La Reforma de la Ley de Glaciares nace muerta por Terror Estatal a la Verdad
Finalmente, el 25 de marzo, llegó la hora de la Audiencia Pública sobre la Reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación.
Aquí es donde el Estado ha mostrado que nunca pensaron (a pesar de lo previsible) que algún día la ciudadanía quisiera participar masivamente y tener que arbitrar los medios a tal efecto. Tampoco es cierto eso no es que no pueden hacerlo, quieren saquear sin riesgos y el tiempo que “pierden” consultando a la gente, a pesar de que aclaran que no es vinculante, es tiempo que necesitan para clamar la avidez de dinero del saqueo por parte de les polítiques.
Esta vez se metieron con el tema equivocado, con los colectivos y comunidades equivocados y el resultado fueron miles de formas de censura de la expresión popular, de los conocimientos que son malos para los negocios.
No les asiste ningún derecho, pero el miedo a no recibir dólares frescos por el saqueo en forma inmediata los paraliza, de allí que nuevamente fortificaran el Congreso con tropa federal desde la madrugada, burocratizaran el acceso a la Audiencia burlándose de les acreditades aún para la misma y cientos de miles que se quedaron afuera de la palabra pero no de la lucha.
El Miedo de la Burocracia empezó tempranito
Como todo medio, solicitamos nuestra acreditación para la Audiencia Pública con la antelación necesaria, con pelos y señales como corresponde para cerrarles caminos a la burocracia que está solamente para impedir.
Tal fue el grado de terror que genera el que se transmita la Verdad de lo que pasa sin los tamices institucionales y corporativos que desde la oficina de prensa de la Cámara de Diputados nos respondieron que un mail para negarnos el acceso que realmente da verguenza ajena.
La Dirección General de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados denegó la acreditación de Locomoción TV para la Audiencia Pública de la Ley de Glaciares del 25 de marzo so pretexto de una supuesta “reducción del espacio asignado” para periodistas, priorizando únicamente a los “acreditados de la casa”, por no decir “de la casta”.
El comunicado oficial, firmado por Laura Goicoechea, evidencia una alarmante falta de formación profesional al escribir la palabra “profecionales” con “c”. Una respuesta utiliza un tono de “no está permitido”, desconociendo las normas básicas de netiquette y el trato institucional hacia directores de medios con trayectoria comprobada.
El correo finaliza con un sello de “Cuidemos el medio ambiente”, mientras se prohíbe el acceso presencial para cubrir la protección de los glaciares argentinos.
Ya desde el antes de ello, sabíamos que el miedo de los extractivistas y su burocracia de Estado iban a pretender que nuestra cobertura se viera frustrada. Una vana ilusión que les abriría más frentes de conflicto de los que están preparados a cubrir.
Lo cierto es que en el lugar había espacio suficiente para los medios y que permitieron el ingreso de cámaras de canales que no son “profesionales de la casa”. Eso si los hubiera.
No tenemos nada que probar, ya que bien sabemos que a confesión de parte, relevo de pruebas.
La acreditación denegada es apenas el sgno de una patología estatal: el pánico a la masividad. Si no pueden manejar un mail de prensa sin faltas de ortografía, mucho menos pueden sostener un debate de cara a 100.000 personas que conocen el territorio mejor que ellos.
NO HAY IMPREVISIÓN, ES CENSURA POR MASIVIDAD
Ya vimos que en los principios de la cuestión, la burocracia del Poder puso peros aún a las coberturas que no les eran convenientes o que sospechaban que no eran de la casa, o mejor dicho: la casta.
Aunque sus sospechas están bien fundadas, sus respuestas no son ni legales ni adecuadas y la palabra CENSURA se acerca más a la definición más correcta de su accionar.
El argumento estatal de la “sorpresa” ante la cantidad de inscriptos (más de 100.000 ciudadanos) es una falacia jurídica que intenta encubrir una vulneración flagrante a la participación democrática.
El Estado Nacional no puede alegar su propia torpeza o falta de medios técnicos en pleno siglo XXI para cercenar el derecho a ser oído.
1. El Incumplimiento del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)
Argentina ratificó este tratado internacional que tiene jerarquía superior a las leyes nacionales. El Estado violó específicamente:
- Artículo 7.1: Obliga a garantizar el derecho del público a participar en los procesos de toma de decisiones de manera abierta e inclusiva.
