Todo aquello que nos parecía muy cercano a la felicidad, hoy nos atormenta sin remedio, ante lo inevitable del dolor que nos causa la partida este sábado 16 de diciembre de la comunicadora socialista y entrañable compañera Claudia Blanco.

Todo alrededor se detiene, cuando los millones de recuerdos y las charlas de los últimos días llegan juntos para llevarnos de la risa al llanto ante lo inmediato e inexplicable de que nos haya dejado físicamente.

Así, consternados, enojados con la vida misma, algo que ella seguramente con su eterna paciencia hubiera transformado en sonrisas y paz al instante, así tendríamos que seguir adelante, recordando todo aquello que nos brindó su generosa amistad.

Conocimos a Claudia al fragor de la lucha, cuando ella ya era una reconocida militante en causas de Derechos Humanos, de Pueblos Originarios y desde allí nuestros caminos comenzaron a unirse definitivamente. Su salud nunca la ayudó, pero tampoco lo impidió ser la primera en estar junto a quienes venían a luchar en Buenos Aires por sus derechos.

Junto a ella iniciamos este Proyecto de Locomoción TV, desde el que llamábamos el “Estudio Esmeralda” una auténtica “Jabonería de Vieytes” en pleno centro porteño. Con Rayuela Producciones corríamos a cada lucha que surgiera, aún y sobre todo en la que ni los medios llamados comunitarios aparecían por las razones que fueran, pero cuando nadie estaba allí, ya Claudia había hecho presencia y registro de lo que ocurría.

Incondicional de Cortázar, siempre soñó con vivir en España y en los últimos años cambió los Aires no tan buenos de Buenos Aires por los de Valencia. Comenzaban a abrirse grandes proyectos ligados al registro de las realidades sociales de España, dos o más ideas para realizar documentales, aunque ahora sí las múltiples dolencias que padecía no le permitieron moverse con la libertad que estaba acostumbrada y en los últimos tiempos tampoco perdió nunca la esperanza de volver a lo suyo a lo que adoraba.

Estas partidas no se superan, nos quedan los largos desvelos produciendo noticias y audiovisuales, hasta que en algún momento el dolor vaya dejando paso a las sonrisas y la dulzura de los recuerdos mismos.

¡Hasta la Victoria Siempre, Querida Compañera Claudia!

Introducción a la Emisión #67

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la sexagésima séptima Emisión Regular de El Irreverente.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de un mes desde nuestro último encuentro por estos medios.

Esta emisión será dedicada a todos los criados del Poder y de cómo se los protege hasta las ultimas consecuencias, aunque en casos extremos no quede otra opción que condenarlos.

Los Nenitos del Poder no parecen impunes: lo son

Los personajes de la casta siguen siendo protegidos por todos los medios al alcance del Poder Político y que a tal efecto son ilimitados.

El descaro y los linchamientos mediáticos de las víctimas a través de los propios parapoliciales del sistema, ya lo estamos viendo en el Caso de Melody Rakauskas en su lucha por Justicia tras el abuso sexual del depredador Barón del Conurbano, Fernando Espinoza.

Lo mismo ha ocurrido con el Caso de Candela Arizaga, que tuvo la desgracia de caer en manos de un hijo “sano” del Patriarcado como Facundo Moyano.

Allí, la velocidad de los medios del sistema, sin distinción de grietas, para defenderlo fue sideral. Todos los encubrimientos que tuvieron a mano los aprovecharon para revictimizar a Candela Arizaga.

Por desgracia para este “nenito de mami”, nosotros registramos de entrada las barbaridades que se llevaron a cabo, que fueron el preludio de otra rapacidad impune de los “machitos” del Poder.

¡Vamos a las imágenes!

El Depredador Peronista, si es un descarado, dos veces impune

El Festín del Depredador no tiene fin. Mientras el sentido común se desangra, el sistema judicial y estatal premia a los personajes más oscuros de la casta.

Veremos la radiografía del Caso de Pedro Brieger: tras embolsar 78 millones de pesos de RTA en un acuerdo exprés, el “hombre fuerte de la geopolítica” ahora reclama una actualización de intereses que elevaría la cifra a más de 400 millones.

Hagamos memoria: 19 mujeres denunciaron acoso y agresión sexual sistemática. La respuesta del Estado no fue proteger a las víctimas, sino soltar la billetera para los amigos del poder.

La impunidad tiene precio, y lo pagamos todos los contribuyentes.

¡Vamos a las imágenes!

Cuando la desmesura aniquila la impunidad de un nazi

La reciente destitución unánime de Alfredo López, ex-titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, marca la desarticulación de una terminal institucional que utilizó el despacho judicial como trinchera para operar una agenda de odio, discriminación y desestabilización democrática.

El fallo del 39° Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación determinó que el exmagistrado contrarió de manera manifiesta las bases del Estado de Derecho. Tras validar la autenticidad de 15 mensajes en la red social X y aplicar el Test de Rabat, el tribunal concluyó que López excedió los límites de la libertad de expresión al incurrir en discursos de odio que incitaron a la violencia simbólica y la discriminación contra la comunidad judía.

Esta conducta, según el fallo, “dinamitó” la confianza ciudadana necesaria para el ejercicio imparcial de la magistratura.El proceso dejó al descubierto un patrón sistemático de mal desempeño, que incluye el hostigamiento racial, el abuso de poder al utilizar su firma judicial para amparar ideologías extremistas y la obstrucción de políticas públicas mediante el uso espurio de medidas cautelares.

La sentencia reafirma que la investidura judicial no es una patente de corso para el fascismo y pone fin a una etapa de impunidad, instando al retorno al ostracismo de aquellos funcionarios que apuestan por la destrucción de la convivencia democrática.

De haber tenido cierta prudencia aún sería un peligro para la Comunidad Judía, las mujeres y la salud pública y hasta habría que agradecerle esa desmesura que lo llevó a perder la miserable cuota de Poder que poseía.

¡Vamos a las imágenes!

AdorniGate: las prórrogas de casta como vía hacia la impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita emitió el 10 de agosto un requerimiento de justificación patrimonial contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, solicitando explicaciones sobre 20 puntos clave tras detectar una diferencia negativa de 43 millones de pesos entre sus ingresos y gastos registrados.

El ex-funcionario tenía un plazo de 15 días para presentar la documentación que respalde adquisiciones en dólares, operaciones con criptomonedas y gastos en viajes, como el realizado a Aruba. Pesaba sobre él, en el caso que no justificarse estos fondos, el pedido de declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo.

Sin embargo, el juez federal Ariel Lijo le concedió al ex-Jefe de Gabinete Manuel Adorni una prórroga de 15 días hábiles (estirando el plazo hasta el 15 de septiembre de 2026) para intentar justificar un incremento patrimonial familiar del 119% que presenta graves inconsistencias en consumos, operaciones en moneda extranjera y saltos de facturación.

El AdorniGate promete extenderse sécula seculorum, gracias a las prórrogas que recibe este señor para no responder por sus números y papeles más flojos que el de un Fitito de los años 60.

¡Vamos a los informes!

A la Caza de los Votos de 2027

El tablero de 2027 ya se mueve bajo el peso del pragmatismo y la desesperación. Cuando las reglas del juego tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan: el oficialismo teje alianzas con el PRO en la Rosada y el peronismo se une en el Hotel Emperador para blindar las PASO.

La rosca de la supervivencia se impone a toda marcha, mientras los problemas de la gente pasan a un segundo plano y las cúpulas buscan asegurar sus cajas y sus cargos antes de que el sistema se les caiga a la intemperie.

¿Gobernar, por qué, para qué? Lo único importante es repartirse lo que ellos suponen es la voluntad popular. Para los problemas de la gente, ya habrá tiempo nunca.

¡Vamos a las imágenes!

Cierre de la Emisión #67

Gracias, amigas y amigos, por estar ahí. Nos vemos en la próxima emisión, la sexagésima octava, si es que todavía no vendieron el aire que respiramos.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

Introducción a la Emisión #115

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la centésima décima quinta Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

El gobierno de Javier Milei ha convertido la gestión pública en una cruzada de desprecio sistemático: soberbia criminal frente al sufrimiento social y un andamiaje de hostilidad que consolida la suma de todos los odios.

No estamos ante un mero plan económico de ajuste, sino ante el desmantelamiento deliberado del orden republicano y de las bases materiales de la vida en común.

El reloj de Comodoro Py vuelve a certificar la impunidad de guante blanco.

Mientras el discurso oficial pregona austeridad y combate a la casta, los privilegios de los propios funcionarios se blindan con prórrogas judiciales interminables para disimular un enriquecimiento tan obsceno como injustificable.

El mito antiimperialista del peronismo se desmorona en los salones de los grandes hoteles. Mientras la retórica declama soberanía para la tribuna, la gestión real negocia de rodillas ante el capital corporativo, ratificando un modelo donde la provincia de Buenos Aires sigue siendo una zona de sacrificio al servicio de las cerealeras.

Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

Milei, su Soberbia Criminal y la Suma de Todos los Odios

Durante su exposición del 20 de agosto de 2026 en la 23ª edición de la conferencia organizada por la Americas Society – Council of the Americas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, el presidente utilizó la asimetría del atril para validar las pulsiones punitivas de su base más fiel.

Lejos de limitarse a la presentación de indicadores macroeconómicos, el mandatario operó con absoluta displicencia hacia los sectores populares, ratificando un modelo donde la exclusión del adversario no es un daño colateral, sino un pilar fundamental.

Bajo la retórica de la “destrucción creativa”, el relato oficial naturaliza la quiebra de unidades productivas y la precarización laboral. Cualquier actor incapaz de sostenerse en el esquema vigente es estigmatizado como un “prebendario” merecedor de la marginación, clausurando el pluralismo y reduciendo la complejidad social a una disputa maníquea de índole moral entre el mercado y el Estado.

En el mismo foro, el mandatario recurrió a ataques contra la interrupción voluntaria del embarazo para culpar a las conquistas de género de la caída en la natalidad, desatendiendo por completo la crisis material que su propio plan económico provoca. El Estado despliega un intervencionismo punitivo para forzar nacimientos, pero desaparece al momento de garantizar las condiciones mínimas para una infancia digna, transformando la crianza en un privilegio de clase.

Esta soberbia discursiva encuentra su correlato institucional en la abierta desobediencia al orden legal. La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con rectores del CIN, gremios y la Secretaría de Políticas Universitarias) desnudó una anomalía peligrosa: el Ejecutivo ha decidido que su agenda está por encima de la Ley de Financiamiento Universitario y de los fallos de la Corte Suprema que exigen actualizar salarios docentes y recomponer programas como el Progresar.

Desafiar al Congreso y desoír los mandatos judiciales no es liberalismo; es una regresión despótica que pisotea el contrato social.

¡Vamos a los Informes!

La soberbia institucional y el ensañamiento económico no hacen más que evidenciar la fragilidad de un experimento que confunde autoridad con autoritarismo.

Cuando el Poder Ejecutivo decide qué leyes cumple y cuáles desecha, no está saneando las cuentas públicas: está demoliendo las bases de la convivencia democrática.

La historia demuestra que ningún orden sostenido sobre el desprecio y la exclusión permanente puede perdurar sin fracturar definitivamente la Nación que asegura representar.

AdorniGate: el deslomado y sus privilegios de casta

El juez federal Ariel Lijo le concedió al exjefe de gabinete Manuel Adorni una prórroga de 15 días hábiles (estirando el plazo hasta el 15 de septiembre de 2026) para intentar justificar un incremento patrimonial familiar del 119% que no cierra por ningún lado.

Esta concesión frena el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y se suma a las sucesivas prórrogas administrativas que la Oficina Anticorrupción ya le había otorgado previamente.

La radiografía que investiga la fiscalía deja al descubierto más de 20 puntos objetados y un volumen de recursos que choca de frente con los ingresos lícitos declarados.

Se registraron gastos por más de 272 millones de pesos frente a ingresos de 229 millones, dejando un bache inexplicable de más de 43 millones. A esto se suman operaciones inmobiliarias y de vehículos de alta gama (como un Jeep Compass valuado en más de 402.000 dólares pagados en efectivo y refacciones en un country) sin un correlato documental sólido, además de un incremento exponencial y llamativo en la facturación de su cónyuge a partir de 2024.

Entre chicanas procesales, pedidos de copias y defensas técnicas milimétricas, el mecanismo judicial opera con precisión de relojería para dilatar los tiempos.

Para los poderosos investigados por corrupción, la justicia aplica un régimen de paciencia infinita donde los privilegios de clase aseguran que el tiempo juegue siempre a su favor.

¡Vamos a las Imágenes!

El “AdorniGate” desnuda la farsa estructural del relato libertario: la casta no solo se recicla en el poder, sino que utiliza los resortes del Estado y los favores de Comodoro Py para blindar su patrimonio.

Cuando la ley se vuelve flexible para los amigos del poder y implacable para el ciudadano de a pie, la República deja de ser tal para convertirse en el club privado de los intocables.

Soja o Muerte: Kicillof con Segal por Limosna Imperialista

La reunión privada de una hora y cuarto entre el gobernador Axel Kicillof y Susan Segal (presidenta de la Americas Society – Council of the Americas) en los salones del Alvear Palace Hotel no es una anomalía, sino la continuidad histórica de la subordinación al gran capital norteamericano. Demuestra que la confrontación discursiva es solo para consumo militante, mientras que la diplomacia corporativa global se activa cuando las arcas sufren ahogo fiscal.

Este pragmatismo entreguista cruza toda la historia reciente del espacio político. Desde el anuncio de la megaplanta de Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba) en 2012 (frenada únicamente por la lucha de las asambleas vecinales y no por decisión oficial) hasta las recurrentes peregrinaciones por Washington DC y el FMI durante la gestión de Alberto Fernández para entregar metas a cambio de avales financieros.

Para garantizar la viabilidad de cualquier negociación con el empresariado extranjero, la administración provincial ofrece la intangibilidad del agronegocio.

Mediante la postergación sistemática de una ley seria de regulaciones de agroquímicos y la permanencia irrestricta del uso de glifosato, el Ministerio de Desarrollo Agrario evita afectar los márgenes de ganancia de las grandes cerealeras como Cargill y Bunge.

Mientras se expone a las comunidades rurales a las fumigaciones y se desatiende el impacto en la salud humana, el Estado garantiza el flujo de divisas.

La paradoja es total: se fiscalizan plataformas digitales locales mientras se le rinde tributo a Wall Street, aceptando mansamente la tutela de cualquier financista extranjero a cambio de mantener un modelo extractivista que degrada el territorio.

¡Vamos a las Imágenes!

La soberanía no se defiende con consignas de café ni con relatos épicos declamados para la gilada, sino con decisiones políticas que pongan la vida y el territorio por encima de la renta agraria.

