furioso, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

Introducción a la Emisión #119

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la centésima décima novena Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

En su paso por la ONU, el presidente Javier Milei combinó ataques a los organismos multilaterales con discursos contradictorios sobre Malvinas, para luego lanzar una intimación formal al Reino Unido y exigir el cese del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur.

¿Una defensa soberana real o una maniobra electoralista y de distracción diseñada para sostener un ajuste implacable?

En paralelo al paso de Javier Milei por los Estados Unidos, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof viajó a Nueva York para disertar en universidades de prestigio y reunirse con fondos de inversión.

Entre fotos de ocasión con figuras internacionales y momentos de tensión ante preguntas incómodas de la prensa, la gira dejó en evidencia una nueva contradicción del peronismo: calmar a los usureros de Wall Street mientras se intenta perfilar una alternativa de cara a 2027.

En un fallo sin precedentes para la jurisprudencia contravencional, el juez de paz de Las Lomitas, Omar Padilla, condenó a periodistas del equipo Hambre de Futuro con penas de arresto o multas económicas.

¿El motivo? Haber realizado coberturas en comunidades originarias sin autorización previa del poder político local y sin una matrícula homologada por la provincia de Formosa, configurando un brutal mecanismo de censura previa.

El ex-Vocero y ex-Jefe de Gabinete Nacional, Manuel Adorni, vuelve a quedar en el centro de la tormenta judicial.

Tras su presentación de descargo, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita determinó que las explicaciones patrimoniales no cierran y exigió una batería de medidas técnicas, fiscales y financieras concretas para auditar a fondo sus bienes.

Mediante la promulgación de la resolución 869/2026, el SENASA estableció un régimen exprés de apenas noventa días para aprobar nuevos usos de agrotóxicos en cultivos menores y habilitar la fumigación con drones. Lejos de tratarse de un ajuste técnico menor, la medida terceriza el riesgo sanitario en los pequeños productores, convirtiendo a las economías familiares y rurales en conejillos de indias de una experimentación toxicológica sin controles a largo plazo.

Pasen y vean, que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

De campañas neoyorkinas y electoralinas malvineras

El reciente paso del mandatario por la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York dejó al descubierto una línea argumental plagada de contradicciones insostenibles. Por un lado, Milei tildó al organismo internacional de inútil y de servir a una “casta de parásitos”; por el otro, le reclamó que haga cumplir las resoluciones históricas sobre la causa Malvinas.

Este raid neoyorquino no se limitó a los estrados de la ONU. Entre visitas a complejos educativos en Queens y cumbres con referentes de Jabad Lubavitch, el presidente estructuró una agenda de encuentros a puertas cerradas con fondos de inversión de Wall Street.

Allí, bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ofreció las garantías necesarias para el desmantelamiento de regulaciones y el avance del extractivismo corporativo.

En sintonía con este libreto, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial (caprichosamente rotulado bajo el número 166) para intimar formalmente al Reino Unido a frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la cuenca Malvinas Norte en un plazo de dos semanas, amenazando con acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La selección de los blancos expone los límites de la jugada: mientras se apunta contra permisos británicos y rutas aéreas específicas, se sostiene un silencio cómplice frente a la participación de empresas de capitales israelíes como Navitas Petroleum en la misma cuenca, evidenciando que la geopolítica oficial prioriza los alineamientos automáticos con Washington y Tel Aviv por sobre la consistencia en el reclamo soberano.

¡Vamos a los informes!

La pirotecnia discursiva y los plazos perentorios emitidos desde despachos oficiales operan, en el fondo, como un montaje de campaña con la mira puesta en 2027.

Utilizar la causa más cara al sentimiento argentino como un fusible de marketing político (mientras se entregan los resortes estratégicos del territorio a los grandes capitales transnacionales) confirma que la supuesta épica patriótica no es más que una cortina de humo.

Al final del recorrido, la factura de esta subordinación serial no la pagará la claque neoyorquina ni los ejecutivos de Wall Street, sino una sociedad sometida a las urgencias de un ajuste permanente.

Kicillof paseando, como Milei, sus vergüenzas por New York

Aprovechando la coincidencia temporal con la presencia del presidente en suelo norteamericano, el mandatario provincial buscó marcar un contraste político presentando las cifras de su gestión en ámbitos académicos como la The New School y la Universidad de Columbia.

Sin embargo, detrás del relato de confrontación con la Casa Rosada, la trastienda del viaje expuso una intensa actividad orientada a tranquilizar a los bonistas y acreedores internacionales, garantizando la continuidad de acuerdos y el mantenimiento de canales de financiamiento externo frente al recorte de fondos nacionales.

La gira combinó momentos de fuerte apuesta cosmética (como desayunos institucionales y la búsqueda de respaldo político junto a figuras de la política internacional) con graves desbordes en el plano comunicacional.

El punto más álgido se vivió en los pasillos universitarios, cuando Kicillof intentó eludir abruptamente los requerimientos periodísticos sobre el posicionamiento provincial ante conflictos geopolíticos globales, calificando las consultas directas como una “emboscada” y dejando al descubierto las fallas de su equipo de prensa.

¡Vamos a las imágenes!

El periplo neoyorquino de Axel Kicillof ratifica los límites de un doble discurso que intenta alternar la épica nacional popular con la genuflexión financiera ante los centros del poder global.

Al final del recorrido, la necesidad de posicionamiento electoral para 2027 termina subordinando cualquier coherencia ideológica, dejando un tendal de papelones comunicacionales y la confirmación de que la administración provincial gestiona bajo las mismas reglas de sumisión a los mercados que dice combatir.