- Artículo 7.10: Exige que el Estado establezca condiciones que faciliten la participación del público, adaptándose a las circunstancias del proceso.
Ignorar a miles de inscriptos no es un problema de agenda; es un incumplimiento de un tratado de Derechos Humanos Ambientales. La masividad no es un obstáculo, es la prueba del interés público que el Estado decidió ignorar.
2. La Violación del Principio de Progresividad (Ley 25.675)
La Ley General del Ambiente establece que el Estado debe avanzar, nunca retroceder, en la protección y participación ciudadana.
- Al no prever una plataforma técnica capaz de albergar la demanda ciudadana, el Estado incurre en una Regresión Ambiental.
- Contar con las herramientas tecnológicas y no utilizarlas para garantizar la voz de 100.000 personas constituye un desvío de poder: se utiliza la burocracia como un embudo para filtrar la disidencia.
3. Doctrina “CEPIS” de la Corte Suprema de Justicia
El precedente de la Corte es taxativo: la audiencia pública debe ser “previa, informativa y de participación efectiva”.
- La “Efectividad” herida: Si la autoridad de aplicación limita el cupo de oradores o el tiempo de exposición basándose en su incapacidad logística, la participación deja de ser “efectiva” para convertirse en un simulacro.
- El Vicio de Nulidad: Una audiencia que excluye sistemáticamente a la mayoría de sus inscriptos bajo el pretexto de la “cantidad” es una audiencia viciada. No hay acto administrativo válido si se amputa la etapa de consulta ciudadana que la Constitución exige.
LA REFORMA NACE MUERTA POR NULIDAD INSALVABLE
La masividad de la inscripción no es un “accidente” del sistema, es el ejercicio soberano del pueblo sobre sus recursos estratégicos (Glaciares). El Estado tenía la obligación legal de prever mecanismos de oratoria múltiple, sesiones extendidas o plataformas de alta concurrencia. No hacerlo no es un error de cálculo, es una decisión política de silenciar el rechazo social.
Estamos ante un acto nulo por falta de publicidad y participación real. “Cerraron las puertas porque no tienen argumentos, por terror a que la Verdad sea dicha”.
La posición de la burocracia prominera
Entre todas las voces que pudieron conseguir los promineros y antiglaciares (que no son muchas tampoco) la que vamos a tomar como testigo es la del Secretario de Gestión Ambiental de la Provincia de San Juan, Roberto Moreno, que representa el interés de las corporaciones en negar glaciares y ponerle motes como si fuese agua sucia que se congeló.
Empezando por que este señor es el representante de una provincia donde se pisotea el ambiente y su cargo es el equivalente al de Secretario de Estado de Derechos Humanos o Secretaría de Bienestar Judío del Tercer Reich.
¡Vamos a las imágenes!
La Posición de los defensores de la Pacha
Para mostrar la posición de aquellos que defienden a la Madre Tierra y en particular al agua, elegimos la ponencia de Néstor Omar Ruiz sobre el particular.
El perito ambiental jujeño, desarrolló la importancia de todos los glaciares desde el aspecto desarrollo humano y económico de la personas, en una imperdible y didáctica exposición.
¡Vamos a las imágenes!
La Inviabilidad del Saqueo y la inevitable derrota del extractivismo
Eso los aterra, porque saben que esto no termina aquí. Las irregularidades cometidas en la Audiencia Pública dejan abierto el camino de las nulidades de todo lo actuado, ya que el Estado ha convertido un mandato constitucional en un mero simulacro administrativo, violando el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente.
La tienen perdida. La Audiencia no es vinculante, pero es obligatoria, y la masividad de más de 100.000 inscriptos los pone contra la espada y la pared. Los 100000 son la punta de un iceberg —de ese mismo hielo y agua que defendemos— y el preludio de una batalla que reactivará miles de causas que hoy duermen en la Corte Suprema, empantanando la ley a niveles gubernamentales y territoriales.
Ya lo vimos en 2013 con Monsanto: cuando la convicción de un pueblo se cruza en la ruta, no hay presupuesto de seguridad ni buffet de abogados que alcance para mover un solo camión. El costo de la ilegalidad lo terminan pagando ellos, mientras la resistencia se hace fuerte en cada día de espera.
La reforma ha nacido muerta. El nivel de resistencia los aterra porque saben que no pueden dispararnos a todes, y eso les da la batalla perdida de antemano.