Cuando el peronismo cambia soberanía por limosna imperialista, lo único que se cultiva en el surco es la dependencia y la destrucción del futuro común.

Cierre de la Emisión #115

Hasta aquí llegamos con esta centésima décima quinta Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

El reloj procesal de Comodoro Py volvió a marcar el ritmo de la impunidad con guante blanco. El juez federal Ariel Lijo le concedió al ex-Jefe de Gabinete Manuel Adorni un prorrogón de quince días hábiles para que intente justificar un incremento patrimonial familiar del 119% que, hasta el momento, no cierra por ningún lado.

La decisión, adoptada al filo del vencimiento que operaba este miércoles 26 de agosto, frena temporalmente el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y le regala al ex-funcionario un nuevo respiro para acomodar los números oscuros de su paso por el Estado.

Con este margen, el nuevo vencimiento para la presentación de su descargo se estirará hasta el martes 15 de septiembre de 2026.

Del blindaje administrativo al oxígeno judicial

Lejos de tratarse de una excepción, este beneficio se suma a una cadena de ventajas previas obtenidas durante el ejercicio de sus cargos.

Antes de que el expediente penal escalara en los tribunales, el propio aparato estatal le otorgó un paraguas administrativo: la Oficina Anticorrupción dictó prórrogas generales sucesivas —como la de abril y su posterior extensión a mediados de año— que estiraron los plazos para la presentación y revisión de las declaraciones juradas del gabinete.

Con dos prórrogas administrativas en su haber y esta reciente concesión judicial por parte de Lijo, el ex-funcionario acumula tres flexibilizaciones de plazos destinadas a maquillar o justificar las más de veinte inconsistencias detectadas por la Fiscalía.

Los baches de una fortuna incompatible

La radiografía patrimonial que investiga la Justicia deja al descubierto un volumen de recursos que choca de frente con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar:

• Diferencia en consumos: Se registraron gastos por más de 272 millones de pesos frente a ingresos de 229 millones, dejando un bache inexplicable de más de 43 millones.
• Operaciones en moneda extranjera: Adquisiciones de inmuebles, refacciones integrales en el Country Indio Cuá, un departamento en Caballito (Miró 550) y un vehículo Jeep Compass que suman más de 402.000 dólares pagados en efectivo sin un correlato documental sólido.
• Saltos de facturación: Un incremento exponencial y atípico en la facturación de su cónyuge, Bettina Angeletti, concentrada en un puñado de clientes a partir de 2024.

¿Cuáles son los próximos pasos en la causa?

1. Presentación del descargo (15 de septiembre): La defensa deberá entregar en el juzgado de Ariel Lijo la documentación respaldatoria para intentar contrarrestar los 20 puntos objetados por la fiscalía.
2. Análisis de la Fiscalía: El fiscal Gerardo Pollicita evaluará si las explicaciones logran justificar el incremento patrimonial o si persisten las inconsistencias.
3. Definición de la citación a indagatoria: Si el fiscal considera que el descargo es insuficiente, pedirá formalmente el llamado a indagatoria, paso que el juez Lijo deberá convalidar para convocar al imputado a Comodoro Py.

A modo de cierre (por ahora)

Entre chicanas procesales, pedidos de copias de extracciones forenses y defensas técnicas milimétricas, el mecanismo de protección corporativa opera con precisión de relojería.

A este ritmo burocrático, da la impresión de que Manuel Adorni llegará a una citación a indagatoria recién dentro de un siglo.

Mientras tanto, el expediente se dilata en los despachos judiciales, confirmando la regla de siempre en la Argentina: para los poderosos investigados por corrupción, la ley tiene un régimen de paciencia infinita, donde los privilegios de clase aseguran que el tiempo juegue siempre a su favor.

El mito antiimperialista y la diplomacia de pasillo

El discurso público del peronismo, tradicionalmente estructurado sobre consignas de soberanía nacional y retórica antiimperialista, se desmorona frente al “pragmatismo” de sus actos de gestión.

La reunión privada de una hora y cuarto entre el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Susan Segal, presidenta del Council of the Americas, en los salones del Alvear Palace Hotel, no representa una contradicción o una “tensión ideológica” inesperada, sino la continuidad de una matriz histórica de subordinación al gran capital norteamericano y de Wall Street.

Este encuentro demuestra que, más allá de la confrontación discursiva para el consumo de su militancia, las administraciones de este signo político no dudan en recurrir de manera directa a la diplomacia corporativa global cuando las arcas domésticas sufren ahogo fiscal.

El prontuario extractivista del Peronismo

La historia reciente del movimiento invalida cualquier pretensión de pureza antiimperialista, evidenciando que el alineamiento con las corporaciones multinacionales atraviesa todas sus etapas de gobierno:

• El hito de Monsanto (2012): Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el propio Poder Ejecutivo anunció con entusiasmo desde Nueva York la instalación de una megaplanta de la corporación estadounidense Monsanto en Malvinas Argentinas (Córdoba). Aquel proyecto extractivista no se frenó por decisión política oficial, sino porque las asambleas socioambientales y los vecinos organizados la echaron a patadas tras años de acciones directas en todo el país, donde el peronismo en todas sus formas brilló por su ausencia si no estuvo del lado de Monsanto.
• El desfile por Washington D.C.: Durante la gestión de Alberto Fernández, la cúpula gubernamental mantuvo una presencia asidua en los despachos del Departamento de Estado y el Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos. Las misiones oficiales entregaban metas macroeconómicas a cambio de avales financieros, configurando una sumisión explícita al orden financiero internacional.

La soja como único amo del Modelo de Kicillof

Para garantizar la viabilidad de cualquier negociación con el empresariado extranjero, la administración bonaerense ofrece como ofrenda la intangibilidad del agronegocio convencional. En la provincia de Buenos Aires, el esquema de “soja o muerte” funciona como el verdadero ordenador económico y fiscal:

La sumisión al financista de turno como único rumbo

La coexistencia de una severa fiscalización a nivel local contra plataformas digitales domésticas (Mercado Pago, Ualá) y una mesa cordial con los representantes de Wall Street expone la ausencia de una postura ideológica real.

La premisa que rige la administración del territorio es netamente financiera: el peronismo acepta de manera previsible y pragmática la tutela de cualquier actor internacional capaz de proveer fondos o divisas, convalidando a cambio un esquema extractivista que reduce la estructura productiva al monocultivo y la degradación ambiental.

La reciente audiencia de conciliación convocada por el juez federal Martín Cormick (con la participación de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), gremios y representantes de la Subsecretaría de Políticas Universitarias) ha desnudado una anomalía peligrosa para nuestra democracia: el Ejecutivo nacional ha decidido que su propia agenda está por encima del Imperio de la Ley.

El encuentro, impulsado tras los recovecos judiciales que siguieron al veto presidencial al Decreto 759/25, confirmó que el Gobierno no tiene ninguna intención de cumplir por motu proprio la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), a pesar de que la norma fue ratificada por el Congreso de la Nación y de que la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que exige aplicar de manera inmediata los artículos referidos a la actualización salarial docente y la recomposición de programas estudiantiles como el Progresar.

El Rule of Law es, por definición, la supremacía del derecho sobre la voluntad de los hombres. Como bien sostenía el pensamiento constitucionalista clásico, el “Imperio de la Ley” significa que el gobierno está sujeto a normas preestablecidas, no que el gobierno utiliza la norma como un obstáculo a remover según su capricho administrativo. Al ignorar una ley ratificada por el Congreso (tras el debido proceso de insistencia) y desoír los mandatos judiciales, el Poder Ejecutivo no está aplicando una política económica, está ejerciendo arbitrariedad.

La postura jacobina aquí no es un llamado al caos, sino una exigencia de igualdad ante la ley. Si el ciudadano de a pie debe cumplir con el ordenamiento jurídico, con mayor razón debe hacerlo el primer mandatario, pues él es el primer depositario de la legalidad constitucional. Cuando un gobierno decide qué leyes “le gustan” y cuáles debe “desobedecer”, el contrato social se rompe.

La libertad que proclama este gobierno carece de sustento si no se sostiene sobre el pilar del Derecho. Sin el Imperio de la Ley, no hay propiedad, no hay contratos, no hay República: solo queda el despotismo del decreto. Desafiar el financiamiento universitario (que es, en última instancia, el financiamiento del futuro del país) pisoteando los fallos judiciales y la voluntad legislativa no es liberalismo. Es, lisa y llanamente, una regresión a formas de poder absoluto que nuestra Constitución vino a enterrar.

La soberanía no está en la Casa Rosada; reside en la ley y en la voz del pueblo expresada en sus instituciones. Quienes desprecian la norma, no están salvando a la patria del gasto; están desmantelando las bases del orden democrático que nos permite convivir.

Introducción al Informe

La alocución del Presidente Javier Milei el 20 de agosto de 2026 en la 23ª edición de la conferencia organizada por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) excede el plano técnico de la presentación de indicadores macroeconómicos.

Analizado desde la perspectiva de que el mandatario habló para una tribuna conservadora y que rechaza toda empatía con los que menos tienen y más necesitan. el discurso de Milei se configura como un ritual de afirmación identitaria para los sectores del poder económico concentrado y los núcleos ideológicos afines al oficialismo, construyendo un relato donde la exclusión del adversario y la descalificación de toda disidencia operan como pilares fundamentales del modelo económico y social.

Los Cuatro Ejes del Desprecio de Milei al Pueblo

En todo momento el Presidente Javier Milei se mostró despectivo hacia el Pueblo que lo llevó al Poder y sumiso con los explotadores y vividores que en el lugar le hacían la claque.

Aunque sus barbaridades ya cansaron y no le hacen gracia a nadie, el Primer Magistrado insistirá en mantenerse firme en sus “ejes doctrinarios” a saber:

La Inversión del Rencor Político y la Hostilidad desde el Atril

El foro empresarial fue reconfigurado como una trinchera ideológica. Amparado por la asimetría del atril presidencial, el mandatario optó por validar las pulsiones punitivas de su base más fiel mediante la descalificación personal y el escarnio hacia economistas, periodistas y opositores ausentes, transformando la deliberación pública en un ejercicio de hostilidad y exclusión discursiva.

La Indiferencia Social y el Triunfalismo Macroeconómico

Frente a los indicadores críticos de contracción y el impacto sobre los sectores vulnerables, la exposición respondió con un triunfalismo fiscal abstracto. La desestimación sistemática de los datos que contradicen el relato oficial permitió justificar un ajuste asimétrico, rotulando las advertencias sobre la pérdida de bienestar social como meras falacias de “enemigos” o sectores rezagados.

El Darwinismo de Mercado y la Naturalización del Descarte

A través de analogías simplificadas sobre la “destrucción creativa” aplicada a disputas industriales, el discurso naturalizó la quiebra de unidades productivas locales y la precarización laboral. Bajo esta óptica, cualquier actor incapaz de sostenerse en el nuevo esquema no es visto como víctima de un shock recesivo, sino como un “prebendario” legítimamente merecedor del destierro económico y la marginación.

La Teología del Libre Mercado y la Clausura del Pluralismo

En su cierre, el relato presidencial redujo la compleja realidad socioeconómica a una disputa maniquea de índole moral entre los “valores judeocristianos” del mercado y la supuesta inmoralidad estatista. Al plantear la gestión como una lucha absoluta entre el bien y el mal, se clausura el debate democrático plural: el disenso deja de ser un contrapeso institucional para convertirse en un obstáculo moral que debe ser marginado.

La hipocresía de la Cruzada Antiderechos de Milei

Durante su exposición en el Council of the Americas, el Presidente recurrió a una de sus habituales embestidas al mofarse de los “pañuelitos verdes” y culpar cínicamente a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de la caída en la natalidad, desatendiendo por completo la profunda crisis material generada por su propio plan económico.

Esta postura deja al descubierto una hipocresía estructural:

• Intervencionismo punitivo: El Estado despliega todo su poder normativo para restringir la autonomía corporal y forzar nacimientos, utilizando una retórica moralista que culpa a las conquistas de género por los desequilibrios demográficos.
• Abandono y privatización: Una vez nacido el niño, el dogma libertario se desentiende de cualquier responsabilidad social. Bajo la premisa de que “el Estado no tiene por qué mantener a nadie”, se desmantelan las redes de contención y se traslada el costo total de la subsistencia a los hogares.
• La familia como fusible: Al eliminar la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar como un amortiguador precario. Esto obliga a las familias a postergar o cancelar la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando paradójicamente el propio deseo demográfico del Gobierno.

En definitiva, mientras desde el atril corporativo se promueve el escarnio ideológico y se exige procreación a fuerza de dogma, el Estado desaparece al momento de garantizar condiciones mínimas para una infancia digna, transformando la crianza en un privilegio más de clase.

Introducción a la Emisión #114

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la centésima décima cuarta Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.

Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

¿Qué precio tiene nuestra soberanía? Mientras nos distraen con la zanahoria de un Visa Waiver que se dilata intencionalmente, el territorio se fragmenta. Entre sismos inducidos por el fracking en Vaca Muerta, la complicidad logística de Brasil con el ocupante británico en nuestras islas y el chantaje diplomático para desmantelar nuestra infraestructura estratégica, el Estado argentino y sus élites políticas parecen haber abandonado cualquier pretensión de dignidad.

Nuevamente, desnudaremos la hoja de ruta del desguace nacional: saqueo, abandono y relaciones carnales con el poder extranjero.

¿Casta? ¿Motosierra? Olvidémonos de la retórica electoral. En el corazón de la República existe una geografía donde las leyes de la física fiscal se anulan para proteger a los mismos de siempre.

Mientras el contribuyente paga los platos rotos, el Estado funciona como una propiedad privada: desde intendencias que se heredan entre cónyuges hasta periodistas señalados por conductas aberrantes que, lejos de ser castigados, son premiados con millones de pesos del erario público.

Desenmascaramos cómo el poder se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas, cinismo y chequera.

El blindaje judicial de la ultraderecha empieza a hacer agua por todos lados. Mientras el Gobierno empuja la asfixia contra las universidades mediante chicanas y desfinanciamiento, la justicia le marca la cancha con una audiencia clave para hacer cumplir la ley.

A esto se le suma la destitución unánime del juez federal Alfredo López en Mar del Plata, marcado por discursos de odio y judeofobia.

Cuando los operadores del poder cruzan la línea y se van al demonio, las propias corporaciones judiciales se quedan sin margen para salvarlos del papelón.

El tablero electoral de 2027 ya se mueve bajo el peso de la urgencia y el pragmatismo, con una casta política que, a un año de las próximas elecciones, ya se olvidó de gobernar.

Mientras el peronismo activa cumbres de emergencia para blindar su interna y el oficialismo teje alianzas estratégicas con el PRO para asegurar su supervivencia, el mensaje es claro: sus problemas y la pelea por los cargos desplazaron cualquier interés por las necesidades reales del pueblo.

Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

Una agenda de saqueo, abandono y relaciones carnales

La geología neuquina ha respondido a la ambición desmedida. Con 57 sismos registrados en lo que va de 2026, la correlación entre la fractura hidráulica y la inestabilidad sísmica es ineludible. A pesar de los eventos recientes en el sector de El Trapial, operado por Chevron, el poder político y las petroleras insisten en negar el costo socioambiental, priorizando una “soberanía energética” que, en realidad, es una hipoteca geológica para las generaciones futuras.

Mientras tanto, el horizonte electoral brasileño no ofrece alternativa alguna. Tanto el oficialismo como el bolsonarismo mantienen una inercia de subordinación a los intereses de la OTAN. El suministro logístico a buques de la Royal Navy confirma que Brasil funciona como un colaborador de facto de la ocupación británica en el Atlántico Sur. Esta agenda se completa con la hostilidad institucional hacia los argentinos en ciudades como Río de Janeiro, donde el racismo y la violencia policial se utilizan como cortina de humo ante la ausencia de una postura regional soberana.

Finalmente, el embajador estadounidense Peter Ramelas utiliza el Visa Waiver no como un beneficio, sino como una herramienta de chantaje diplomático. La promesa de viajar sin visa se utiliza como “anestésico” para presionar por la exclusión de proveedores asiáticos en sectores estratégicos. No se trata de criterios técnicos de seguridad, sino de forzar una subordinación planificada donde el precio de nuestra “libertad” migratoria es la entrega absoluta de nuestra soberanía estratégica.

¡Vamos a los informes!

La coherencia entre estos tres frentes es absoluta. Mientras nos obligan a vender nuestra infraestructura tecnológica, Brasil nos da la espalda logística en Malvinas y nuestras propias tierras tiemblan bajo el peso de una extracción que no deja beneficio alguno para el pueblo, queda claro que el establishment regional opera bajo una misma lógica de entrega.

La naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación, y el suelo argentino comienza a exigir respuestas. ¿Cuánto más podrá sostenerse este mito de control antes de que la realidad termine de fracturar los cimientos de este modelo de sumisión?

La soberanía no se negocia, pero parece que las élites actuales están decididas a rematarla al mejor postor.

Los privilegios de la pertenencia a las castas dominantes

Lo ocurrido en Avellaneda es la radiografía del poder feudal más rancio. La intendenta Magdalena Sierra y su esposo, Jorge Ferraresi, han convertido la gestión pública en una empresa familiar bicéfala.

Tras “licenciarse” de su cargo, el ex-Intendente regresa mediante un decreto de su propia pareja a un puesto de asesoramiento creado a medida, con un salario millonario pagado por los vecinos. No es gestión, es la administración de la cosa pública como un negocio conyugal.

La voracidad no distingue escalas. El reciente decreto que entrega Tecnópolis al “Consorcio de la Nación” y la multinacional Live Nation pone en evidencia que los vetos y las disputas presidenciales son apenas teatro para la tribuna.

Tras bambalinas, se condonan cánones millonarios y se regalan 54 hectáreas de infraestructura estratégica por 25 años. La lección es clara: el “austericidio” es solo para el ciudadano de a pie; para los grandes amigos del poder, siempre hay un contrato jugoso esperando.

El caso de Pedro Brieger no es solo una cuestión de ética, es una prueba de la protección institucional a los verdugos de la decencia. Tras haber sido señalado por 19 mujeres por conductas de acoso y agresión sexual, el Estado, a través de RTA, no solo le pagó una fortuna millonaria para evitar el juicio, sino que ahora permite que el sistema laboral lo habilite a reclamar cientos de millones adicionales en concepto de “intereses”.

Mientras las víctimas son abandonadas, el Estado abre la billetera para financiar la impunidad de los suyos.

¡Vamos a los informes!

El patético show que presenciamos no es una crisis de gestión, es la consolidación de un sistema de privilegios donde la moralidad es un costo descartable y el Estado es el financista hasta de los depredadores pertenecientes a la casta del Poder.

Ya sea en un despacho municipal, en un predio nacional o en los pasillos de los medios públicos, la matriz es idéntica: se estatizan las pérdidas, se tercerizan las responsabilidades y se premia la lealtad de la casta con el esfuerzo de la sociedad.

La casta no se fue; simplemente se mudó de sillón y actualizó sus honorarios a costa de una ciudadanía que, aparentemente, está condenada a sostener con sus impuestos este festín de impunidad y cinismo.

Los cultores del odio en problemas en los Tribunales

No estamos ante hechos aislados ni meros desvíos administrativos, sino frente a una estrategia sistemática de persecución, ahogo presupuestario y utilización de los tribunales como trincheras partidarias.

El conflicto por la Ley 27.795 de financiamiento universitario y el activismo reaccionario desde los estrados forman parte del mismo combo de desguace institucional que el Ejecutivo impulsa y defiende a capa y espada.

La convocatoria del juez Martín Cormik (Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11) para una audiencia fijada para el próximo 21 de agosto, cuyo objetivo es destrabar el conflicto presupuestario y forzar al Gobierno a cumplir con la ley frente a su tendal de maniobras dilatorias.

Veremos también el fallo histórico del 39º Jurado de Enjuiciamiento que destituyó por unanimidad al juez federal Alfredo López por mal desempeño, tras comprobarse que sus publicaciones en la red social X cruzaron los límites de la libertad de expresión para encuadrar en discursos de odio bajo el test de Rabat.

¡Vamos a los informes!

No es que el sistema se depure por pura vocación democrática: nada más alejado de la realidad. Lo que pasa es que cuando el desmadre político y la operación judicial se vuelven insostenibles, el costo de blindar a estos personajes se vuelve demasiado alto para las propias corporaciones.

La realidad institucional y el peso de los hechos terminan arrasando con el capricho del poder de turno y de todas las castas. La protección colapsa ante el peso de las barbaridades de quiénes, a pesar de todo, exceden algún límite insalvable.

La Casta Política a la Caza del Voto de dentro de un año

La necesidad de recomposición táctica llevó a Karina Milei y Mauricio Macri a habilitar un canal de diálogo. El pasado 13 de agosto, operadores como Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis se reunieron en la Casa Rosada. Este encuentro buscó no solo votos para la agenda legislativa, sino pavimentar un camino electoral para 2027, utilizando la foto como único mensaje estratégico ante la inminencia de la disputa nacional.

El 11 de agosto, en el Hotel Emperador, se encontraron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. El objetivo fue acordar la defensa cerrada de las PASO como única herramienta para contener el caos interno tras la derrota de 2025. En medio de la rosca, no faltaron las críticas hacia gobernadores “colaboracionistas” como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), dejando en evidencia que el objetivo es evitar la desaparición del mapa institucional, más allá de cualquier supuesta reconciliación.

¡Vamos a las imágenes!

La coincidencia temporal de estos movimientos desnuda la verdadera naturaleza de la política: cuando el poder siente que las reglas tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la Realpolitik.

Nos intentan vender que las necesidades de los de arriba son nuestros problemas, cuando en realidad se trata de una tregua efímera entre cúpulas que intentan sobrevivir a sus propias contradicciones.

La gran incógnita es cuánto tiempo resistirán estos armazones precarios frente a una crisis que, para el ciudadano de a pie, no ofrece ninguna salida ni respuesta.

Cierre de la Emisión #114

Hasta aquí llegamos con esta centésima décima cuarta Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.

Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

La reciente destitución unánime de Alfredo López, hasta ayer titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, no es una anécdota administrativa ni un simple “desborde” de un magistrado; es la desarticulación de una terminal institucional que, durante años, utilizó el despacho judicial como trinchera para operar una agenda de odio, discriminación y desestabilización democrática.

El fallo reconoce que la conducta de López ha contrariado de manera manifiesta las bases del Estado de Derecho y las garantías que por su investidura debía asegurar a todos los habitantes de la Nación. Los 15 posteos en la Red X del destituido fueron determinados como auténticos, a pesar de que el ex-Magistrado intentó ampararlos en la libertad de expresión. Al ser discursos de odio, entre otras cosas, no pueden ni deben estar amparados por ese derecho fundamental. El Jurado basó su lectura en el Test de Rabat, determinando que Alfredo Eugenio López cruzó la línea roja que separa la opinión protegida del discurso de odio proscrito. Consideraron que el destituido “dinamitó” la confianza de la ciudadanía en orden del mantenimiento de su actitud para administrar Justicia de manera imparcial.

A continuación les brindamos el extracto de las partes claves de la Resolución del Consejo de la Magistratura sobre el particular.

¡Vamos a las imágenes!

El quiebre del blindaje institucional

El juicio político ante el Consejo de la Magistratura, impulsado por el senador Luis Juez y el Dr. Alberto Maques, dejó al desnudo lo que este juzgado intentó ocultar bajo una fachada de legalidad. López no fue destituido por sus opiniones, sino por un patrón sistemático de mal desempeño que incluyó:

• Hostigamiento racial: La difusión de mensajes cargados de judeofobia, que incluyeron el uso de terminología de corte nazi, la deshumanización de ciudadanos y la promoción de mitos conspirativos medievales que la propia Iglesia Católica ha superado hace décadas.
• Abuso de poder: La utilización de la firma “Juez Federal López” en redes sociales para amparar su discurso de odio, rompiendo toda apariencia de imparcialidad y decoro.
• Obstrucción y sedición: Su historial incluye el uso espurio de medidas cautelares para boicotear políticas públicas nacionales (como la Ley de IVE) y la apología explícita de intentos de golpe de Estado en la región, como el asalto a las instituciones democráticas en Brasil el 8 de enero de 2023.

La farsa de la “Posverdad” y el boicot fallido

El proceso de destitución puso en evidencia la desesperación de los sectores más radicalizados de la ultraderecha. Al verse acorralados por pruebas irrefutables, intentaron recurrir a la prepotencia física dentro del recinto y a una coreografía de victimización en redes sociales.

La patota (encabezada por agitadores como Raúl Padró y Chinda Brandolino) intentó camuflar su antisemitismo tras una falsa bandera de “defensa de la causa palestina”. Esta pirueta retórica es, en realidad, una cortina de humo: una impostura que busca ocultar su alianza histórica con los sectores neofascistas de la sociedad argentina.

Como quedó demostrado el 29 de noviembre de 2025 en Plaza de Mayo, cuando la movilización popular les hizo frente, estos grupos pasaron de la bravuconada digital a la cobardía operativa, buscando refugio detrás de los cordones de seguridad del Estado.

A modo de cierre (por ahora)

El fallo del Jurado de Enjuiciamiento es una señal de que la paciencia democrática frente al uso de cargos públicos para la incitación al odio tiene un límite. Este no es un momento de celebración, sino un acto de estricta JUSTICIA, en donde un racista, con muchos contactos en esos núcleos criminales ha debido abandonar su miserable cuota de poder.

El sistema ha demostrado que, aunque lento, el derecho puede prevalecer sobre la prepotencia de quienes creen que la investidura judicial es una patente de corso para el fascismo.

Alfredo López ha dejado de ser Juez. Con esta sentencia, se pone fin a una etapa de impunidad y se reafirma que, en la Argentina, los funcionarios que apuestan por la destrucción de la convivencia democrática deben volver al ostracismo.

Para un análisis detallado de las redes de apoyo y el prontuario documentado del exmagistrado, puedes consultar el informe de Locomoción TV aquí: La judeofobia detrás del Juez antiderechos Alfredo López.

Durante una entrevista exclusiva concedida al canal TN (Todo Noticias) en la mañana del 16 de agosto de 2026, el embajador estadounidense Peter Lamelas utilizó la zanahoria del Visa Waiver no como un beneficio de reciprocidad, sino como un mecanismo de chantaje diplomático.

Mientras se dilata la promesa de acceso sin visa —excusándose en televisión abierta en que “no va a pasar en 3 meses ni 6 meses ni un año”—, se acelera la presión para desmantelar infraestructura estratégica nacional bajo el pretexto de riesgos tecnológicos.

La exención de visa nunca fue un trámite técnico-administrativo; siempre ha sido una herramienta de alineamiento geopolítico. Su uso actual como moneda de cambio es una táctica clásica de los emisarios de Washington para imponer condiciones en mercados estratégicos locales, aprovechando la debilidad política de la administración de turno.

Las propias declaraciones del diplomático frente a las cámaras de TN sobre la necesidad de cumplir con “como 15 criterios que tienen que lograr” —involucrando directamente al canciller Pablo Quirno y al embajador Alex Oxenford en esa mesa de presión— desnudan cómo se fijan exigencias a medida.

Existe una relación directa entre el avance de las negociaciones de infraestructura con proveedores asiáticos y la intensificación de las advertencias desde la embajada. El despliegue de discursos sobre exigencias de bases de datos y seguridad (como la reclamar de un sistema informático de transmisión inmediata de perfiles de riesgo o terrorismo) es la cobertura técnica necesaria para forzar la exclusión de competidores en sectores clave como la energía y la tecnología, utilizando el temor a la pérdida del estatus migratorio como factor de presión constante sobre el funcionariado local.

La zanahoria de la visa —prometida por Lamelas al aire bajo la premisa de “antes de que yo me voy de embajador tienen visa… voy a tratar lo más posible para lograr eso”— es el anestésico perfecto para una subordinación planificada.

Nos venden el acceso a sus fronteras mientras nos dictan qué tecnología podemos utilizar en nuestra propia tierra. El precio de la supuesta “facilidad” es la entrega de la soberanía estratégica a una agenda que no contempla el desarrollo nacional, sino el control absoluto de nuestros recursos soberanos como moneda de cambio.

Introducción

El horizonte electoral en la República Federativa del Brasil se perfila no como una oportunidad de renovación democrática para el Cono Sur, sino como una encrucijada donde la soberanía regional queda relegada a un segundo plano. Lejos de proponer una reconfiguración de las relaciones exteriores basada en la autonomía, el proceso político actual se encuentra capturado por una inercia de subordinación a los intereses de las potencias de la OTAN.

Esta “normalidad” geopolítica, caracterizada por la aceptación pasiva de la presencia británica en las Islas Malvinas, revela un vacío absoluto de voluntad soberanista tanto en las estructuras progresistas como en las conservadoras. La pasividad ante las amenazas externas se entrelaza con una preocupante indiferencia hacia los derechos humanos de los ciudadanos argentinos en suelo brasileño, configurando un escenario donde la hermandad latinoamericana es sustituida por una administración burocrática de la hostilidad.