Juez gildista avasalla la Constitución para perseguir periodistas

La resolución dictada por el magistrado formoseño (un exconcejal peronista con antecedentes de incompatibilidad constitucional confirmados por el Superior Tribunal de Justicia provincial) vulnera de forma flagrante los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.

Exigir permisos administrativos o matriculación obligatoria para ejercer el periodismo contradice los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la doctrina de la Corte Interamericana, que desde la Opinión Consultiva OC-5/85 estableció que tales requisitos limitan indebidamente la libertad de expresión.

Lo más alarmante del cuadro institucional no provino únicamente del feudo formoseño de Gildo Insfrán, sino de la propia cúspide del Ejecutivo nacional.

Lejos de repudiar el avasallamiento a las garantías constitucionales, el presidente Javier Milei celebró públicamente la condena a los comunicadores a través de sus redes sociales, validando el criterio punitivo y ratificando la hostilidad sistemática hacia el periodismo de investigación bajo el tristemente célebre lema oficial de desprecio a la labor de prensa.

¡Vamos a las imágenes!

El atropello en Las Lomitas deja en evidencia una peligrosa convergencia de intereses entre el modelo feudal provincial y la administración nacional: la intolerancia absoluta hacia el disenso y el rechazo visceral a la fiscalización pública.

Cuando el aparato estatal se alía con la arbitrariedad judicial para perseguir a quienes investigan, la libertad de expresión deja de ser un derecho garantizado para convertirse en blanco móvil de un autoritarismo transversal que no tolera ser interpelado por los hechos.

AdorniGate: en una semana Pollicita pidió más datos

Ante las inconsistencias detectadas en la justificación del origen de sus fondos, la investigación judicial profundizó los requerimientos sobre el circuito financiero y fiscal del investigado.

Entre las diligencias ordenadas se destacan medidas contundentes como un peritaje criptográfico a cargo de la Policía Federal sobre diversas direcciones de Bitcoin para verificar la titularidad y correspondencia de activos digitales declarados, pedidos formales a la ANSES para reconstruir la historia laboral y previsional de Adorni y su entorno desde finales de los noventa, y requerimientos fiscales a ARCA para detallar operaciones cambiarias, titularidad de inmuebles, vehículos y participación en sociedades.

Cuando los descargos discursivos chocan contra peritajes a billeteras virtuales y cruces de datos fiscales, el relato oficial comienza a debilitarse frente a la exigencia de pruebas materiales.

¡Vamos a las imágenes!

El avance de la causa pone en evidencia que la rendición de cuentas pública no se sostiene con meros ejercicios de oratoria defensiva.

Mientras los mecanismos institucionales comienzan a rastrear el dinero, las criptomonedas y los ingresos históricos, queda al descubierto la fragilidad de los argumentos patrimoniales cuando se enfrentan al rigor de la investigación técnica y financiera.

Los Mercaderes de la Muerte ahora cuentan con la complicidad criminal del SENASA

La nueva normativa oficial otorga vía libre a las corporaciones del agronegocio para pulverizar directamente sobre las chacras de producción familiar, huertas regionales y zonas de cercanía urbana, utilizando vehículos aéreos no tripulados.

Al enfocar la flexibilización en los cultivos menores (el refugio de la horticultura diversificada y de los productores sin espaldas financieras) la administración estatal expone su sintonía con los grandes pools de siembra, eximiendo a las empresas de realizar estudios de impacto acumulativo.

Esta connivencia entre los funcionarios de turno y las patronales del campo profundo consolida un modelo extractivo donde la salud comunitaria, el agua y la soberanía alimentaria son consideradas variables descartables en favor de la maximización de la rentabilidad corporativa.

¡Vamos a las imágenes!

La pretendida modernización logística impulsada desde los despachos oficiales no es más que la institucionalización del envenenamiento sistemático de los territorios.

Ante el avance de los mercaderes de la muerte y la complicidad estatal, la memoria de las luchas populares y la organización comunitaria se mantienen como el único reaseguro para frenar el saqueo y defender cada metro de la tierra productiva.

Cierre de la Emisión #119

Hasta aquí llegamos con esta centésima décima novena Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

Manuel Adorni vuelve a quedar en el centro de la tormenta judicial: tras su descargo, la fiscalía de Gerardo Pollicita consideró que sus explicaciones no cierran y exigió una batería de medidas técnicas y financieras concretas para auditar su patrimonio.

Ante las explicaciones aportadas por la defensa sobre el origen de sus fondos y la evolución de sus bienes, la fiscalía profundizó la investigación con requerimientos específicos que apuntan directamente al circuito financiero y fiscal del ex-Funcionario.

Las diligencias solicitadas incluyen medidas contundentes:

• Peritaje criptográfico: Una verificación técnica a cargo de la Policía Federal sobre ocho direcciones de Bitcoin para corroborar la existencia, titularidad y correspondencia de los fondos declarados por la venta de criptoactivos.
• Antecedentes laborales y previsionales: Pedidos formales a la ANSES para reconstruir la historia laboral completa de Adorni (desde 1998) y de su pareja (desde 2000), abarcando remuneraciones, aportes y actividades autónomas.
• Información fiscal y cambiaria: Requerimientos a organismos como ARCA para detallar operaciones de compra de moneda extranjera, además del análisis de inmuebles, vehículos y la eventual participación en sociedades o asociaciones.

Cuando las justificaciones patrimoniales se chocan con peritajes a billeteras virtuales, cruces de datos fiscales y rastreos de ingresos históricos, el relato oficial se debilita. La Justicia demuestra que la rendición de cuentas exige pruebas materiales y no meros descargos de papel.