DNU 941/2025 – Para el Gobierno de Milei vale todo
Introducción al tema en cuestión
Bajo la apariencia de una “modernización” administrativa, el Poder Ejecutivo Nacional ha instaurado un régimen de vigilancia y control que retrotrae a Argentina a épocas superadas.
Mediante el DNU 941/2025, se ha facultado a los servicios de inteligencia para operar por encima de las garantías constitucionales, otorgándoles el uso de la fuerza y el secreto total como norma operativa.
PUNTOS CRÍTICOS DEL ACOSO ESTATAL
- La “Policía Secreta” (Aprehensión sin orden judicial): El punto más alarmante de la reforma habilita a los agentes de la SIDE a proceder a la aprehensión de personas. Si bien el texto menciona la “flagrancia”, esta ambigüedad permite que personal sin identificación oficial realice detenciones en la vía pública, eliminando la frontera democrática entre inteligencia y seguridad interior.
- El Fin de la Transparencia (Secretismo Absoluto): El nuevo Artículo 2° bis establece que todas las actividades de inteligencia tienen carácter encubierto. Esto no es una medida de seguridad; es una herramienta para evitar la rendición de cuentas y el control parlamentario, permitiendo operaciones opacas financiadas con fondos reservados que han sido aumentados discrecionalmente.
- Vigilancia Digital y Ciberinteligencia: Con la creación de la Agencia Federal de Ciberinteligencia, el Estado adquiere la potestad de monitorear masivamente el ciberespacio. La capacidad de intervenir flujos de información digital bajo conceptos vagos como “Riesgo Estratégico” pone en jaque la libertad de expresión y la privacidad de cualquier ciudadano que manifieste disidencia en redes sociales.
- Militarización del Pensamiento: La absorción de funciones de inteligencia estratégica por parte del Estado Mayor Conjunto (militares) y su integración en la “Comunidad de Inteligencia Nacional” quiebra el consenso democrático de 1983, permitiendo que las fuerzas armadas vuelvan a tener injerencia indirecta en cuestiones de orden interno.
EL IMPACTO EN LAS LIBERTADES PÚBLICAS
Este esquema institucional no está diseñado para combatir amenazas externas, sino para el disciplinamiento social. Al declarar todas las actividades como encubiertas y permitir detenciones por agentes de inteligencia, se crea un “estado de sospecha” permanente sobre la ciudadanía.
La indeterminación de conceptos como “influencia” o “interferencia” permite que cualquier protesta social o crítica política sea catalogada como una amenaza a la seguridad nacional, justificando el espionaje ilegal.
CONCLUSIÓNES ANTES DE SU APLICACIÓN
En este Informe denunciamos que el DNU 941/2025 constituye un asalto directo a la Constitución Nacional.
No es una reforma técnica; es la construcción de un aparato de persecución política que utiliza la tecnología y la fuerza para acosar a la población y silenciar la crítica bajo el manto de la “seguridad estatal”.