La complicidad geopolítica con la ocupación británica en el Atlántico Sur

• La política de Lula da Silva: Bajo el discurso de la integración regional, el actual gobierno brasileño ha mantenido y profundizado la cooperación logística y de reabastecimiento con las fuerzas armadas británicas. La asistencia a buques de la Royal Navy confirma que el aparato militar e industrial brasileño continúa prestando servicios funcionales a la potencia ocupante de las Islas Malvinas, consolidando un esquema de colaboración con la OTAN que vulnera los acuerdos históricos de desmilitarización y soberanía austral.
• El alineamiento de Jair Bolsonaro: Por su parte, el sector bolsonarista representa un sometimiento explícito y subordinado al imperialismo norteamericano y a sus aliados occidentales. Su visión geopolítica carece de cualquier atisbo de autonomía nacional, replicando una agenda de alineamiento automático con los intereses británicos y estadounidenses en el hemisferio que descarta de plano cualquier solidaridad con el reclamo soberano argentino.

Silencio absoluto ante la persecución y los abusos hacia los argentinos

Uno de los aspectos más alarmantes del debate público es la total omisión por parte de ambos espacios políticos respecto a la situación de los ciudadanos argentinos en Brasil.

Se multiplican los episodios de hostigamiento institucional y detenciones arbitrarias, junto a la persistente aplicación de causas por supuesta injuria racial, utilizadas de manera desmedida por autoridades locales y cuerpos de seguridad en ciudades como Río de Janeiro. Como hemos demostrado en vastos informes, para los argentinos ir al Brasil a ver fútbol o pasear se transforma en un calvario y en un peligro para la libertad y la vida.

Casualmente desde que la Selección Brasileña no puede ganarle un partido a su similar de la Argentina en el Maracaná se reforzaron las violencias de la PMERJ, por ejemplo. Sí, la misma PMERJ que tiene abatidos de pura coincidencia un 86% de personas como ellos definen “negras o pardas” y un 98% pertenecen a las favelas o áreas pobres. Tal la hipocresía de un poder que trata de enmascarar sus propias políticas racistas, creando un enemigo externo cual Alcalde Diamante con el Acta 24.

Ni el oficialismo ni la oposición han emitido propuestas o garantías diplomáticas orientadas a frenar esta persecución sistemática ni a revisar los abusos judiciales y policiales que sufren los argentinos en el país vecino.

A modo de cierre (por ahora)

Al evaluar los modelos en pugna, resulta evidente que no existe una ruptura con el paradigma de dependencia que Brasil sostiene respecto al poder colonial y el imperialismo financiero y militar global.

• La inercia diplomática frente al enclave colonial: La continuidad de los protocolos de soporte a los buques británicos en el Atlántico Sur demuestra que el establishment brasileño opera bajo una lógica de servicios a la ocupación en Malvinas. Esta actitud no solo deslegitima los esfuerzos diplomáticos argentinos, sino que consolida al Brasil como un colaborador estratégico de facto para la permanencia de la base militar en el archipiélago.
• La persecución como política tácita: La ausencia de propuestas para revertir la criminalización de ciudadanos argentinos no es un olvido accidental, sino un componente más de la agenda de sumisión. La utilización de acusaciones de racismo como instrumento de hostigamiento refleja la ausencia de un compromiso serio con la equidad regional, permitiendo que las fuerzas de seguridad actúen con total impunidad.
• El desafío de una alternativa soberana: En última instancia, ambos candidatos han demostrado que la protección de la integridad de los argentinos y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur no forman parte de sus prioridades. Este vacío de agenda obliga a reflexionar sobre la necesidad de construir una soberanía regional que no dependa de la voluntad de las élites electorales que hoy dominan el panorama político brasileño.

Introducción a la Emisión #30

Hola amigas y amigos:

Sean bienvenides a la trigésima Emisión Regular de El Estado de las Luchas.

Desde donde la lucha nos convoque o nos lo permita, llegamos hasta ustedes luego de 78 días desde nuestro último encuentro.

En este discurso que desde hace casi 13 años trata de visibilizar todas las luchas de nuestro pueblo y difundirlas, en forma interactiva, creando una herramienta comunicacional al servicio de la gente de bien.

Esta vez, quizás alarmados por la locura del Poder de proteger al macho hasta las últimas consecuencias, hemos de dedicar la Emisión completamente a las violencias hacia las mujeres.

A once años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente a un Estado que abandona y un sistema judicial que encubre.

El femicidio de Agostina Vega, de apenas 14 años, en Córdoba, es la radiografía del fracaso: un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad política detrás de la tragedia.

Más adelante nos adentraremos en cómo el sistema, a través del Estado, sus instituciones y sus medios revictimiza a las mujeres y defiende al macho, que cuanto más poderoso sea, más beneficiado será del encubrimiento. Les contaremos como se orquestan las victimizaciones en los Casos de Candela Arizaga y Melody Rakauskas, por que para los poderosos el Macho siempre tiene razón.

Tal es la protección que personajes siniestros como el abusador Pedro Brieger exigen indemnizaciones multimillonarias por haber sido despedidos por sus reiterados acosos. Tal el caradurismo de los machos del Poder.

11 AÑOS DEL NI UNA MENOS: ATRAVESADAS POR EL ABERRANTE FEMICIDIO DE AGOSTINA VEGA

A once años de aquel grito fundacional, el Ni Una Menos vuelve a las calles no como un aniversario, sino como un grito de guerra frente a un Estado que abandona y un sistema judicial que encubre.

El femicidio de Agostina Vega, de apenas 14 años, en Córdoba, es la radiografía del fracaso: un crimen anunciado, permitido por la desidia institucional y envuelto en una campaña mediática de saturación para ocultar la responsabilidad política detrás de la tragedia.

Queremos resaltar los aspectos que desarrollaremos en los informes sobre el particular:

La desaparición de Agostina el 23 de mayo y su posterior hallazgo en barrio Ampliación Ferreira no fue producto del azar, sino de la impunidad garantizada. El principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier (empleado municipal, con vínculos en la barra brava de Instituto y conexiones políticas) tenía antecedentes claros: en mayo de 2025 ya había sido detenido por secuestrar a otra joven en el mismo domicilio. Que haya recuperado la libertad en apenas 20 días gracias al pago de una fianza es la prueba contundente de un Poder Judicial que le abrió la puerta al asesino para que volviera a actuar.

En medio del dolor, el caso ha sido utilizado para una “operación de saturación informativa”. La aparición de un manuscrito (misteriosamente hallado por la abuela materna) y la filtración de declaraciones de la madre mientras estaba sedada en una clínica, no son casualidades. Son maniobras cínicas para desviar el eje de un femicidio ejecutado con extrema violencia hacia un laberinto de disputas familiares. Esta operación busca agotar la atención pública y proteger a los responsables políticos y judiciales que permitieron que un peligroso violento estuviera en la calle.

El sistema educativo provincial también expone sus grietas. Agostina no asistía a clases desde el 8 de mayo debido a amenazas externas. Aunque la institución activó llamados preventivos, la menor quedó desprotegida durante tres semanas críticas, lejos de la rutina escolar que, en muchos contextos, funciona como el último anillo de contención. La desconexión entre los avisos preventivos y la respuesta estatal para garantizar la seguridad de la joven es, sencillamente, criminal.

¡Vamos a los informes!

Lo ocurrido con Agostina Vega no es un “suceso policial” más; es un síntoma de un Estado que ha hecho de la justicia una opción, no una obligación. El poder judicial asiste a que “se filtren” secretos de sumario para ensuciar a la familia de la víctima con la lentitud que tuvo para lanzar el Alerta Sofía.

Desde Locomoción TV y El Estado de las Luchas, nuestra línea es clara: no serviremos de vehículos para las campañas que buscan enterrar la verdad bajo el ruido de la grieta.

La impunidad tiene nombres, apellidos y responsabilidades políticas claras. Exigimos que la justicia se centre en lo único que importa: el rigor de las pericias científicas para condenar a los responsables.

¡Justicia por Agostina Vega!

¡Ni Una Menos!

Violencias hacia las mujeres con sostén del sistema y creciendo

Suponer que las aberrantes violencias hacia las mujeres son cosas que el Poder no tolera, es pecar como mínimo de una ingenuidad suicida. Cuanto más poderoso es el macho, mayor es el encubrimiento del Estado y sus medios adictos.

En El Irreverente ya venimos tratando en tres informes los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga, en los que el sistema se esmera para defender a los popes revictimizando a las víctimas.

Para cerrar el cuadro de situación de las violencias a las mujeres por parte del Estado, les mostraremos como responde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuando las mujeres reclaman que son víctimas de violencia de género.

¡Vamos a los informes!

El Macho Brieger reclama el beneficio de acosar

El Festín de este Depredador no tiene fin. Mientras el sentido común se desangra, el sistema judicial y estatal premia a los personajes más oscuros de la Casta.

Analizamos la radiografía del Caso de Pedro Brieger: tras embolsar 78 millones de pesos de RTA en un acuerdo exprés, el “hombre fuerte de la geopolítica” del peronismo ahora reclama una actualización de intereses que elevaría la cifra a más de 400 millones.

Hagamos memoria: 19 mujeres denunciaron acoso y agresión sexual sistemática. La respuesta del Estado no fue proteger a las víctimas, sino soltar la billetera para los amigos del poder.

El no va más del cinismo y la avaricia combinadas en un solo machito.

¡Vamos a las imágenes!

Cierre de la Emisión #30

Así llegamos al cierre de la trigésima Emisión Regular de este Discurso de El Estado de las Luchas.

Les rogamos como siempre que no dejen de registrar, nadie puede prohibírtelo, absolutamente nadie. Mientras exista el artículo 14 de la Constitución Nacional, se van a tener que apañar los mentecatos que nos dominan. Podés registrar todo, pero mucho ojo. Al momento de publicar te caben las generales de la Ley.

Hagamos lo Imposible sin heridos ni detenidos. Cuídense mucho que para la Revolución les necesitamos a todes.
Sin más que contarles, les abrazamos con el cariño de siempre.

El tablero electoral de 2027 ya se mueve bajo el peso de la urgencia y el pragmatismo. Mientras el peronismo activa cumbres de emergencia para blindar las PASO y ordenar su interna bonaerense, el oficialismo y el PRO retoman las conversaciones en la Casa Rosada para tejer una alianza estratégica.

En la política argentina los extremos se mueven al mismo ritmo: o se reordenan las reglas de juego a tiempo, o el colapso del sistema electoral deja a todos a la intemperie.

Nadie quiere esperar, ya se han puesto en marcha los oráculos que nunca aciertan y que sin que sepamos a qué intereses representan nos salen a vender que nuestro futuro ya esta signado con las opciones que el sistema tolera y enriquece a diario.

Ya comienzan a olvidarse de gobernar (como si alguna vez lo hubieran hecho) y como siempre tus problemas pasarán al último plano, por que para ellos y los que los sirven directamente lo más importante es asegurar los cargos y las cajas. No queda tiempo para nada más y eso que queda todo un año donde podrían probar, por una vez al menos trabajar para su Pueblo.

Al fin y al cabo, para eso están en los cargos que ocupan, pero si el Pueblo no reclama ningún poder se siente compelido a detenerse en su voracidad.

El Gobierno con el PRO en el armado 2027, sin pensar en el 2026

El Gobierno entró en modo de armar el escenario de recomposición táctica. La necesidad de crear la rosca de la supervivencia los llevo a que Karina Milei y Mauricio Macri (tras meses de distancia y tensiones) abrieran un canal de diálogo que derivó en una “mesa de trabajo” en Balcarce 50.

Así las cosas, el 13 de agosto a las 11 se reunieron en la Casa Rosada los operadores de la Libertad Avanza y el PRO: Diego Santilli, Lule Menem, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis se sentaron a la misma mesa, lugar desde el cual el Gobierno busca no solo asegurar los votos para su agenda parlamentaria, sino también pavimentar el camino hacia un acuerdo electoral para el próximo año.

No trascendió nada más que el mensaje de la foto de ver a ambas fuerzas políticas, representadas por sus delegados. Volver a mostrarse juntos no fue lo más importante: fue lo único importante.

El Peronismo comienza a desarrollar la Unidad en la Rosca

En el Peronismo, la misma necesidad de supervivencia y la manutención de sus muertos de hambre obligó a una tregua impensada y el 11 de agosto en el Hotel Emperador de Retiro se juntaron Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, junto a gobernadores y jefes legislativos.

El objetivo central no fue cerrar una reconciliación definitiva, sino acordar una defensa cerrada de las PASO, la única herramienta capaz de contener el caos interno de un peronismo fracturado desde la derrota de 2025, que como todas ellas no tiene padres.

A pesar del clima de cordialidad en la rosca los participantes se despacharon fuerte contra los gobernadores peronistas “colaboracionistas” con el Gobierno Nacional, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

A modo de cierre (por ahora)

La coincidencia temporal de estos movimientos muestra la verdadera naturaleza de la política: cuando las reglas del juego tambalean, los discursos de pureza ideológica se archivan y se impone la “realpolitik”. Ese eufemismo con el cual pretenden convencernos de que las necesidades de los de arriba son, en realidad, los problemas de todos nosotros.

El peronismo se une para no desaparecer del mapa institucional, y el oficialismo teje puentes con el PRO para consolidar su bloque de poder antes de que comience formalmente la disputa nacional.

La gran incógnita es si estos armazones de cúpula lograrán sobrevivir a sus propias contradicciones internas o si son apenas treguas efímeras en una crisis que a la gente no le da ninguna.

El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó a una audiencia para el viernes 21 de agosto con el objetivo de destrabar el capricho presidencial de asfixiar económicamente a las universidades nacionales.

Básicamente, el gobierno de Javier Milei (en su sorda guerra contra la universidad pública) se niega a cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y recurre a cuanta chicana tiene a mano para eludirla.

Nos gustaría que el Presidente tuviera el mismo tesón para oponerse a entregar lo que es de todes a los acreedores y saqueadores de siempre. El odio de Milei hacia la universidad pública, y particularmente hacia la UBA, es una certeza fáctica que traslada a su gestión con la disciplina de un fanático. Un resentimiento personal, arrastrado desde sus años de baja academia, terminó por contaminar cada decisión de su política de Estado.

El Presidente, como es su maldita costumbre, expone al Estado a las consecuencias de sus odios y despilfarra fondos públicos en abogados amigos para sostener su cruzada demencial.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se opuso a la audiencia argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato, aunque fuentes del organismo confirmaron que asistirán al encuentro.

En junio pasado, la Corte Suprema ratificó una cautelar que obliga al Ejecutivo a aplicar dos artículos de la ley referidos a la actualización salarial y la recomposición de programas de becas (como el Progresar), mientras se espera una sentencia de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La normativa, originalmente vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, busca llevar el presupuesto universitario al 0,75% del PBI, superando la oferta de fondos del Gobierno, que lo estancaba en el 0,6%.

El escollo central es que el Presidente se cree un monarca absoluto, convencido de que la ley debe someterse a sus berrinches. Si a estas alturas se niega a cumplir la normativa, no hay futuro donde se avenga a derecho, por más que lluevan destornilladores de punta. El odio, cuando tiene poder, no reconoce límites.

