La “Dialéctica” de la Seguridad en el Peronismo
Introducción a la cuestión
Veremos en este Informe la complejidad de las políticas de seguridad implementadas por el peronismo y el kirchnerismo, enfocándose en la tensión existente entre su retórica pública de derechos humanos y la implementación de estrategias de saturación territorial con fuerzas federales.
Estaremos contando de cómo el despliegue de tropas federales ha sido utilizado no solo como medida de orden público, sino como una herramienta de control social y soberanía política en territorios estratégicos y, en ocasiones, percibidos como hostiles por el poder central.
El Caso Rosario (2026): una nueva farsa de La Cámpora
A raíz de la decisión del Gobierno Nacional de disolver el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), el kirchnerismo ha manifestado una fuerte resistencia que evidencia un cambio de discurso frente a las fuerzas de seguridad:
- El pedido de Florencia Carignano: La referente de La Cámpora presentó un pedido de informes exigiendo que no se reduzcan las tropas federales en Rosario. Argumentó que disolver estos grupos es “abandonar a la gente”, contrastando con la postura histórica de su espacio contra la militarización de la seguridad interior.
- La Respuesta Oficial: El Ministerio de Seguridad (gestión Alejandra Monteoliva) justifica la medida en el éxito operativo: una baja del 65% en homicidios y un 55% en heridos de arma de fuego, sosteniendo que el grupo cumplió su ciclo y los recursos deben optimizarse.
El Despliegue Federal como Herramienta de Soberanía Política
El uso de las Fuerzas Federales (Gendarmería y Prefectura) ha respondido históricamente a un ejercicio de soberanía forzada en territorios percibidos como ajenos o “hostiles”:
- El Caso CABA (Operativo Cinturón Sur, 2011): Bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se desplazó a la policía de los barrios del sur de la Ciudad para instalar tropas federales. Esto funcionó como una intervención de facto en un distrito electoralmente opositor, estableciendo control directo desde la Casa Rosada sobre el espacio público porteño.
- Las Villas como Territorio de Excepción: En enclaves como la Villa 31 o la 1-11-14, el despliegue de tanquetas y efectivos con armas largas transformó estos barrios en zonas de ocupación. El gendarme se convirtió en “comisario político” e interlocutor único del Estado, controlando el flujo social en un territorio que el kirchnerismo siempre vio con paranoia.
La Paranoia del Control y el Acoso al Ciudadano
La estrategia de saturar con uniformes bajo el mando del Ejecutivo Nacional responde a una lógica de control social:
El Modelo “Gente en Casa”: La saturación busca la inmovilización del espacio público. Mientras las grandes estructuras del narcotráfico operan por vías financieras, el acoso se desplaza hacia el ciudadano común (trabajadores y jóvenes) mediante retenes y requisas constantes.
Uso Político de la Tropa: Los intendentes (como Espinoza en La Matanza) celebran la llegada de gendarmes como una forma de blindar sus distritos y evitar que el descontento social afecte su capital político, delegando la seguridad en fuerzas militarizadas para garantizar la “paz social”.
Un Doble Estándar Ideológico como mínimo
El informe revela una fractura profunda entre el discurso público y la praxis:
En el Discurso: Se condena la “militarización” y se critica la “mano dura” del adversario por considerarla estigmatizante.
En la Praxis: Se recurre sistemáticamente a fuerzas de naturaleza militar para custodiar “sus” casas y sus bastiones territoriales. El uniforme es calificado de “represivo” cuando lo gestiona la oposición, pero es “presencia del Estado” cuando sirve para vigilar o disciplinar distritos hostiles.
El “Pragmatismo” del Orden Militarizado
El peronismo y el kirchnerismo han perfeccionado un utilitarismo del uniforme. Al no poder consolidar poder en ciertos territorios mediante las urnas o la gestión civil, han recurrido a las tropas federales como una barrera de control.
En última instancia, el modelo revela una preferencia por el control militarizado de las calles para proteger sus intereses, manteniendo a la “gente en casa” bajo una vigilancia que contradice su charlatanería de libertades democráticas.