Hay mecanismos en la maquinaria estatal que rozan la obscenidad más absoluta, donde los códigos de decencia básica quedan sepultados bajo toneladas de legajos judiciales y acuerdos de oficina. El caso del periodista Pedro Brieger es la radiografía perfecta de cómo el sistema premia, protege y financia a los personajes más oscuros de su propia casta, mientras el sentido común se desangra en la banquina.

Después de embolsar 78 millones de pesos gracias a un acuerdo extrajudicial con Radio y Televisión Argentina (RTA) (un arreglo exprés para no esperar el fallo definitivo de la Corte Suprema), el hombre fuerte de la geopolítica peronista decidió que era poco. Ahora, mediante una jugada en el juzgado laboral que lleva la causa por su salida de los medios públicos, reclama una actualización de intereses y conceptos pendientes que podría llevar la factura total a la friolera de más de 400 millones de pesos.

Hagamos memoria, porque la desmemoria es el hábitat natural de esta gente. Brieger debió salir a la luz pública a “pedir perdón” no por un debate ideológico ni por diferencias gremiales, sino acorralado por las denuncias públicas y formales de 19 mujeres que lo señalaron por acoso y agresión sexual sistemática durante años. Conductas aberrantes, abusos de poder desde el atril del comunicador “progre” y una impunidad amparada en los despachos oficiales.

Sin embargo, frente al reclamo desesperado del colectivo Periodistas Argentinas para congelar esos fondos y garantizar una reparación mínima a las víctimas, la respuesta del Estado fue la de siempre: la billetera floja para los amigos del poder y el latrocinio constante al bolsillo del contribuyente.

RTA prefirió soltar los primeros 78 millones antes que enfrentar la verdad judicial completa, dejando a las víctimas a pie y permitiendo que el protagonista de semejantes tropelías vuelva a estirar la mano exigiendo una montaña de millones más.

Es el modelo exacto del cínico incorregible: se aleja por dejar un tendal de conductas inmorales y abusivas, cobra una cifra millonaria que sale de los impuestos de todos, y todavía redobla la apuesta para vaciar un poco más las arcas públicas.

Una postal de cuerpo entero de cómo los verdugos de la ética terminan cobrando un sueldo por los servicios prestados a la impunidad.

Hay una geografía secreta en la República donde las leyes de la física fiscal se anulan por completo y la congruencia ética se archiva en el fondo de un cajón. Es el territorio donde la casta, esa entelequia retórica que prometía ser desterrada con motosierra y gritos de trinchera, se reorganiza bajo un nuevo acuerdo de cúpulas: el pragmatismo de la chequera y los negociados entre amigos.

Por un lado, los municipios se reducen sin anestesia a una pyme con caja propia y herencia conyugal. Lo ocurrido en Avellaneda con el ex-Iintendente Jorge Ferraresi es la radiografía perfecta del feudalismo municipal más rancio: tras dejar el sillón principal a su esposa y sucesora, Magdalena Sierra, la licencia duró lo que un suspiro para retornar calzado con un traje a medida.

Creada por decreto de su propia pareja, la flamante Jefatura de Asesoramiento Institucional le asegura un sueldo millonario (calculado por la oposición entre los 7,5 y los 13 millones de pesos mensuales) para cumplir funciones tan vagas como ejecutar órdenes de la Intendenta. Un poder bicéfalo sostenido con la plata de los contribuyentes, donde el Estado se administra con la misma naturalidad con la que se reparte la chequera familiar.

La voracidad no se detiene en los pagos chicos; también cotiza alto en las grandes ligas del Estado nacional. La reciente redacción del Decreto que le otorga la codiciada concesión de Tecnópolis al consorcio de La Nación y la multinacional Live Nation demuestra que las peleas de conventillo y los vetos ampulosos duran exactamente lo que tarda en cerrarse un gran negocio inmobiliario y de entretenimiento.

El vínculo formalmente dinamitado tras aquellos desplantes presidenciales se disolvió por completo cuando se trató de entregar las 54 hectáreas de Villa Martelli por un cuarto de siglo. El combo es de una generosidad harto sospechosa: se le condona al grupo el pago del canon durante los primeros diez meses (unos 650 millones de pesos mensuales) y se les regala un polo fabuloso de negocios, demostrando que el renglón de las “disculpas públicas” siempre se puede canjear gustosamente por un buen contrato a largo plazo.

En la superficie todes agitan banderas de austeridad y equilibrio, pero en los hechos la matriz no cambia: se estatizan las pérdidas, se tercerizan los baches operativos y se fondea a los amigos del poder a costillas del ciudadano de a pie. Una postal de cuerpo entero de cómo las sagradas familias del privilegio, ya sean municipales o mediáticas, operan voraces y campantes, transformando la cosa pública en un negocio particular y endogámico.

Cada día de nuestras vidas oímos que nos niegan las consecuencias de meter mano a la Madre Tierra para sacarle plata, todo lo que sea menester en negaciones para el sacrosanto fin de conseguir dinero. El subsuelo de Vaca Muerta volvió a moverse, y la estadística no deja margen para las casualidades.

Dos nuevos sismos, confirmados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, se suman a una lista que ya alcanza los 57 eventos en lo que va de 2026. La aceleración del fracking sigue colisionando con la geología local, y el costo de esta “fiebre de oro” energética podría ser una factura geológica que la provincia todavía no sabe cómo gestionar.

Tampoco es que le interese mucho explicarlo, solamente negarlo, mientras reciben dinero fácil a costa de la vida de la gente que llevará la cicatriz de la ambición de los poderosos por varias generaciones.

Los hechos superan las peores previsiones socioambientales

Los registros indican dos eventos recientes: uno el 6 de agosto (magnitud 2,8 ML) y otro el pasado miércoles 12 (magnitud 2,6 ML), ambos con epicentros a escasos kilómetros de profundidad en áreas operadas por Chevron, específicamente en el sector de El Trapial. El Observatorio de Sismicidad Inducida los vincula directamente a las operaciones de fractura hidráulica, una correlación que se vuelve ineludible tras contabilizar casi sesenta eventos en un solo año.

Este fenómeno no ocurre en el vacío. Se suma a un clima de tensión operativa en la misma área, marcado recientemente por un estallido en la Batería 1 de El Trapial que dejó tres trabajadores heridos. La simultaneidad de fallas estructurales y movimientos sísmicos encendió las alertas sobre las medidas de seguridad y el impacto ambiental de una industria que presiona los límites técnicos de la cuenca neuquina.

El Gobierno nacional y las operadoras apuestan todo al potencial de exportación de gas y petróleo, la recurrencia de estos “pequeños” temblores actúa como un recordatorio constante de que la extracción no convencional conlleva riesgos que no figuran en las proyecciones de rentabilidad.

Es tal la dependencia del Kapital y el Estado sobre el beneficio pecuniario de estas barbaridades que se cometen en contra de la Madre Tierra, que están dispuestos a jugarse la vida de las poblaciones del territorio en pos de la causa. Y si hay que negar o esconder muertes y enfermedades lo harán sin ningún pudor.

A modo de cierre (por ahora)

La acumulación de 57 sismos en menos de ocho meses no es una cifra que pueda esconderse bajo la alfombra de la soberanía energética. Es una señal de advertencia que el poder político y las petroleras parecen decididos a ignorar en favor de su avaricia que es lo único que no tiene límites.

El problema es que la naturaleza no entiende de plazos electorales ni de metas de exportación. La industria del fracking jamás podrá ser de beneficio para la estabilidad geológica y la seguridad operativa lo único importante es ganar dinero y ya.

Neuquén podría terminar enfrentando daños irreversibles. La pregunta que queda es cuánto tiempo más podrá sostenerse el mito de que en Vaca Muerta todo está bajo control, antes de que el suelo empiece a exigir respuestas que ninguna inversión pueda o quiera compensar.

Introducción al Informe

Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la centésima décima tercera Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

En la Argentina del poder, la duda es un privilegio que solo le pertenece al macho. Ante cualquier denuncia por violencia de género que involucre a figuras de la política o el establishment, el aparato mediático y estatal activa de inmediato su blindaje protector.

No es negligencia, es una decisión editorial: cuando el acusado pertenece a la casta, la víctima nunca es creída, es apenas un estorbo que hay que silenciar o invisibilizar.

Veremos cómo el poder político y la prensa adicta se coordinan para sostener el mismo manual de impunidad.

Javier Milei llegó al poder prometiendo una motosierra contra el Estado, pero lo que vemos es una monarquía disfrazada de anarcocapitalismo.

Mientras el “anarcocapitalista” asegura que destruye el aparato estatal, lo que está destruyendo sistemáticamente es la estructura social del Pueblo, utilizando el poder para proteger a la casta y a los sectores que menos lo necesitan.

Su gobierno no es una liberación; es un despliegue de violencia física y moral contra quienes se atreven a cuestionar su voluntad.

El requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita no es un hecho aislado; es el quiebre de la narrativa de “transparencia” que el ex-Jefe de Gabinete Manuel Adorni sostuvo como escudo durante su gestión.

La investigación no solo desnuda inconsistencias contables (que arrojan un saldo negativo de 43 millones de pesos) sino que pone en evidencia la desconexión absoluta entre el discurso público y la realidad financiera de los funcionarios libertarios.

Pasen y vean, que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

El Poder y las Violencias hacia las mujeres

La metodología de amedrentamiento se despliega en dos frentes que, aunque parezcan distantes, comparten la misma matriz de protección al poderoso.

• El brazo represivo del Estado: En La Plata, el gobernador Axel Kicillof ha demostrado que su lealtad no está con las víctimas, sino con la lógica patronal. En vísperas de una protesta social, desplegó tropas de infantería contra trabajadoras del Astillero Río Santiago que habían sido despedidas precisamente por denunciar violencia de género. La respuesta al reclamo pacífico fue el hostigamiento policial, confirmando que para el peronismo bonaerense, cuando el agresor es de su facción, la violencia institucional es la herramienta de respuesta preferida.
• El blindaje mediático: Paralelamente, el aparato informativo (con Página/12 a la cabeza) perfecciona la “revictimización preventiva”. En el caso que involucra a Facundo Moyano, el medio no dudó en utilizar su portada para desviar la atención bajo titulares bizarros, transformando una denuncia por violencia en un “final de fiesta”. La estrategia es clara: explotar el estado de shock de la víctima para instalar falsas declaraciones, filtrar actas reservadas y sembrar dudas que eventualmente busquen la nulidad de la causa. No es periodismo, es una operación para salvar al macho de turno, utilizando el secreto de sumario como un arma de encubrimiento.

¡Vamos a los informes!

Lo que vemos en estos casos no es una suma de errores aislados, sino un sistema aceitado. Desde la infantería que rodea a las denunciantes en La Plata hasta los portales que “reeditan” la realidad digital para proteger a un dirigente, la finalidad es única: el sostenimiento del privilegio masculino.

El poder político, sin importar su color, y los medios que viven de su pauta, han comprendido que la mejor manera de mantener el status quo es deslegitimar a la mujer que se atreve a denunciar.

Mientras el expediente judicial intenta avanzar sobre pruebas físicas, el poder mediático ya dictó su sentencia de impunidad. La pregunta que queda, y que el sistema busca evitar a toda costa, es: ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que el poder utilice la violencia contra las mujeres como un daño colateral de sus propios negocios?

Las barbaridades de un Presidente que se cree un Monarca

La gestión de Milei se mueve en una contradicción perversa: el intervencionismo absoluto sobre los cuerpos y la libertad de los ciudadanos, frente al abandono total de sus responsabilidades materiales.

• La represión como método de gobierno: El pasado 6 de agosto, durante el tratamiento de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, el despliegue policial frente al Congreso no fue una respuesta a un peligro real, sino un acto de exhibición de fuerza contra manifestantes pacíficos. Mientras el presidente permite la libre circulación de fuerzas extranjeras en nuestros mares (como los navíos británicos Forth y Medway), saca las tanquetas chinas Don Feng Mengji CSK131 a la calle para amedrentar a su propia gente. El objetivo es claro: construir un enemigo imaginario para justificar la represión y el control social, mientras los medios masivos (con TN a la cabeza) validan el libreto oficial con imágenes editadas que intentan justificar lo injustificable.
• La hipocresía sobre la vida: Por otro lado, Milei y su equipo promueven un discurso moralista sobre la natalidad, culpando a las leyes de derechos reproductivos de una crisis demográfica que, en realidad, comenzó hace una década. Exigen que la población tenga hijos pero, al mismo tiempo, desfinancian la Asignación Universal por Hijo, recortan la salud pública y abandonan a las familias a su suerte en un mercado privatizado,. Es la perversión del modelo libertario: el Estado se vuelve un monarca inquisidor que controla la reproducción, pero se retira por completo cuando se trata de garantizar que esos niños tengan comida, educación y salud.

¡Vamos a los informes!

Javier Milei no está destruyendo al Estado; lo está convirtiendo en una herramienta de coerción al servicio de pocos. La paradoja es total: un gobierno que pregona la “libertad” pero que necesita de tanquetas en la puerta del Congreso para sentirse seguro, y que exige que el Pueblo se multiplique mientras desmantela todas las condiciones materiales para que esa vida sea posible.

El “anarcocapitalista” resultó ser un monarca que confunde el ejercicio del poder con el derecho a aplastar las disidencias. Pero la realidad, tarde o temprano, termina desarmando los relatos digitales.

La plaza, los heridos por la represión y la caída en la calidad de vida de las familias argentinas no son “enemigos imaginarios”: son las huellas reales de una gestión que ha decidido darle la espalda al Pueblo para sostener sus propios delirios de grandeza.

ADORNIGATE: Intimación judicial por papeles flojos

Mientras el salario neto de Adorni se presentaba ante la opinión pública como “congelado” o austero (por debajo de los 3 millones de pesos), los datos de la justicia revelan un tren de vida incompatible con esos ingresos: viajes a Aruba en efectivo, refacciones millonarias en dólares y operaciones financieras de origen incierto. La narrativa de la “austeridad” se derrumba al contrastarla con los 402,000 dólares detectados en gastos no justificados.

El argumento de las ganancias explosivas a través de criptoactivos es un recurso trillado por la nueva casta política para justificar incrementos patrimoniales imposibles de explicar por la vía convencional. La justicia ha puesto el foco exactamente ahí: en la opacidad de los movimientos y la imposibilidad de verificar una trazabilidad real de los fondos, lo que huele a una cortina de humo para legitimar dinero de origen desconocido.

Es fundamental advertir que este paso inicial no es la condena, sino un requerimiento de justificación. La carga de la prueba ahora recae sobre Adorni, quien tiene 15 días para presentar lo que, hasta hoy, ha omitido deliberadamente. Si los papeles están “flojos”, como bien titula la causa, el escenario de una declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo es el único camino lógico.

¡Vamos a las imágenes!

El “Adornigate” es el espejo de una gestión que pregonó el fin de la corrupción pero que, ante la primera auditoría seria de la fiscalía, presenta fisuras estructurales.

El exfuncionario no solo debe responder por números que no cierran, sino por el engaño sistemático a una sociedad a la que se le exigió sacrificio mientras, desde las altas esferas, se tejía un entramado financiero opaco.

La pelota está en la cancha de Comodoro Py. El desenlace determinará si, finalmente, la justicia se atreve a avanzar más allá del requerimiento administrativo o si este caso terminará siendo otro expediente cajoneado en los pasillos del poder.

Cierre de la Emisión #113

Hasta aquí llegamos con esta centésima décima tercera Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.
Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

En la mañana de hoy, 10 de agosto de 2026, el fiscal federal Gerardo Pollicita ha formulado un requerimiento de justificación patrimonial contra el exjefe de gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Esta medida constituye un paso procesal previo a un eventual pedido de indagatoria.

Esta investigación se originó a partir de diversas polémicas durante su gestión, incluyendo el uso de aviones (presidencial y privado) que generaron dudas sobre la capacidad de pago del entonces funcionario, considerando que su salario neto estaba congelado por debajo de los 3 millones de pesos.

Aunque Adorni sostuvo reiteradamente (tanto en el Congreso como ante la prensa) que su patrimonio estaba en regla, el informe de la DAFI y la investigación propia de la fiscalía, materializada en un documento de 207 páginas, detectaron inconsistencias que la justicia considera necesario auditar.

Detalles de los requerimientos del fiscal

El fiscal Pollicita ha solicitado al exfuncionario explicaciones concretas sobre 20 puntos específicos relacionados con su patrimonio y movimientos financieros detectados durante los últimos dos años y medio. Adorni dispone de un plazo de 15 días para presentar la documentación que acredite el origen de los fondos cuestionados.

Entre los aspectos más relevantes que la Justicia busca esclarecer, destacan:

• Inconsistencias patrimoniales: El fiscal detectó que, durante su gestión, Adorni habría tenido ingresos totales por 229 millones de pesos, mientras que sus gastos registrados ascienden a 272 millones de pesos, arrojando una diferencia negativa de 43 millones de pesos.
• Gastos y adquisiciones en dólares: Se han detectado desembolsos por un total de 402.000 dólares. Entre ellos se encuentran:

  • Propiedad en “Indio Cua”: Refacciones con un costo extra de 245.000 dólares.
  • Viajes al exterior: Se investiga el origen de los fondos para el viaje a Aruba, el cual registró un gasto de 15.000 dólares en efectivo.
  • Otras operaciones: Adquisición de un departamento en la calle Miró (Caballito) y gastos operativos diversos.

• Operaciones con criptomonedas: Se exige el detalle pormenorizado de las inversiones, fechas de compra, movimientos y depósitos relacionados con operaciones en criptoactivos, mediante las cuales Adorni alegó haber pasado de una inversión inicial de 200.000 dólares a una ganancia de 300.000 dólares.
• Pagos adicionales: Detalles sobre el pago de viáticos y honorarios a escribanos, así como la determinación de qué parte de un préstamo de 200.000 dólares otorgado por terceros fue efectivamente devuelto.

Situación procesal de Manuel Adorni

Dentro del marco procesal penal argentino (y específicamente en los delitos de enriquecimiento ilícito contemplados en el Código Penal), el paso dado por el fiscal Gerardo Pollicita no es una imputación directa ni un llamado a indagatoria inmediato, sino un requerimiento de justificación patrimonial previo y obligatorio por ley.

Su dinámica jurídica y los posibles escenarios se despliegan de la siguiente manera:

• La naturaleza del requerimiento: El artículo 268 (párrafo tercero) del Código Penal establece que, antes de avanzar con una acusación formal o un llamado a prestar declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito, el fiscal debe dar la oportunidad al investigado para que justifique la procedencia legítima de sus bienes o del incremento patrimonial advertido. No se trata de una simple formalidad, sino de una garantía legal que le otorga al funcionario la posibilidad de demostrar con documentación fehaciente de dónde provienen los fondos observados.
• El plazo y la carga probatoria: Adorni cuenta con un plazo perentorio de 15 días corridos o hábiles según los términos del juzgado para presentar las pruebas y descargos correspondientes. En esta instancia, la carga probatoria recae fuertemente sobre el imputado: es él quien debe desvirtuar las inconsistencias detectadas por la fiscalía (como los 43 millones de pesos de rojo financiero o los 402.000 dólares en desembolsos no declarados o de origen dudoso) aportando papeles, contratos, extractos bancarios o registros criptográficos verificables.
• Escenario A (Justificación satisfactoria): Si la documentación aportada por Adorni logra respaldar de manera legal y coherente cada uno de los 20 puntos señalados en el documento de 207 páginas, el fiscal dictaminará en favor de la regularidad de los bienes y la causa penal se archivará en lo que respecta a ese tramo.
• Escenario B (Falta de justificación o silencio): Si vencido el plazo el exfuncionario no logra respaldar sus números, las explicaciones resultan insuficientes o decide no responder, el fiscal Pollicita interpretará que se configuran los elementos de sospecha necesarios para avanzar. En ese caso, formulará el pedido formal de declaración indagatoria.
• El rol del juez Ariel Lijo: Es fundamental remarcar que el fiscal no tiene la potestad de convocar a indagatoria por sí solo; solo los fiscales requieren y los jueces federales citan. Por lo tanto, si Pollicita eleva el pedido de indagatoria tras vencerse los 15 días sin una justificación válida, la decisión final recaerá sobre el juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar si convoca formalmente a Adorni a presentarse en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito.

Introducción al Informe

El relato oficial: El Poder Ejecutivo sostiene que la Argentina atraviesa una crisis terminal de natalidad y culpa de manera directa a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aprobada en 2020.
La realidad estadística: Los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) desmienten esta causalidad. La caída de los nacimientos comenzó de forma sostenida en 2014 (un 47% menos en una década).
El ataque a las transferencias directas: Mientras el Gobierno exige demográficamente que la población tenga más hijos, desfinancia los mecanismos históricos de sostén a la niñez. La licuación del poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH) frente a la inflación y el desmantelamiento de programas de salud pública demuestran que el Estado no está dispuesto a garantizar la subsistencia de los nuevos nacimientos.
La paradoja de la prevención: Al desfinanciar programas de entrega de anticonceptivos y educación sexual, el Gobierno no solo sabotea la planificación familiar, sino que agrava las condiciones económicas de los hogares más vulnerables, forzándolos a la pobreza.

Las usinas de propaganda digital de Estado

Para sostener este relato oficial frente a la contundencia de los datos científicos, el gobierno se apoya en una estructura de desinformación y hostigamiento en redes sociales:

• Validación de lo anecdótico sobre lo científico: Medios oficialistas como La Derecha Diario y militantes digitales (como el “Gordo Dan” o “Fran Fijap”) viralizan testimonios aislados o recortes sin contexto (como el caso de la enfermera del tuit) para instalar la idea falsa de que los nacimientos cayeron un 50% “por culpa del aborto”.
• Aparato de disciplinamiento: Estas terminales operan de forma coordinada para atacar a demógrafos, científicos y periodistas que exponen las estadísticas reales del sector salud, buscando silenciar el debate técnico mediante el acoso virtual.
• Construcción de realidades paralelas: El uso de estas milicias digitales busca desviar la atención pública de la crisis socioeconómica real, transformando un problema de falta de recursos para criar en una supuesta “guerra cultural”.

El Núcleo de la Hipocresía: Obligación moral, desamparo material y la familia como “fusible”

La contradicción fundamental de la gestión de La Libertad Avanza se manifiesta en el violento contraste entre su intervencionismo regulatorio y su abandono socioeconómico:

• Intervencionismo en lo reproductivo: El oficialismo promueve la derogación del aborto legal y defiende la “protección de la vida desde la concepción”, utilizando todo el peso normativo y punitivo del Estado para restringir la autonomía de las personas y forzar los nacimientos.
• Abandono en la crianza y privatización del costo: Una vez que el niño nace, el dogma económico libertario desplaza toda responsabilidad social bajo la premisa de que “el Estado no tiene por qué mantener a tus hijos”. Se desmantelan las redes de contención, se recortan los presupuestos de salud y educación pública, y se privatiza el 100% del costo de la vida.
• La familia como sustituto del Estado: Al destruir la asistencia social, el modelo utiliza a la estructura familiar tradicional como un amortiguador de la crisis. Se pretende que los hogares absorban de forma privada los impactos del ajuste económico (pagando salud, educación y subsistencia alimentaria por su cuenta), lo que genera un fortísimo incentivo negativo: las familias de clase media y baja postergan o cancelan la decisión de tener hijos ante la imposibilidad material de criarlos, saboteando directamente el deseo demográfico del propio Gobierno.

A modo de cierre (por ahora)

La hipocresía gubernamental radica en exigirle a la sociedad que procree “por el futuro de la nación” mientras se le quitan las condiciones materiales mínimas para garantizar una infancia digna. El Estado se agranda y se vuelve moralista para controlar los cuerpos y prohibir derechos (apoyado por un coro digital de Les Parakes de la Ultra que deforma la realidad), pero se achica y desaparece a la hora de financiar la vida de los niños ya nacidos, transformando la paternidad en un privilegio de clase.

Ante todo queremos dejar en claro que no notamos en nuestro registro la presencia de tropa británica en el Barrio de Congreso este 6 de agosto, por lo que desde aquí no podemos entender qué tipo de desquicio llevó al Presidente de la Nación a realizar tal despliegue de violencia contra sus conciudadanos en la Autónoma durante el tratamiento en el Senado de la Nación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Mientras la tropa británica, sus barcos de guerra (Forth y Medway) y sus cafeteras voladoras (Eurofighter Typhoon) se pasean por nuestros mares como perico por su casa, el Presidente de la Nación saca a sus tropas a la calle para ejercer una violencia inusitada contra ciudadanos desarmados que reclaman y peticionan en acuerdo con la Constitución de la Nación Argentina.

El Dongfeng Mengshi CSK-131 amaneció custodiando un Congreso sitiado por las fuerzas federales tras el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Mientras los medios masivos (con TN a la cabeza) instalaron la versión de supuestos destrozos para justificar los gases, quienes estuvieron en el lugar narran una historia de ocupación veloz y un arsenal desmedido contra una plaza que marcha en forma pacífica.

A la medianoche, cuando el eco de las detonaciones ya se había apagado en el Barrio de Congreso, las pantallas de los celulares empezaron a replicar una imagen espectral: la silueta verde oliva del Dongfeng Mengshi CSK-131 estacionado sobre el asfalto húmedo, rodeado de patrulleros y autos particulares.

Para muchos vecinos, la aparición de este blindado táctico 4×4 (bautizado en las calles como “tanqueta”, “aparato” o “catafalco”) fue una sorpresa de madrugada. Para quienes analizan la evolución de los operativos de seguridad, fue el cierre previsible de una jornada donde se desplegó un arsenal de guerra para combatir un riesgo que nunca existió.

Parece que el Gobierno de Milei y sus adláteres de la paranoia quieren instalar la misma idea de siempre, la de que una oposición inescrupulosa quiere acabar con ellos “desestabilizándolos” y buscando un golpe institucional. Ese “enemigo imaginario” no se condice con la realidad de una manifestación en protesta por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que hasta el mismo Gobierno recortó para que se la aprueben.

El saldo de la violencia estatal en la zona de Congreso

La represión estatal (obra del tándem criminal entre el okupa Jorge Macri y Javier Milei) durante la movilización frente al Congreso del 6 de agosto de 2026, en rechazo al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dejó un saldo alarmante de violencia institucional, según los registros recabados por los organismos de DD.HH. y nuestra propia cobertura en el lugar:

• Detenidos: Se registraron inicialmente 12 detenciones en el operativo represivo de las tropas federales y la Policía de la Ciudad. No obstante, al cotejar los datos en la zona con otros medios, la cifra de personas privadas de su libertad ascendió a 29 casos. Ante la posibilidad de duplicidad de nombres en la vorágine de la jornada, nos mantenemos cautos con el número final, pero constatamos que la cifra real supera largamente la información oficial difundida. Tres de ellas fueron capturadas por las tropas federales bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad” —la figura de siempre para criminalizar la protesta—, mientras que las restantes fueron tomadas como rehenes por las fuerzas gubernamentales de la Ciudad.
• Heridos por la represión a Manifestantes y Prensa: La cantidad total de heridos es difícil de cuantificar debido a la magnitud de la ofensiva. Informes preliminares contabilizaron una gran cantidad de afectados por el impacto de postas de goma, golpes y los efectos de los gases lacrimógenos y gas pimienta arrojados por las tropas federales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma. Según pudimos constatar en el lugar, el nivel de agresividad fue selectivo contra quienes registraban la represión, superando ampliamente el centenar de personas con cuadros de asfixia y contusiones leves que fueron atendidas de forma autogestiva por brigadas sanitarias voluntarias, ante la ausencia total de asistencia estatal.
• Casos de gravedad: Según lo verificado in situ, entre los heridos de mayor consideración destacó una fotoperiodista que recibió un fuerte golpe en la cabeza, provocándole abundante sangrado y lesiones que exigieron su derivación de urgencia al Hospital Argerich para estudios de imagenología. Además, verificamos otros tres manifestantes con heridas de consideración que requirieron traslado inmediato a centros hospitalarios, sin colaboración las ambulancias que debían estar allí para asistir a los damnificados. Reservamos la identidad de los mismos por estrictos motivos de seguridad, ante el accionar criminal de las tropas federales y gubernamentales.

Entre el cúmulo de desinformación difundido por los medios masivos, llamó la atención que las cifras de efectivos heridos difundidas fueran sospechosamente equivalentes a la cantidad de personas que las fuerzas reconocían tener detenidas. Asimismo, se encargaron de instalar el relato de tres uniformados con lesiones de gravedad; una narrativa basada en lágrimas de cocodrilo que carece de cualquier corroboración o evidencia real, utilizada únicamente para armar una simetría falsa y justificar su violencia inusitada.

TN y el guión parapolicial de los “destrozos”

El quiebre de la jornada ocurrió en las pantallas mediante una sincronización discursiva perfecta. Alrededor de las 18:00 horas del jueves, los principales canales de televisión sintonizaron un mismo libreto en continuado. Señales como TN (Todo Noticias) lanzaron coberturas de urgencia bajo zócalos tajantes: “Los manifestantes rompieron baldosas y bancos para hacer piedras. Así quedó el Congreso después de los incidentes”. Más tarde, ya entrada la noche, las cámaras de la misma señal mostraban la Avenida Rivadavia sembrada de pedazos de mampostería y escombros sueltos para validar la idea de una batalla campal.

Sin embargo, la propia prueba visual del canal (un video de 53 segundos de origen ajeno pero editado con la marca de agua de la señal) termina desarmando el relato oficial bajo un análisis forense cuadro por cuadro. En el segundo 12 de la filmación nocturna, mientras el asfalto húmedo muestra escombros genéricos de mampostería, se recorta con total claridad el mobiliario patrimonial al borde de la plaza: el banco de hormigón está entero, de pie y sin una sola marca de impacto. El encuadre cerrado del plano busca fundir los cascotes de la calle con la estructura fija para inducir a la audiencia a creer que el cemento salió de ahí, pero la mentira técnica queda al descubierto ante el ojo de quien no tiene que realizar mucho esfuerzo para encontrar la verdad.

La realidad del territorio corrobora la farsa temporal. Apenas una hora antes de los primeros informes mediáticos, a las 17:00, la plaza era un escenario pacífico donde la gente descansaba. “Hasta las 17:00 horas estuve sentado pacíficamente en uno de esos mismos bancos de la plaza, buscando una salida cuando la situación se volvió insostenible”, relata un testigo directo.

La Plaza de los Dos Congresos fue tomada y ocupada por la tropa federal en menos de media hora, un movimiento relámpago que no le dio tiempo a la gente ni de reaccionar. Si los bancos hubiesen sido destruidos para generar munición, los únicos que quedaron en control absoluto del espacio público para realizar o documentar semejante destrozo fueron las propias fuerzas de seguridad, que además contaban con decenas de domos de videovigilancia perimetral en la zona y nunca mostraron una sola filmación del momento de la supuesta rotura.

El relato de las piedras y las baldosas funcionó como una pantalla de humo necesaria para legitimar una represión planificada de antemano.

Un perímetro sitiado hasta el amanecer

El accionar criminal de las fuerzas de seguridad de tomar las calles de Congreso con bandas armadas y bloquear el acceso civil al perímetro del Palacio Legislativo marca la consolidación de una doctrina de seguridad que prioriza la demostración de fuerza bruta como única respuesta institucional ante el descontento civil.

La foto enviada por los manifestantes a la medianoche es el signo más claro de esta dinámica: un despliegue de recursos bélicos costosos que permaneció sitiando el barrio mucho después de que la concentración civil se hubiera dispersado por completo.

El operativo contra la movilización por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada desnudó la distancia insalvable que existe entre la narrativa de los incidentes construida a las 18:00 horas en los estudios de televisión y la vivencia de quienes a las 17:00 sostenían la plaza con el cuerpo, sentados en los bloques de cemento que el relato periodístico oficial necesitó romper idealmente para poder justificar los gases.

En la noche del 5 de agosto, en vísperas de la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobernador Bonaerense Axel Kicillof desplegó un operativo siniestro y desproporcionado de hostigamiento y amedrentamiento contra las trabajadoras del Astillero Río Santiago que se manifiestan en la Plaza San Martín de La Plata y que fueron despedidas por denunciar violencia de género.

El Acampe pacífico recibió como respuesta del Gobierno bonaerense el despliegue de tropa represiva de Infantería frente a los reclamos de las compañeras que no molestan a nadie (se ve que a Kicillof, sí) y que se manifestaban de manera pacífica.

El Peronismo Bonaerense ha tomado posición a favor de las patronales como es su costumbre y en esas condiciones y con suprema desfachatez piensa presentarse como distinto del mileísmo, del cual es evidente copia (o es pionero) en estas siniestras metodologías de respuesta ante la protesta social.

No nos sorprende esta reacción del Peronismo, ya que cada vez que una mujer sufre violencia de género esa fuerza política antes de actuar evalúa si el agresor es un dirigente de su facción, tal cual lo hizo con los casos de Melody Rakauskas y Candela Arizaga. Lo que sí sorprende es que estas actitudes las tomen antes de una marcha unitaria en la que dicen estar del lado del Pueblo.

EXIGIMOS EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS DE KICILLOF DE LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA SAN MARTÍN DE LA PLATA Y LA REINCORPORACIÓN INMEDIATA DE LAS COMPAÑERAS DESPEDIDAS DE ASTILLEROS RÍO SANTIAGO.

¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!

EL ESTADO DE LAS LUCHAS

Tal como ya se advirtió de manera sistemática al analizar la matriz de amedrentamiento y hostigamiento contra Melody Rakauskas, los dispositivos de protección corporativa y política no tardan en activar su manual de impunidad ante denuncias por violencia de género. Sin embargo, el aparato mediático y parapolicial ha roto sus propios récords de velocidad: en el caso de Candela Arizaga, se tomaron apenas horas para estructurar una operación de prensa revictimizante basada en la falsificación de los hechos.

Final de fiesta: el cinismo gráfico con el que ocultaron la violencia de género

La prueba física de esta complicidad corporativa quedó plasmada de manera obscena en la edición impresa de este miércoles: el caso que involucra al exdiputado fue prolijamente camuflado y lavado en la portada principal. En lugar de tratar el hecho con la gravedad institucional de una denuncia por violencia de género y privación de la libertad, el pasquín utilizó el recuadro superior izquierdo para catalogar el calvario de la víctima bajo un título bizarro e indignante: “Final de fiesta”.

Debajo de esa carátula de impunidad que intenta reducir una persecución criminal a un simple descontrol nocturno, el texto de tapa sepulta y desvía la noticia enviando al lector a las páginas interiores bajo el condescendiente resumen de que el dirigente “fue demorado y luego liberado”.

Allí, una vez ejecutado el desvío, el diario sepulta la noticia en la página 14 (Sección Sociedad) bajo otro titular escandalosamente protector que pretende victimizar al propio agresor: “Día difícil para Facundo Moyano”. En el interior del pasquín impreso mantuvieron de forma permanente la nota que instala la supuesta “alucinación” de la víctima, demostrando que no fue un error digital de madrugada, sino una decisión editorial deliberada desde el cierre de la edición en papel para condicionar la agenda del amanecer. El espacio en tapa no se define por el valor de la noticia ni por la protección de las mujeres; se administra como un escudo lingüístico de impunidad para los propios.

La Revictimizacíon en pocos renglones

El modus operandi desplegado en las últimas horas en portales como Página/12 (cuyos feeds RSS evidencian manipulaciones de prefechado cronológico para instalar su relato antes de que la verdad salga a la luz) replica de manera idéntica las fases de desgaste denunciadas en causas de abusadores del poder político. En su intento por blindar al acusado, la prensa adicta al presupuesto difundió la siguiente construcción informativa:

“Candela Arizaga, la influencer de 23 años que fue vista caminando semidesnuda y visiblemente desorientada por Avenida del Libertador, negó este martes que el exdiputado Facundo Moyano la haya golpeado y también descartó que hubiera existido una privación ilegítima de la libertad. Según su testimonio ante la Unidad de Violencia de Género, en la madrugada de este martes se encontraba reunida con Moyano y la situación “se descontroló” luego de que ambos consumieran drogas. Sin embargo, de acuerdo con su declaración, el hijo del histórico dirigente de Camioneros Hugo Moyano “no la golpeó” ni “le hizo nada”. El informe de la médica legista incorporado a la causa consignó una lesión en la rodilla de la influencer, compatible con una caída que la mujer habría sufrido en la calle, sin que se registraran otras lesiones.”

Las Bases de la Operación de Impunidad

Frente a esta burda operación, la realidad técnica del caso destruye el relato del medio revictimizante punto por punto:

• Fabricación de “Declaraciones” Inexistentes: Hoy la prensa oficialista intenta clausurar el debate judicial transformando actas de intervención policial tomadas de urgencia en la vía pública en una supuesta “declaración testimonial formal”. Candela Arizaga NO prestó declaración formal ratificada ante el fiscal de la causa. Su propio abogado, Diego Storto, descalificó de forma tajante el accionar mediático advirtiendo en televisión: “¿Cómo le van a tomar declaración a una persona así? No puede ser válida una declaración, sea cual fuere, a menos de 24 horas de lo que pasó”.
• Complicidad y Comisión de Delito: Aún si esta versión fuera real, la difusión deliberada de actas de procedimiento o supuestas declaraciones en sede judicial (que forman parte de una etapa de investigación reservada) constituye un delito penal grave por violación del secreto de sumario. Esto demuestra que el aparato mediático no tiene escrúpulos en quebrar la legalidad con tal de ejecutar su estrategia de encubrimiento.
• Explotación de la Vulnerabilidad Médica: Utilizar el estado de confusión, shock o desorientación de una víctima asistida para instalar que ella misma “negó los golpes” equivale a la misma estrategia de patologización utilizada en el pasado para restarle validez a un testimonio. La defensa técnica confirmó públicamente que la joven “está en shock”, bajo tratamiento médico y que “no recordaba con exactitud” lo sucedido por haber atravesado una noche de extrema gravedad, por lo que el armado periodístico que busca fijar un prematuro “testimonio de inocencia” carece de todo sustento fáctico y legal.
• Tergiversación Invertida de la Defensa: En una maniobra de cinismo explícito, los operadores mediáticos pretenden presentar las aclaraciones del abogado de la víctima (quien remarcó que la joven no estaba en condiciones de lucidez legal al momento del procedimiento policial) como si fuera una validación o convalidación del relato de inocencia del agresor.
• La Operación del “Vicio Procesal” a través de la Filtración Provocada: El eslabón más sofisticado de esta estrategia es el que expone la perversión absoluta del aparato de defensa, que lejos de ocultarlo, dejaron trascender de manera masiva y coordinada que Facundo Moyano se negó a someterse a los peritajes de sangre y orina. Al inundar las redacciones con esta pieza clave de la intimidad penal mientras el acusado permanecía formalmente detenido, los operadores buscaron forzar un quiebre explícito del secreto de sumario. Esta maniobra persigue un doble propósito corporativo: por un lado, licuar la gravedad instalando la versión de la “alucinación” colectiva; por el otro, y fundamentalmente, sembrar las bases para hacer caer toda la causa penal mediante un planteo de nulidad técnica. La estrategia consiste en utilizar la ilegalidad de sus propias filtraciones mediáticas como un bumerán judicial, argumentando una contaminación irreversible del expediente que anula las garantías procesales del imputado.

Mientras el periodismo parapolicial peronista monta operaciones de madrugada modificando horarios digitales para blindar a sus referentes, el expediente judicial avanza de oficio sostenido por las pruebas materiales, las cámaras de seguridad de Belgrano y los peritajes tecnológicos recopilados por las autoridades judiciales independientes. La verdad no se tapa con cables de prensa editados a conveniencia. Con esta cobertura, queda demostrado que Página/12 ha inaugurado una nueva variante editorial: la perspectiva de género “Siempre firme junto al Macho”.

La Red de Medios por la Revictimización

La operación de revictimización “preventiva” analizada aquí no se limitó a un solo portal. Se consolidó a través de una red de amplificación en las principales cabeceras de noticias del país, que operaron en bloque para instalar el mismo relato exculpatorio. Al procesar de manera acrítica las filtraciones de las actas de calle de la Policía de la Ciudad, estos medios cometieron la grave falta periodística de presentar dichos preliminares en situación de shock como si fueran una “declaración judicial formal”, omitiendo que la víctima nunca ratificó ni prestó testimonio ante el fiscal Julián Pistone.

A continuación, se detalla el rol y el accionar de los grandes medios nacionales en esta maniobra de desinformación:

• 1. Infobae (El quiebre del secreto de sumario): Este portal fue uno de los principales encargados de darles entidad de verdad jurídica a las actas preventivas de la comisaría. Incurrieron en una flagrante violación de las etapas de reserva de la causa al publicar y desmenuzar supuestos fragmentos de un “testimonio” bajo el título de lo que la joven “declaró”, tal como puede verse en su cobertura minuto a minuto Infobae. Su estrategia consistió en fijar de manera ultra veloz en la opinión pública la premisa de que “no hubo golpes” ni “privación de la libertad”, operando de forma funcional al blindaje del acusado antes de que intervenga el debido proceso legal.

• 2. La Nación (La validación institucional de la filtración): En su artículo, el medio no dudó en titular de forma taxativa que “Declaró la presunta víctima de Facundo Moyano”, validando una falsedad ideológica desde el encabezado La Nación. Presentar comentarios espontáneos vertidos ante los efectivos policiales en la vía pública durante la madrugada del incidente como una “declaración” formal de la víctima ante las autoridades competentes es una manipulación técnica que busca restarle valor y credibilidad a cualquier futura ratificación o ampliación judicial de la afectada.

• 3. TN / Todo Noticias (La contradicción explícita y la patologización): El canal de noticias replicó idéntico libreto, pero dejando al desnudo una contradicción violenta en sus crónicas sobre los allanamientos TN: mientras su discurso afirmaba que la influencer “negó una agresión”, los datos del propio caso debían admitir que el informe de la médica legista ya había constatado físicamente la existencia de lesiones. Al igual que en la matriz de amedrentamiento observada en el caso de Melody Rakauskas, el foco se desvió deliberadamente de la prueba material objetiva hacia la supuesta “confusión” de la víctima, explotando su estado de vulnerabilidad para restarle sustento legal a la imputación de oficio de la fiscalía.

La confluencia de estas terminales informativas demuestra que la asfixia mediática actuó de manera coordinada. Ninguno de estos medios priorizó el rigor de esperar una declaración testimonial válida ni las resoluciones oficiales del expediente judicial; prefirieron montar una impunidad preventiva y causales de nulidad que colisiona directamente con los protocolos básicos de protección en casos de violencia de género.

• 00:00 – Introducción a la Emisión #112
• 01:37 – Un Gobierno en marcha hacia la marginación y la entrega
• 04:30 – La Diplomacia del Escándalo de Javier Milei en el Brasil
• 10:12 – Ravier nos prepara para otra devaluación
• 13:27 – La Reforma de la Carta Orgánica del BCRA: más sometimiento y ajuste para la ciudadanía
• 18:50 – El DNU 681/2026: una “norma” defenestrable de persecución a una disidencia inventada
• 24:18 – Cierre del Bloque #2
• 25:10 – La Marcha contra la Entrega de Javier Milei y el Acampe Ambientalista de Córdoba
• 26:06 – La Lucha por la Pacha se refunda en Córdoba
• 33:39 – Inicia el Acampe Ambientalista frente a Canal 12 en la Ciudad de Córdoba
• 38:14 – Convocatoria de El Estado de las Luchas a la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada
• 41:11 – Cierre del Bloque #3
• 41:53 – El Peronismo se protege de sus propias aberraciones
• 42:39 – La revictimización y amedrentamiento del Peronismo sobre Melody Rakauskas
• 47:52 – Cierre del Bloque #4
• 48:40 – Cierre de la Emisión #112

Introducción a la Emisión #112

Hola amigas y amigos:
Sean bienvenides a la centésima duodécima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias.
Desde el Estudio Único de Locomoción TV en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 7 días desde nuestro último encuentro por estos medios.

El Gobierno de Javier Milei transita una ruta de constante degradación política: despilfarra recursos públicos en giras partidarias mientras le da la espalda a la soberanía nacional y castiga con un ajuste criminal a la ciudadanía. Con un relato oficial que se derrumba entre sinceridios económicos y decretos persecutorios inconstitucionales, la administración se aferra a la marginación social y a la sumisión externa.

La ofensiva del gobierno nacional sobre la tierra y los recursos despierta a las asambleas y a los pueblos originarios. Con la excusa de defender una farsante propiedad privada que no hace más que privar de lo suyo al pueblo, buscan rematar el territorio al mejor postor quemando bosques nativos y entregando la soberanía. Frente a esto, la respuesta se gesta desde abajo y en las calles.

Mientras el peronismo activa todo el aparato estatal, judicial y mediático para blindar a sus barones impunes, la causa contra Fernando Espinoza deja al desnudo el manual más oscuro de la corporación política: destruir, aislar y amedrentar a la víctima que se atrevió a denunciar el poder del Patrón de La Matanza.

Pasen y vean que aquí la Verdad no necesita ni toma prisioneros.

Un Gobierno en marcha hacia la marginación y la entrega

La comitiva presidencial viajó al Brasil para participar en una convención partidaria del Partido Liberal y respaldar a Flavio Bolsonaro, financiando con el erario público (combustible, viáticos y seguridad oficial) un despliegue proselitista privado.

Mientras tanto, la agenda bilateral ignoró dos cuestiones imperdonables: el apoyo logístico que la administración de Lula da Silva le brinda a la ocupación británica en las Islas Malvinas (permitiendo el reabastecimiento de los buques usurpadores HMS Forth y HMS Medway que acosan a argentinos en el Atlántico Sur) y la flagrante desprotección consular ante la escalada de argentinofobia y violencia policial contra ciudadanos argentinos en territorio brasileño.

El Estado argentino prioriza la interna ajena mientras convalida el corredor bioceánico de la muerte.

A pocos días de una nueva visita del Fondo Monetario Internacional, el vocero oficialista Adrián Ravier protagonizó un sinceridio al admitir que un dólar a $1.800 es una posibilidad latente.

Intentan disfrazar esta inminente devaluación del 20% como una corrección menor, dejando al desnudo que el esquema económico colapsó.

Aquellos shows desaforados de mediados de 2025 donde Milei, Caputo y Bausili gritaban frente a las cámaras que “el dólar flota” eran solo una farsa para encubrir una devaluación dosificada y constante que machacó el poder adquisitivo de los trabajadores.

A través de una cadena nacional grabada en el Salón Blanco, el Ejecutivo presentó un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. Con cifras astronómicas sobre la inflación histórica y los desfalcos de la herencia kirchnerista, la iniciativa consagra cinco pilares: monopolio de objetivos, prohibición total de financiamiento al Estado, blindaje de autoridades con mayoría de dos tercios, regulación de resultados y baja de letras intransferibles.

Detrás de la fachada técnica, se esconde un mecanismo de coerción macroeconómica que asfixia a los distritos subnacionales y confina a los sectores populares a un ajuste permanente, eliminando cualquier rol protector del Estado.

Publicado a fines de julio, el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 modifica la Ley de Migraciones para castigar con expulsión y prohibición de ingreso a quienes emitan supuestos “mensajes de odio”, actos de hostilidad por nacionalidad o ultraje de símbolos patrios.

Con el Congreso en plenas funciones, este DNU padece de una nulidad de origen insalvable y vulnera frontalmente el principio de legalidad y la libertad de expresión. Lejos de ser una defensa soberana, es una respuesta tardía e improvisada para armar una disidencia imaginaria y habilitar un poder de policía de la palabra.

¡Vamos a los informes!

Los hechos son contundentes y no admiten eufemismos. Estamos ante una administración que vacía de contenido la palabra soberanía: viaja a rendirle pleitesía a foreign lobbies y aliados ideológicos mientras entrega el Atlántico Sur al aprovisionamiento pirata; pulveriza los ingresos con devaluaciones encubiertas mientras recita dogmas financieros abstractos; y legisla por decreto para perseguir la opinión ajena mientras confina al pueblo a la miseria planificada.

La Argentina no se reconstruye con shows de streaming ni con motosierras aplicadas sobre las costillas de los desposeídos. Sin coartadas ni subordinación, el tiempo histórico exige poner las cosas en su lugar: un gobierno que gobierna contra su propia gente no hace otra cosa que pavimentar el camino hacia la entrega definitiva.

La Marcha contra la Entrega de Javier Milei y el Acampe Ambientalista de Córdoba

La intención del Estado es habilitar la venta masiva de tierras a capitales nacionales y extranjeros. Para lograrlo, necesitan sublimar la canallada de arrasar el bosque nativo (como ocurrió en el valle de Punilla) para que la soja y el extractivismo avancen sin freno.

Haciendo punta en esta resistencia, las comunidades indígenas y la militancia en defensa del ambiente montaron un acampe permanente en el Parque Autóctono de Córdoba, ubicado a metros de Canal 12.

¿El objetivo? Denunciar a las pantallas masivas como cómplices de la destrucción territorial y exigir que se visibilicen las más de 140 causas ambientales cajoneadas por el Poder Judicial cordobés, mientras se preparan para confluir en la gran marcha nacional del 6 de agosto contra la extranjerización de la tierra y la supuesta Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

¡Vamos a los informes!

Como es habitual en estos tiempos, las mezquindades y los sectarismos de sectores que pretenden adueñarse de la lucha no tardaron en aparecer para poner palos en la rueda. Pero a esos especuladores de siempre se les responde con convicción y trabajo territorial, dejando atrás el lastre de su miseria política.

Este próximo 6 de agosto, la marea popular debe hacerse sentir en toda la Argentina: contra la voracidad extractivista, por la defensa innegociable de la Pacha y de los bienes comunes, y repudiando cualquier subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales.

La historia se construye desde abajo, sin pedirle permiso a ningún pope del Estado.

La revictimización y amedrentamiento del Peronismo sobre Melody Rakauskas

Un ciudadano común con causas por abuso sexual y desobediencia estaría tras las rejas. Pero como el acusado es Fernando Espinoza (Barón fuerte del peronismo y jefe de la Federación Argentina de Municipios), la maquinaria estatal, judicial y mediática se activó para protegerlo y destruir a la víctima.

Para forzar su silencio, Melody Rakauskas sufrió una brutal campaña en cuatro fases: difamación moral instalando que era una extorsionadora, intentos de patologización para tildarla de inestable, amedrentamiento territorial con seguimientos y un violento siniestro vial, y una asfixia procesal mediante causas armadas y falta de recursos.

¡Vamos a las imágenes!

Toda esta batería de agresiones tuvo un único propósito: evitar que el capo del municipio enfrente a un tribunal. Como sentenció la propia Rakauskas, la trataron de loca, de prostituta, pidieron internarla en un psiquiátrico y nada de eso era verdad.

El fallo de Casación que revoca el sobreseimiento express y ordena fijar fecha para el debate oral es un golpe letal a los operadores que usaron sus espacios para proteger al poder.

Conociendo los métodos de la corporación, dudamos mucho que se abstengan de seguir ensuciándola; es más, el ninguneo institucional dejará paso a intentos de revictimización aún más virulentos. La causa llegó a puerto, pero la impunidad estructural sigue al acecho.

Cierre de la Emisión #112

Hasta aquí llegamos con esta centésima duodécima Emisión Regular de Locomoción TV – Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado.
Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.

Compañeras y compañeros, organizaciones sociales, sindicales, territoriales, estudiantiles y pueblo en general:

El actual escenario político y social nos convoca a un ejercicio urgente de balance, resistencia y movilización activa.

La coyuntura actual nos atraviesa con crudeza, profundizando las desigualdades estructurales, la precarización de la vida y los embates constantes contra las conquistas populares.

Este próximo 6 de agosto, fecha histórica de profunda significación para nuestros pueblos, no es una jornada de mera conmemoración formal, sino un espacio fundamental de lucha y reafirmación soberana.

Convocamos a construir una gran marea popular que exprese con claridad el pulso y la firmeza de nuestras reivindicaciones y fundamentalmente contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

EJES DE LA MOVILIZACIÓN DEL 6 DE AGOSTO

Desde este, nuestro humilde lugar, reconocemos los reclamos que nos unifican, los únicos importantes en la jornada de Lucha de este 6 de agosto en toda la Argentina:

• Defensa de la Soberanía Popular: Rechazo categórico a cualquier forma de injerencia, dependencia económica y subordinación a los dictados de los organismos financieros internacionales.
• Justicia Social y Laboral: Lucha frontal contra la flexibilización, la precarización laboral, la inflación y las políticas de ajuste que descargan la crisis sobre las espaldas de las y los trabajadores.
• Sustentabilidad y Vida Digna: Protección de los territorios comunitarios, bienes comunes, recursos naturales y el derecho fundamental a una Vida Digna frente a la voracidad extractivista. Sin lugar a dudas, este es el eje central de toda la cuestión, defender una vez más a la Madre Tierra, de las expoliaciones del Kapital y el Estado.
• Democracia Real y Participativa: Profundización de los mecanismos de decisión popular y fortalecimiento del tejido social frente a los avances del conservadurismo y el autoritarismo.

LLAMADO A LA UNIDAD EN LA LUCHA

La historia se construye desde abajo y en las calles. Hacemos un llamado fraternal y combativo a articular esfuerzos, superar sectarismos y marchar con la convicción intacta de que un futuro con justicia social es imperativo e irrenunciable.

Sabemos que muchas organizaciones se habrán de movilizar cuando han apoyado (y aún lo hacen) a gobiernos extractivistas y desde ese lugar malsano han cuestionado y justificado represiones y acciones de amedrentamiento de las luchas. Igualmente les damos la bienvenida a estas luchas por la Pachamama y los recibimos con los brazos abiertos, ya que postergamos esa bronca suntuaria hasta 48 horas después de la victoria, por lo menos.

Ya vendrán otros tiempos en los que la Lucha nos lleve por distintos senderos, pero no será este 6 de agosto, fecha en la que un grito unitario deberá poner de rodillas a la Burocracia del Estado y sus adláteres y mecenas extractivistas.

¡A MARCHAR CON CONCIENCIA, ORGANIZACIÓN Y LUCHA!

¡NUNCA ESTADO, JAMÁS PATRULLA!

EL ESTADO DE LAS LUCHAS

Introducción al Informe

Analizaremos el alcance, la naturaleza jurídica y las profundas incompatibilidades constitucionales del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 681/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina el 30 de julio de 2026.

Dicha norma “modifica” la Ley de Migraciones N° 25.871 para incorporar causales de prohibición de ingreso, cancelación de residencia y expulsión basadas en supuestos “mensajes de odio”, “actos de hostilidad” contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, y el “ultraje de símbolos patrios”.

Para todo esto que el Presidente refiere ya existen normas y en las actuales circunstancias el DNU tiende a crear una disidencia imaginaria, poniendo esta legislación como excusa para evitar que migrantes intervengan en cosas que al Gobierno no le convengan o le molesten.

Lejos de constituir una herramienta legítima de política migratoria, el análisis preliminar de la norma evidencia que se trata de un instrumento de carácter punitivo y discrecional, carente de los recaudos constitucionales mínimos, diseñado como un mecanismo de selección ideológica y amedrentamiento.

No tiene pies ni cabeza, no tiene autoridad de aplicación y parece ser nada más que una respuesta tardía del Gobierno ante la campaña que en redes sociales se llevó a cabo contra la Selección Argentina y la población del país.

Un mar de incongruencias en el DNU que lo hacen tan inválido como inaplicable

La inexistencia del presupuesto de “Necesidad y Urgencia” con el Congreso en funciones

El uso de un DNU para reformar una ley formal del Congreso (Ley de Migraciones) exige circunstancias de fuerza mayor insalvables que impidan el trámite ordinario de sanción de leyes. A la fecha del dictado del decreto, el Congreso de la Nación se encuentra en pleno funcionamiento y sesionando. La existencia de un parlamento operativo fulmina de nulidad insanable el presupuesto fáctico de urgencia, configurando una usurpación de potestades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.

Violación del Principio de Legalidad y Tipicidad (Lex Certa)

La “norma” (ya que al no haber sido declarada nula por ningún poder está vigente) introduce términos elásticos y subjetivos como “mensajes de odio”, “actos de hostilidad” o “ultraje de símbolos”. Al no tipificar esas conductas precisas, se delega en la autoridad de aplicación un poder de policía de la palabra y del pensamiento, habilitando la arbitrariedad en la selección de los sujetos pasibles de sanción. Es decir queda a discreción de quién el Estado se disponga a aplicarla la punición.

Afectación directa a la Libertad de Expresión (Chilling Effect)

Sancionar con el desarraigo y la expulsión a personas por sus opiniones o expresiones públicas (aún bajo el ropaje de proteger el “honor nacional”) vulnera los estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y expresión (Artículo 13 de la CADH), generando un efecto amedrentador sobre el disenso.

Prohibición absoluta de Retroactividad

Por aplicación de los principios del derecho administrativo sancionador y las garantías penales mínimas (Artículo 18 de la Constitución Nacional), el DNU no puede aplicarse bajo ningún concepto a hechos, declaraciones o expresiones emitidas con anterioridad a su entrada en vigencia (31 de julio de 2026). Pretender juzgar actos pasados bajo una norma creada ex post facto constituye una vía de hecho ilegal.

El mito de la defensa soberana y la realidad punitiva

El considerando del decreto apela a una supuesta “campaña antiargentina” o a la defensa de los símbolos patrios para justificar una reacción inflexible del Estado. Sin embargo, en el plano práctico, la norma funciona como un mecanismo de selectividad punitiva, ya que el Estado se reserva el derecho de elegir arbitrariamente a quién sancionar y a quién ignorar bajo idénticas expresiones. Es además una norma de persecución a disidencias, solamente un instrumento de contenido simbólico e intimidatorio más cercano al derecho penal de autor que a una regulación migratoria orientada al orden público y la convivencia democrática.

A modo de cierre (por ahora)

1. Nulidad de origen: El DNU 681/2026 padece de vicios formales insalvables al haber sido dictado en bypass al Congreso de la Nación en plena etapa de sesiones ordinarias.
2. Inconstitucionalidad material: La vaguedad de sus tipos y la gravedad de sus sanciones (expulsión y prohibición de ingreso por opiniones) colisionan frontalmente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
3. Inaplicabilidad práctica ante el control judicial: Si bien la norma goza de vigencia formal y dota a la administración de un poder de policía discrecional, constituye un instrumento jurídica y constitucionalmente defenestrable, cuya aplicación arbitraria deberá ser frenada inexorablemente mediante el control de constitucionalidad y las acciones de amparo correspondientes.